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La violenta y brutal represión del
pasado 12 de agosto contra los
manifestantes, además de dejar un
preocupante saldo de golpeados,
torturados y heridos, desembocó en la
detención de centenares de personas, 24
de las cuales fueron remitidas a los
juzgados y se están enfrentando a una
audiencia inicial que podría concluirse
con una injusta condena.
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Alba Leticia Ochoa |
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Bertha Cáceres |
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La audiencia comenzó el pasado 18 de
agosto en la Corte Suprema de Justicia,
cuyas instalaciones fueron sitiadas por
centenares de manifestantes que, una vez
más, salieron a la calle para demostrar
su rechazo al golpe de Estado y para
pedir la libertad de sus compañeras y
compañeros que están detenidos o que
tienen medidas sustitutivas.
Según Marco Antonio Gómez,
miembro del equipo auxiliar de los
abogados defensores, “Estamos apoyando a
los 24 encausados, once de los cuales
con medidas sustitutivas y 13 detenidos
en la Penitenciaría Nacional. Se
presentó una recusación contra un
miembro del Ministerio Público y luego
un recurso de nulidad con base en la
violación de la Constitución.
En esta audiencia –continuó Gómez–
se va a definir si se procede o no con
la recusación de la Fiscal y después va
a comenzar una serie de inspecciones
para demostrar que hubo violación a los
derechos fundamentales de los encausados
por parte de integrantes de la Policía y
fiscales del Ministerio Público, durante
y después de su detención.
Pese a todas estas adversidades,
las personas acusadas están unidas de
forma granítica. La moral es alta porque
saben que hay miles de personas que
están pendientes de su situación y piden
su liberación”, concluyó el abogado
Marco Antonio Gómez.
Según el abogado Víctor Fernández,
titular del grupo de abogados
defensores, existe la esperanza de que
el juicio vaya por buen camino, ya que
se ha logrado evidenciar “la represión
formal ejercida desde el Estado a través
de los órganos policiales y del
Ministerio Público. Queda claro el abuso
y el irrespeto a los derechos de
defensa, a la integridad física, lectura
de derechos de los imputados, los
vejámenes, lesiones a los que fueron
sometidos”, se lee en una nota difundida
por medios afines al Frente Nacional
Contra el Golpe de Estado.
Golpes y
detenciones ilegales
“Todas las acusaciones son mentiras y
estamos frente a una gran injusticia y
lo vamos a probar –dijo Alba Leticia
Ochoa, coordinadora
para Centroamérica de Green
Forest Development Foundation (GDF-CA),
al salir de la Corte Suprema de Justicia
todavía con señas en la cara de la
violenta golpiza de la que fue víctima.
Alba Leticia
se encontraba en el Parque Central, a
pocos metros del Congreso donde se
desató la represión, e intervino en
defensa de un joven de 17 años cuando
vio a varios policías golpearlo
salvajemente.
“Bajé de mi oficina a la una de la tarde del pasado 18 de
agosto y miré que la Policía le estaba
pegando en la cabeza a un joven con un
tubo de hierro. Le grité que no lo
siguieran golpeando y ese fue mi
delito”, recuerda Ochoa.
Acto seguido la detuvieron y la llevaron a las instalaciones
del Batallón Cobra, donde fue
repetidamente golpeada y sólo gracias a
la presencia de sus familiares y de las
organizaciones de los derechos humanos
fue liberada, aunque con la aplicación
de medidas sustitutivas a la detención.
Las
barbaries del régimen opresor
Para el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, esta maniobra de enjuiciar a los manifestantes es
una nueva expresión de las barbaries del
régimen de facto1.
“Es importante denunciar que no se trata solamente de las 24
personas en Tegucigalpa, sino de muchas
más que van a ser procesadas en
diferentes partes del país –dijo
Bertha Cáceres, directiva del
Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
a Sirel–.
Las están acusando de una gran cantidad de delitos, y como
Frente Nacional Contra el Golpe de
Estado rechazamos esta medida y
condenamos de manera enérgica ese
proceso, declarando a nuestros
compañeros y compañeras presos y
perseguidos políticos.
No es posible que además de haber sido golpeados y torturados
por los cuerpos especiales de la
Policía, fueran llevados a centros
ilegales de detención, y es increíble la
total ausencia del Ministerio Público y
de la Fiscalía de Derechos Humanos, que
una vez más están demostrando su
complicidad con el golpe de Estado”,
concluyó Cáceres.
Al momento de redactar esta nota la audiencia en la Corte
Suprema de Justicia no ha terminado y
nuevamente una larga caravana de
centenares de vehículos y motos está
paralizando la circulación de la
capital, protestando contra el gobierno
de facto.
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