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La
política del bozal y del garrote implementada por el gobierno de facto a partir
del 28 de junio ha sumado otras piezas, al reprimir violentamente la
movilización pacífica que se estaba realizando en la norteña ciudad de San Pedro
Sula, y al pretender clausurar y secuestrar los equipos de Radio Globo, una de
las pocas voces que todavía se rehúsan a alinearse con la dictadura mediática
que impera en el país.
Según
documentos que se filtraron hasta Radio Globo, existe una demanda de
“cierre definitivo y
decomiso o secuestro de las instalaciones y equipos” de la emisora, solicitada
por el abogado José Santos López Oviedo a nombre de la Auditoría General
Militar de las Fuerzas Armadas.
Esta demanda fue presentada ante la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL), ente regulador de las comunicaciones en
Honduras, acusando a la radio de varios delitos como “sedición”, tener
“intereses contrarios a la soberanía”, “difundir difamaciones e insultos
contrarios al honor de la patria”, incurriendo de esa manera en el delito de
“atentar contra el orden público y la paz de la nación", se lee en el texto de
la demanda.
“Se trata de un atentado velado que viene a concretar lo que
se viene promoviendo desde el día del golpe de Estado para acallar nuestra radio
–dijo David Romero, director general de Radio Globo–.
Presentaron un documento a la CONATEL solicitando el
cierre y el decomiso de todo el equipo de Radio Globo, alegando que estamos
incitando a la insurrección y a la violencia, y ponen como argumento una
declaración del señor Andrés Pavón –presidente de la Comisión de los
Derechos Humanos de Honduras (CODEH)– a esta radio, en la que dijo que
“estamos en insurrección porque el artículo 3 de la Constitución así lo admite”.
Ante esta burda pretensión de acallar a uno de los pocos
medios de comunicación que siguen denunciando el golpe de Estado, David
Romero aseguró que van a agotar todos los mecanismos legales para evitar
este atropello.
“Ojala rectifiquen y no cometan este error. El documento
acaba de entrar a la Mesa de Derechos Legales de la CONATEL y esperamos
que nos notifiquen de manera oficial, porque hasta el momento no hemos recibido
nada. Mientras tanto ya tenemos un equipo de abogados que está preparando la
defensa, y vamos a seguir trabajando normalmente”, aseveró el director general
de Radio Globo.
Un total rechazo a esta medida violatoria del derecho a la
libre expresión vino también de Frank La Rue, Relator de Libertad de
Opinión y Expresión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Estoy en Honduras en una visita personal para
observar la situación de la libertad de expresión. Me reuní con varios medios,
periodistas y organizaciones de derechos humanos, y todos me han expresado su
preocupación, pero nunca pensé que podían llegar hasta el punto de querer cerrar
esta emisora.
Creo –continuó La Rue– que es una violación clarísima
a la libertad de expresión, no sólo por el cierre de una radio, sino porque es
un quebrantamiento del derecho del pueblo hondureño a tener acceso a la
información. No se puede utilizar las diferencias políticas o ideológicas para
cerrar un medio”.
El representante de Naciones Unidas condenó también la
pretensión de usar el derecho penal para atacar el trabajo informativo realizado
por Radio Globo.
“Me parece que es una maniobra absurda y burda. La
utilización del derecho penal para criminalizar el disenso, la crítica y la
oposición a políticas públicas siempre es el recurso de regímenes autoritarios
que no quieren permitir espacios democráticos.
Con este intento queda demostrado que estamos frente a un
gobierno de facto que está cerrando los espacios democráticos”, concluyó La
Rue, quien informó que en los próximos días emitirá un comunicado de prensa
desde Ginebra y presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos y al de
Seguridad de la ONU.
Otra marcha multitudinaria
El movimiento popular volvió a marchar el martes 4 de agosto
por las calles de la capital hondureña. Miles de personas desfilaron de forma
pacífica ante las instalaciones de instituciones y corporaciones privadas, entre
ellas el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH),
Televicentro y la Fiscalía de la República, coludidas con el golpe de
Estado, pintando sus paredes con consignas que expresan el total rechazo al
papel que hasta ahora han desempeñado.
Se vivieron momentos de tensión cuando un guardia de
seguridad de la corporación Televicentro, propiedad del magnate de la
comunicación José Rafael Ferrari, disparó al aire para impedir que los
manifestantes se acercaran, y fue respaldado de inmediato por un nutrido
contingente policial del Comando Especial Cobra (COECO).
“El gobierno de facto ha recrudecido la represión contra de
la resistencia popular. Ayer reprimieron la movilización en San Pedro Sula y
hubo decenas de heridos y detenidos, pero no nos vamos a desmovilizar –dijo el
coordinador del Bloque Popular y miembro de la conducción colegiada del
Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, Juan Barahona–.
Creen que nos vamos a desmovilizar y ésta es la respuesta.
Mañana vamos a comenzar la Marcha Nacional de Resistencia Popular: en todo el
país la gente se va a movilizar, recorriendo aproximadamente 110 kilómetros para
llegar a San Pedro Sula y Tegucigalpa”, explicó a Sirel.
Más represión
El lunes 3 de agosto, la movilización de la resistencia
popular en San Pedro Sula fue brutalmente reprimida con un patrón muy similar al
que se utilizó el pasado 30 de julio en Tegucigalpa.
“Estábamos realizando una toma de carretera en las afueras de
San Pedro Sula cuando la Policía, sin mediar palabra, comenzó a atacarnos
brutalmente. Bajaron a la gente de los carros y comenzaron a golpearla,
rompieron los vidrios de varios vehículos y nos persiguieron hasta el Parque
Central –contó Gustavo Mejía, miembro de la Coordinadora Nacional de
Resistencia Popular (CNRP)–.
Fue una verdadera cacería en contra de cualquier persona que
encontraban, y hasta los periodistas fueron vapuleados. Al final, hubo muchos
heridos y detenidos, hasta niños y ancianos, y estamos muy preocupados porque
una mujer que fue herida aún está desaparecida.
En los próximos días –concluyó Mejía– vamos a
continuar con las movilizaciones, y para el jueves 6 tenemos prevista una gran
concentración con gente que viene de siete departamentos, y que va a durar por
lo menos cuatro días”.
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