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Más de 600 personas pertenecientes al
Movimiento Unificado Campesino del Aguán
(MUCA), organización afiliada a la
Central Nacional de Trabajadores del
Campo (CNTC), fueron brutalmente
desalojadas por un fuerte contingente de
militares, policías y guardias de
seguridad de los terratenientes
Miguel Facussé Barjum, René Morales y
Reinaldo Canales, en los municipios de
Tocoa y Trujillo, departamento de Colón,
en el oriente del país, violando los
acuerdos alcanzados con la Presidencia
de la República y el Instituto Nacional
Agrario (INA) pocos días antes del golpe
de Estado. El Sindicato de Trabajadores
del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA),
afiliado a la UITA, y organizaciones
internacionales denuncian ese atropello
y piden resolver el conflicto agrario y
detener la violencia.
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Luis Santos |
Bajo el mismo patrón de violencia
implementado a partir del golpe de
Estado del pasado 28 de junio de 2009,
efectivos militares, policiales y
guardias privadas atacaron con balas
vivas y de goma y gas lacrimógeno a
familias campesinas que, desde el pasado
diciembre, se habían tomado tierras que
reclaman como suyas en la zona del Valle
del Aguán.
La historia del conflicto
Según los miembros del MUCA, a
principios de los 60 se promulgó la Ley
de Reforma Agraria, mediante la cual se
otorgaron derechos de tenencia sobre
tierras fiscales y privadas a cientos de
familias de campesinos pobres.
Durante la década de los 70, el Estado
asignó a empresas campesinas derechos
sobre miles de hectáreas cultivadas con
palma africana, en la región conocida
como el Bajo Aguán, en el departamento
norteño de la Costa Atlántica de
Honduras. Sin embargo, a principio
de los años 90 se aprobó la Ley para la
Modernización y Desarrollo del Sector
Agrícola, con el objetivo de despojar a
estas empresas de sus derechos sobre
aproximadamente unas 20 mil hectáreas de
las mejores tierras del país.
Siempre según el MUCA, comenzó un
proceso que concluyó con la venta de los
activos de 40 empresas campesinas,
concentradas en manos de los
terratenientes Miguel Facussé,
René Morales y Reinaldo Canales.
Un proceso de adquisición de tierras
caracterizado por muchas
irregularidades, las que fueron
investigadas por miembros de las
cooperativas, quienes descubrieron que
el acuerdo de compraventa establecía que
los compradores utilizarían la tierra
para su cultivo y producción, pero que
la propiedad de la tierra continuaría en
manos del Estado y para uso exclusivo de
reforma agraria.
En 2001 comenzó el reclamo de tierras
adquiridas de forma fraudulenta por
empresarios coludidos con los poderes
políticos en el país y otras tierras que
nunca fueron tituladas a nombre de los
empresarios compradores, sino que el
Estado les reconoció derechos de uso en
la forma de concesión hasta febrero del
2005.
Después de una largo proceso de
reivindicación, tomas de tierras y
carreteras en señal de protesta, en 2009
se entró a un proceso de negociación en
el que el MUCA presentó una
propuesta de acuerdo para resolver el
conflicto, y dos
semanas antes del golpe de Estado se
firmó un convenio entre el INA,
los campesinos y los terratenientes,
avalado por el presidente Manuel
Zelaya Rosales, el alcalde de Tocoa
y el gobernador de Colón, acordando
crear una comisión tripartita para
revisar el procedimiento legal que se
utilizó para la adquisición de la tierra
por los terratenientes.
Sin embargo, el golpe del 28 de junio
2009 paralizó el proceso de negociación
y el MUCA inició la lucha en las
calles para exigir el regreso del orden
constitucional, sumándose a la toma del
INA.
Antes la intransigencia de las nuevas
autoridades de facto, el pasado 9 de
diciembre comenzó la recuperación
definitiva de las tierras, lo que
provocó la reacción violenta de los
cuerpos represivos bajo una orden
judicial de desalojo.
La lucha va a seguir
“Estas tierras fueron adquiridas de
forma ilegal por parte de estos tres
terratenientes y todavía pertenecen al
Estado. Sin embargo, prefirieron actuar
violentemente en lugar de seguir con el
proceso de negociación iniciado antes
del golpe de Estado para resolver el
conflicto –dijo el secretario general
del SITRAINA, Luis Santos
Madrid, a Sirel–.
Fue un desalojo muy violento y hubo
gente detenida. El SITRAINA si
está movilizando para que el actual
Director de facto del INA proceda
a legalizar la tierra a favor de los
campesinos del MUCA. Es evidente
–concluyó Madrid– que lo que ha
ocurrido es producto de la situación
surgida a raíz del golpe de Estado, y
estamos en una situación donde la
justicia se aplica únicamente a favor de
los poderosos y en contra de los
campesinos”.
Al momento de escribir esta nota ya se
habían liberado los últimos campesinos
detenidos por la Policía, sin embargo
tres de ellos serán procesados y se les
concedieron medidas cautelares.
Actualmente hay otras 300 personas
pertenecientes al MUCA que siguen
en el proceso de recuperación de tierras
y hay temor de que en los próximos días
pueda ejecutarse otro desalojo violento.
“La gente sigue en su decisión de
recuperar sus tierras para producir,
porque es la única manera para
sobrevivir, aunque existe el temor de
que se esté preparando una masacre para
que desistamos de nuestra lucha pacífica
–comentó a Sirel el secretario
general regional del Atlántico de la
CNTC, Lorenzo Cruz–.
Las comunidades vecinas se están
reconcentrando para preparar un plan de
recuperación y queremos que sea una
propuesta de país, con la participación
del Frente de Resistencia Popular. No es
posible que unos pocos poderosos sigan
controlando la mayor parte de la tierra
y miles de campesinos pobres no tengan
nada.
Queremos una Honduras diferente y
apoyamos un proceso de cambio verdadero
para sacar el país de la pobreza”,
concluyó Cruz.
Ante estos hechos, el Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH) apeló a la
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para que emita medidas cautelares a
favor de las y los campesinos del
MUCA, y condenó “estos actos que
atentan contra la libertad, la vida y el
desarrollo integral del pueblo
hondureño”.
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