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El Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH) presentó su segundo
informe sobre violaciones a derechos
humanos en el marco del golpe de Estado,
“Rostros
y Cifras de la Represión”,
en el que se evidencia la brutalidad del
régimen de facto en su intento por
acallar las diferentes expresiones de
resistencia contra el golpe del pasado
28 de junio.
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Bertha Oliva |
Según los datos presentados por
Bertha Oliva, coordinadora general
del COFADEH, organización surgida
al inicio de la “Década Perdida” de los
años ochenta, cuando en plena aplicación
de la Doctrina de Seguridad Nacional la sociedad
hondureña estuvo militarizada y sus
instituciones civiles subordinadas a las
Fuerzas Armadas, del 28 de junio al 15
de octubre del 2009 han sido 4.234 los
casos de violación al los derechos
humanos reportados por esta
organización.
Durante una muy concurrida y emotiva
conferencia de prensa, Oliva
explicó que se registraron 21 muertes
violentas y asesinatos con visos
políticos, diez de los cuales ocurrieron
directamente durante acciones públicas
de la Resistencia y once presentan
patrones de ejecuciones selectivas, con
un modus operandi típico de los
cuerpos paramilitares.
A lo largo de 115 días se produjeron
también tres atentados contra la vida o
intentos de homicidio, 108 amenazas de
muerte, 133 casos de tratos crueles,
degradantes e inhumanos hacia personas
en detención administrativa, 21 lesiones
graves y 453 lesiones y golpes. Además,
211 personas fueron afectadas por armas
no convencionales como bombas
lacrimógenas, gases tóxicos y armas
sónicas.
Hubo también 3.033 detenciones ilegales,
en su mayoría jóvenes, dos intentos de
secuestro, 114 acusados políticos –cinco
de los cuales permanecen detenidos
mientras el resto está con medidas
sustitutivas a la prisión o han sido
sobreseido en forma provisional–, diez
allanamientos ilegales, 13 casos de
persecución a líderes sociales y
defensores de derechos humanos, y cuatro
atentados contra organizaciones, entre
ellas el mismo COFADEH y el
Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).
Con respecto a la libertad de expresión
y movilización, el Informe del
COFADEH registró 27 casos de
violación a la libertad los medios de
comunicación, entre ellos el cierre de
Radio Globo y Canal 36, 26
agresiones a periodistas, el cierre de
tres programas radiales de
organizaciones de mujeres, 52 retenes
militares y policiales en todo el país
que violentaron el derecho de
circulación a más de 20 mil hondureños,
y una escalada represiva que limitó de
forma indefinida la libertad de la
población a asociarse y manifestar.
“Confieso que al escribir este informe
me he sentido turbada –expresó Bertha
Oliva–.
Quizás porque me había hecho a la idea
de que en este largo proceso de las
últimas décadas habíamos logrado al
menos pocos y relativos avances en
materia de derechos humanos; pero soy
una ilusa.
A más de 100 días de aquella fecha
fatídica del 28 de junio que sacudió las
entrañas del COFADEH –continuó
Oliva– sabemos que estamos ante un
violento retroceso de 25 o 30 años,
quizas más.
Conocedores de los efectos de la
dictadura militar asumimos que no era un
hecho aislado, sino que estábamos frente
a toda una estrategia para tomar y
controlar el poder a largo plazo, o sea
que la dictadura ha llegado para
quedarse en la región.
Ante esta situación –advirtió la
coordinadora del COFADEH– es
imprescindible prepararse, porque igual
que en el pasado somos depositarias de
lágrimas, de angustias, de dolor y de
desesperanzas, pero más aún de
desesperación”.
Oliva
explicó también estar sumamente
preocupada por el ataque directo de la
dictadura contra el gremio magisterial,
que se ha materializado con asesinatos,
persecuciones, detenciones ilegales y
arbitrarias, retención de cuotas de los
colegios magisteriales, levantamiento de
perfiles, requerimientos a través del
Ministerio Público para abrirles juicio.
También los jóvenes han sido objeto de
represión y ya son muchos los que han
sido secuestrados, torturados y
asesinados, mientras que varios han
tenido que abandonar el país.
“Con pruebas documentales en nuestro
poder estamos afirmando ante el mundo
que en el país vivimos una situación de
emergencia. Por tal razón, apelamos ante
la comunidad internacional para que
permanezca vigilante y observante, para
acompañar el desafío de ver juzgados a
los perpetradores de los crímines de
lesa humanidad”, sentenció Bertha
Oliva, no sin antes denunciar las
amenazas y el hostigamiento al que está
sometido el COFADEH por el
régimen de facto, al quererle cancelar
su personería jurídica.
“No necesitamos de personería jurídica
para buscar la verdad, acompañar a los
que sufren, denunciar ante el mundo las
barbaries que estamos viviendo. Esta
dictadura pretende acallarnos, pero no
lo va a lograr. Podrán callarnos la voz,
pero no los ideales, ni el pensamiento.
Mientras más nos reprimen, más fuerza
agarramos”, concluyó.
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