La historia de los países de nuestra América está en los documentos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

 

Como dicha organización actúa en concepto de propietario, cada poco tiempo publica documentos desclasificados de los que surgen claramente, por ejemplo, la intervención imperialista en Chile.

 

En dichos informes se describen los procesos de penetración y hasta se nombra a los colaboradores nacionales con la intervención extranjera. Por lo general estos no salen a desmentir o a enfrentar los hechos que los condenan ante la opinión pública por traición.

 

Con todas las letras, los documentos revelan a los colaboracionistas. Sobre Uruguay, por ejemplo, se informa de lo que fue un intento de creación de una central obrera, la Confederación Sindical del Uruguay (CEU), que en realidad fue “una organización laboral controlada y financiada por la estación en Montevideo”.

 

Y se dan nombres. Se informa, así, que Guillermo Copello, jefe de Investigaciones de la Policía de la capital, fue “un estrecho colaborador de enlace con la estación de Montevideo”; que Fernández Chávez, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA fue un agente de propaganda de la CIA en Uruguay; que Juan José Gari, de la Liga Federal de Acción Ruralista y consejero del dirigente político Benito Nardone también fue agente de la estación; que además fueron colaboradores de la CIA Nicolás Storache, ministro del Interior, Adolfo Tejera, también ministro del Interior, y Luis Vargas Garmendia, director de inmigración de Uruguay.

 

En Chile, la democracia cristiana facilitó al comienzo el camino a los militares golpistas. Después las relaciones se fueron tornando más difíciles. Pero el PDC no solo apoyó el golpe, también participó en las maniobras desestabilizadoras previas. Solo 15 dirigentes, encabezados por Bernardo Leighton, se opusieron al golpe en una declaración suscrita a pocas horas del mismo.

 

Eduardo Frei Montalvo asistió al Te Deum que solemnizó la irrupción militar. Envió, además, una carta a Mariano Rumor, dirigente de la democracia cristiana italiana justificando el golpe desmintiendo informaciones sobre represión y masacres y respaldando a la Junta Militar.

 

Importantes figuras de la democracia cristiana y muy cercanos simpatizantes, ocuparon cargos de confianza en el gobierno de Pinochet.

 

Hasta dirigentes sindicales de la democracia cristiana fueron a Ginebra y participaron de una gira internacional a favor de la Junta.

 

Un dato curioso: el gobierno militar anuncio que el Estadio Nacional estaba siendo despejado de prisioneros con el fin de disponer de tiempo para los preparativos del partido Chile-URSS, por la Copa Mundial de fútbol.

 

En el Ejército se definían dos tendencias acerca de cómo tratar a los prisioneros. Los “duros” creían que los activistas marxistas debían ser ejecutados, en tanto los “blandos” entendían que debían ser juzgados, sentenciados y luego sometidos a un intento por “reeducarlos”.

 

El comandante Washington Carrasco, que dirigía la tercera división del ejército en Concepción, si bien fue favorable al golpe se rehusaba a ejecutar extremistas. Una actitud similar tuvo el comandante Lagos. Debido a ello el comandante Arellano advirtió a ambos que debían tomar más en serio “la campaña antisubersiva”.

 

La mayoría de los oficiales jóvenes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, apoyaban la línea dura.

 

El general Sergio Muño, presidente de la Corporación de Fomento se identificó con la línea “suave”. Dijo que no se opondría a la ejecución de personas como Carlos Altamirano, jefe del Partido Socialista, que estaba en la lista de las diez personas más buscadas del derrocado gobierno de la Unidad Popular, pero que se opondría a que trabajadores o dirigentes sindicales fueran acusados y ejecutados sumariamente, sin juicio justo.

 

Como ejemplo citó el caso de once trabajadores y un dirigente sindical de la fábrica de explosivos de Antofagasta. Dijo que esos hombres fueron ejecutados porque se les encontró un plano de la fábrica, explosivos y documentos que los vinculaban a grupos extremistas. Dijo que había llevado el caso a la reunión de Consejo de Ministros del 20 de octubre, como ejemplo de represión innecesaria. Agregó que su posición fue apoyada por el general Bonilla, en tanto Pinochet se expresó a favor de una dura acción.

 

Cifras oficiales indican que al 31 de diciembre de 1973 había en Chile un total de 3.637 detenidos. Aproximadamente otros 2.000 estaban bajo arresto domiciliario mientras se investigaban sus causas.

 

La Operación Cóndor consistió en la coordinación de los servicios de inteligencia del Cono Sur, para desarrollar la represión contra la izquierda.

 

Hasta fines de 1975 esa colaboración había existido de hecho. Militares brasileños y uruguayos viajaron a Chile después del golpe para interrogar a compatriotas suyos exiliados en ese país. La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena coordino la acción contra los opositores a la Junta en cualquier lugar que estuvieran.

 

Para ello actuó en contacto con terroristas croatas, fascistas italianos, cubanos anticastristas, y hasta la Policía secreta de Irán.

 

El atentado contra Bernardo Leighton y su esposa  en octubre de 1975 en Roma, por ejemplo, fue cometido por fascistas italianos y cubanos.

 

La “internacional de las espadas” actuó y sigue actuando todavía; la solidaridad de las derechas es tan sólida como la defensa de los privilegios por parte de quienes los detentan.