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Bolivia
A un año de la
denominada "guerra del gas", que expulsó del gobierno al ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como Goni, el
país intenta saldar cuentas con su pasado reciente, en medio
de una creciente polarización e incertidumbre. El parlamento
aprobó dos medidas claves, en sintonía con el reclamo de los
movimientos sociales y sindicales del país que han redoblado
la presión sobre legisladores, y en medio de la
recomposición de los grupos de poder que buscan la
"restauración" del modelo en crisis.
El jueves 14 de octubre, diputados y senadores dieron luz
verde al juicio de responsabilidades contra Sánchez de
Lozada y su gabinete, virtuales responsables de los más de
sesenta muertos provocados por la violenta represión militar
contra quienes se oponían a exportar gas por puertos
chilenos y reclamaban su industrialización. Y el pasado
miércoles, los diputados aprobaron, en grande, una nueva ley
de hidrocarburos, elaborada por la Comisión Mixta de
Desarrollo Económico, que aumenta las regalías al 50% y
obliga a las empresas petroleras a migrar hacia nuevos
contratos que garantizan la propiedad estatal de los
hidrocarburos en boca de pozo, en línea con el resultado del
referéndum realizado el 18 de julio pasado.
En medio de la oposición movilizada -en la que el Movimiento
al Socialismo (MAS) de Evo Morales desempeñó un papel
central- y de la deserción de algunos legisladores -a los
que sus colegas encaraban diciéndoles "cobraste 60 mil
dólares para votar en contra"- la habilitación del juicio de
responsabilidades evidencia un resquebrajamiento del poder
gonista, hegemónico desde principios de los noventa e
impulsor de un ambicioso programa de "reformas
estructurales" que embarcaron a Bolivia en el camino
neoliberal.
Desde su "exilio" en Estados Unidos, el ex presidente ha
intentado infructuosamente recuperar la iniciativa y, según
varios analistas, desestabilizar al actual gobierno.
"Necesitamos esclarecer a fondo cuál fue el lugar de todos
los actores (en octubre de 2003), sus responsabilidades",
dijo el ex mandatario, un acaudalado empresario minero de 74
años que habla con acento "gringo".
La inclusión de "todos" los responsables en el juicio de
responsabilidades -en referencia a los aliados de la
megacoalición de gobierno, Manfred Reyes Villa, de la Nueva
Fuerza Republicana (NFR), y Jaime Paz Zamora, del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR)- fue la estrategia del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para evitar el
enjuiciamiento de su ex jefe, frente a la propuesta de
enjuiciar solamente a Goni y sus ministros más comprometidos
en la represión: Yerko Kukoc y Carlos Sánchez Berzaín,
originalmente defendida por el MAS. Los parlamentarios del
MNR supusieron que al proponer que se juzgara a todos no se
juzgaría a nadie ya que la NFR y el MIR no votarían por
inculpar a sus propios correligionarios, que entonces
formaban parte del gabinete que ordenó la represión.
Sin embargo, la presión social -de la marcha encabezada por
Evo Morales desde Caracollo y de los propios televidentes
que observaban el debate y la votación en vivo- desmontó la
maniobra y sorpresivamente más de dos tercios de ambas
cámaras (incluyendo a algunos legisladores del MNR) votó que
se enjuicie a "todos": Sánchez de Lozada y su gabinete. El
presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de
Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti, lo grafica así: "Estábamos
dentro del Hemiciclo, se notaba los intentos desesperados de
los últimos gonistas para empantanar la votación, pero todo
se hizo inevitable, el peso de octubre (de 2003) era
insostenible. La votación fue una suerte de juicio político
contra un modelo y un grupo de hombres que se empeñó en
imponer a sangre y fuego ese modelo".
Según el ex presidente, el encausamiento por "violación a
derechos y garantías" de los ciudadanos bolivianos (la APDH
reclama que se lo juzgue por genocidio) carece de base legal
y dijo no temer las conclusiones de las investigaciones
acerca de lo ocurrido durante el llamado "octubre negro". A
la complejidad de los trámites del juicio, que debe ser
llevado adelante por la Corte Suprema, se suma el rumor de
que Goni podría tener ciudadanía estadounidense, lo que
haría prácticamente imposible su extradición a Bolivia.
La votación de la nueva ley de hidrocarburos en diputados
avanza en el mismo sentido: revertir parcialmente las
políticas de "libre mercado" cuyo dogmatismo sólo fue
equiparable al Chile de Augusto Pinochet. La
"nacionalización por derecho", es decir, nacida de la
legalidad vigente, plantea recuperar la propiedad estatal de
los hidrocarburos en boca de pozo (hoy en manos de las
empresas trasnacionales) y aumentar las regalías del 18% al
50%.
Para el diputado del MAS Santos Ramírez, presidente de la
comisión que elaboró el proyecto del ley, "El voto en el
Referéndum dice que se recupera la totalidad de los
hidrocarburos en favor del Estado boliviano. La consecuencia
de esta recuperación es que todos los contratos de riesgo
compartido (que garantizan a las transnacionales el poder de
disponer libremente de toda la producción de hidrocarburos)
obligatoriamente deben migrar a otras modalidades: contratos
de producción compartida, contratos de operación y contratos
de asociación".
El presidente Mesa se opone a la nueva ley ya que sostiene
-en línea con el discurso de los noventa- que la normativa
ahuyenta a las inversiones y puede sobrevenir una lluvia de
juicios contra el Estado boliviano. Un frente propetrolero
encabezado por el propio gobierno, los comités cívicos de
Santa Cruz y Tarija, los empresarios privados cruceños y las
transnacionales ha iniciado una fuerte campaña de terrorismo
económico destinada a impedir la materialización de la
voluntad popular expresada en el referéndum del pasado 18 de
julio, cuando la gran mayoría de los bolivianos reclamó la
recuperación de la propiedad estatal de los hidrocarburos y
su industrialización en el país, la refundación de la
empresa estatal YPFB y el aumento de las regalías al 50%.
A este frente se suman las presiones internacionales en
favor de las transnacionales. El secretario adjunto de
Estados Unidos para la Región Andina, Charles Shapiro, de
visita en La Paz, sostuvo que "se deben respetar los
contratos" y que su país defenderá las inversiones de sus
empresas. Y el presidente brasileño, Luis Inácio Da Silva,
envió a Marco Aurelio García para hacer lobby a favor de
Petrobras y ejercer presión sobre el MAS y Evo Morales para
que "moderen" sus posiciones.
En las últimas semanas el partido de los cocaleros operó
como el núcleo articulador de varias demandas sociales y
como el bloque parlamentario con más iniciativa. Luego de
mantener una posición vacilante hacia la administración de
Carlos Mesa, oscilando entre la oposición y el apoyo
crítico, el MAS ha recuperado parcialmente su rol como
principal partido de la oposición.
La reciente expulsión del senador Filemón Escóbar, uno de
los ideólogos de la convivencia con Mesa -acusado por Evo
Morales, sin pruebas, de haber recibido sobornos para
permitir la aprobación en el Senado de la inmunidad para las
tropas estadounidenses ante la Corte Penal Internacional- y
el alejamiento del entorno de Morales de ex intelectuales de
izquierda, hoy en el gobierno, conllevaron el retorno
parcial del MAS hacia la movilización social.
Posiblemente también haya influido en la revisión tácita de
su acercamiento a Mesa la percepción de que las próximas
elecciones municipales del 5 de diciembre pueden ser
desfavorables para el MAS, al menos en las grandes ciudades:
ser visualizados como un "partido oficialista no ayudaba a
revertir esa situación. En estas urbes Evo decidió el
nombramiento de los candidatos, casi todos "blancos",
representantes de las clases medias urbanas y, en varios
casos, provenientes de partidos tradicionales.
El MAS constituye la principal barrera de contención a las
posibilidades electorales de la derecha encabezada por el ex
presidente Jorge "Tuto" Quiroga que, en alianza con varios
líderes locales, como el actual alcalde de El Alto José Luis
Paredes, busca recomponer el poder de las élites, erosionado
por la acción de los movimientos sociales desde 2000. La
crisis de los partidos ha colocado al partido de Evo Morales
en un escenario privilegiado para articular un proyecto de
país alternativo, una tarea que quizás sea demasiado grande
para un movimiento que en gran medida se maneja como si
continuara siendo un sindicato campesino, y que no es ajeno
a las prácticas caudillistas comunes a la cultura política
boliviana (las "intuiciones" de Evo corrientemente son más
importantes que el debate colectivo al interior del MAS).
Hoy Bolivia asiste a la recomposición de los sectores
reaccionarios, encabezados por las élites cruceñas, que
buscan actuar como el "partido del orden" frente a la acción
colectiva popular. Las polarizaciones regionales, étnicas y
clasistas generan una nueva incertidumbre del poder, ante a
la ausencia de liderazgos y proyectos nacionales, tanto en
los sectores progresistas como conservadores. La
"popularidad" del presidente Mesa no puede ocultar la
ausencia de iniciativa del actual gobierno que, pese a las
promesas hechas en la ciudad de El Alto el 17 de octubre de
2003, ha mostrado ser un continuador del modelo
económico-social de la última década. Así pues, los rumores
de golpe institucional forman parte del mundo de lo posible;
y deseable para algunos grupos de poder ansiosos de
"estabilidad" y de un futuro menos cuestionado por las
sucesivas rebeliones de la plebe.
Pablo Stefanoni
Convenio La Insignia / Rel-UITA
29 de octubre de 2004
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