El Gobierno español va a poner en marcha un plan para la integración de inmigrantes pionero en Europa. No sólo se trata de buena voluntad política. El Plan de Ciudadanía e Integración contará con un presupuesto de dos mil millones de euros en los próximos cuatro años.

El plan de integración de los inmigrantes que acaba de anunciar el gobierno español tendrá un presupuesto de 2.000 millones de euros para los próximos cuatro años. En la elaboración del denominado Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración se ha contado con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los agentes sociales, las asociaciones de inmigrantes y las organizaciones no gubernamentales.

El Ministerio de Trabajo ha aportado cerca del 60% del total del dinero, y el resto entre los Ministerios de Educación y Ciencia, Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, y el de Sanidad. Los objetivos parecen todavía algo difusos aunque el Gobierno ha informado de acciones prioritarias en doce áreas concretas: acogida, educación, empleo, vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, igualdad, mujer inmigrante, participación, sensibilización y codesarrollo.

Se trata de dotar a los inmigrantes de las habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse en la sociedad de acogida así como fomentar medidas contra la segregación escolar y una formación de profesores adecuada. En cuanto al empleo, que es una de las necesidades más acuciantes para los inmigrantes, está previsto fomentar iniciativas empresariales, el autoempleo, las empresas de economía social, al tiempo que se aplican medidas contra la discriminación.

Las familias de inmigrantes encuentran graves dificultades para acceder a una vivienda digna. Ese es el motivo de que sea común encontrarse apartamentos de dos habitaciones con más de diez personas que se acoplan como pueden en muebles, camas plegables, sillones y hasta en los pasillos. Los propietarios no suelen confiar en alquilarles casa si no presentan documentos difíciles de obtener para los inmigrantes. Se busca ahora reforzar los programas de intermediación para prevenir el hacinamiento y las infraviviendas.

Tanto los servicios sociales como la prevención y educación para la salud y sus profesionales han de adaptarse a la diversidad creciente de la población. En los próximos cuatro años se favorecerá también el acceso normalizado de los niños y jóvenes de origen inmigrante a los programas de infancia y juventud. Se tendrá en cuenta la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y evolución de las políticas y programas de integración y para favorecer la participación se espera ampliar el derecho de sufragio en las elecciones municipales. Por otro lado, se desarrollarán acciones de sensibilización que contribuyan a mejorar la imagen pública de la inmigración. El plan contempla también el “codesarrollo” que permita identificar y promover las oportunidades de desarrollo de los países de origen de la inmigración.

En el proceso de consultas se va a dar importancia a las sugerencias y aportaciones de las distintas asociaciones de inmigrantes.

Para ATIME, Asociación de Trabajadores Marroquíes en España una de las cosas urgentes es mejorar la imagen pública de la inmigración marroquí, la más numerosa en España. Su presidente Khamal Rahmouni afirma “los 17.000 marroquíes residentes en territorio español no somos los culpables de que haya más robos, más inseguridad o más colas en los hospitales. Se lanzan mensajes confusos que calan en la sociedad y acaban por identificar musulmán y terrorista. Derribar ese mensaje es nuestra prioridad”.

La segunda comunidad inmigrantes en España es la ecuatoriana. Las mujeres ecuatorianas que trabajan en el servicio doméstico aportan el 40% de las remesas de Ecuador, según Dora Aguirre, presidenta de Rumiñahui, asociación que agrupa a cerca de 10.000 ecuatorianos. Vienen con una educación deficiente y eso las perjudica en cuestión de derechos. Cobran menos y no hay suficientes programas que les permitan acceder a una formación profesional. “El mejor modo de integrar al inmigrante ecuatoriano será que pueda acceder a todo tipo de trabajos, pues el empleo no debería estar vinculado a la nacionalidad sino a la capacidad y la cualificación”, asegura Aguirre.

Para los más de 3.000 inmigrantes rumanos en España, lo más urgente es acabar con las mafias que trafican con mujeres. “El plan debería definir los derechos estratégicos del inmigrante para acabar con las discriminaciones que lo convierten en vulnerable. Una de las propuestas es agilizar la homologación de títulos para que esos ingenieros, arquitectos o químicos rumanos no entren directamente a trabajar en la hostelería o el trabajo doméstico” dice Miguel Fonda, presidente de la Federación de Inmigrantes Rumanos en España. Entre otras medidas proponen la inserción laboral, ayuda psicológica, programas de protección de testigos, y creación de casas de acogida para las víctimas. El Plan es una buena noticia, para los que vienen y para los que acogen. 

María José Atiénzar

CCS-España

3 de julio de 2006