Con el lema “Justicia, para que no se
repita. ¡No a la impunidad!”,
organizaciones de trabajadores,
defensores de derechos humanos,
organizaciones de mujeres y familiares
de las víctimas de la dictadura de
Alberto Fujimori, convocaron a una
movilización para exigir a la justicia
peruana la rigurosa aplicación de la
ley.
La Confederación General de Trabajadores
del Perú (CGTP), la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH),
organizaciones de familiares, el
movimiento Para Que No Se Repita (PQNSR),
la Central Unitaria de Trabajadores del
Perú (CUT), el Rectorado de la
Universidad La Cantuta, entre otras, se
movilizarán hoy jueves 27 de septiembre
para afirmar que la justicia es el
anhelo de la población peruana y
expresar su compromiso con los caídos
durante la dictadura.
Para la CGTP, la extradición del
prófugo ex presidente Fujimori
por dos delitos contra los derechos
humanos y cinco por corrupción, “Es un
importante precedente para todas las
dictaduras neoliberales que implantaron,
con violencia, reformas socio-económicas
que generaron mayor pobreza y exclusión
en nuestro continente, además de cientos
de muertos”.
La central sindical saludó en un
comunicado de prensa la decisión del
Poder Judicial chileno, y recordó que
fue una de las instituciones peruanas
afectadas por las acciones de la
dictadura fujimorista, durante la cual
fue asesinado su ex secretario general,
Pedro Huillca, así como varios de
sus dirigentes y afiliados.
La hermana de uno de los estudiantes de
la universidad La Cantuta asesinado
durante el gobierno de Fujimori,
Gisela Ortiz, consideró
que el fallo de la Corte Suprema chilena
significa un reconocimiento a la lucha
que tenazmente vienen librando los
familiares de las víctimas.
Por su parte, Francisco Soberón,
representante de la Asociación Pro
Derechos Humanos (APRODEH) dijo
que la extradición de Fujimori es
un triunfo de la sociedad civil
organizada, especialmente de los
familiares de las víctimas. Reconoció al
rol de la prensa independiente, que con
sus investigaciones contribuyó a abrir
paso a la verdad respecto a los crímenes
de lesa humanidad y de corrupción
perpetrados en la década de los 90.
María Ysabel Cedano,
abogada feminista, señaló que las
mujeres saben por propia experiencia que
“la impunidad duele, daña y refuerza la
violencia, por eso consideramos que éste
es un paso adelante para lograr que se
investigue y se sancione a Fujimori
por los crímenes cometidos durante su
gobierno”.
Advirtió que los seguidores del ex
mandatario están tratando de convertir
su detención en un circo mediático que
le otorgue protagonismo, en lugar de ser
un acto de reparación y esperanza de
justicia para las victimas. “Es
necesario permanecer vigilantes y exigir
que se respete el dolor de los
familiares de las víctimas, no hay que
caer en maniobras de distracción que nos
hagan perder contacto con otros hechos
que están ocurriendo en nuestro país”,
señaló.
Sangre derramada…
La Segunda Sala Penal, máxima instancia
judicial chilena, tomó la decisión de
extraditar a Fujimori por siete
de los 13 casos judiciales que el Estado
peruano había presentado, dos de ellos
relacionados con la violación de los
derechos humanos y los otros cinco a la
corrupción durante su mandato.
Los crímenes de La Cantuta y
Barrios Altos, ocurridos entre 1991
y 1992, fueron los casos que la Corte
aceptó por unanimidad. Ambas matanzas,
que dejaron un total de 25 víctimas,
fueron ejecutadas por el escuadrón de la
muerte integrado por miembros del
ejército denominado Grupo Colina.
Este grupo paramilitar, bajo el mando
directo del ex asesor del Servicio de
Inteligencia Nacional, Vladimiro
Montesinos, que dependía
directamente de la Presidencia de la
República, cometió una serie de
violaciones a los derechos humanos como
parte de una inadecuada política
antisubversiva que se extendió incluso
hasta la eliminación de personas que
eran percibidas como dañinas para el
régimen.
Algunos de los integrantes del grupo
exterminador actualmente enjuiciados,
han confesado que sus operaciones
respondían a órdenes impartidas “desde
arriba".
Víctimas, por ser mujer
Durante el régimen de Fujimori,
en el marco de la llamada “Estrategia
Nacional de Salud Reproductiva”, miles
de mujeres pobres del Perú vieron
vulnerados sus derechos sexuales y
reproductivos al ser sometidas a
esterilizaciones forzadas que les
produjeron daños a la dignidad e
integridad física, psicológica y moral.
El Comité Latinoamericano de Defensa de
los Derechos de la Mujer (CLADEM),
reportó 243 casos documentados de
ligaduras de trompas realizadas sin el
debido consentimiento informado de las
mujeres, que en muchos casos fueron
sorprendidas, o presionadas por
operadores de salud que trabajaban bajo
un sistema de metas numéricas.
La crueldad contra las peruanas también
se puso de manifiesto durante los años
de la violencia política, según registra
la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, donde se reportaron 527
casos de violencia sexual contra
mujeres, perpetrados principalmente por
agentes del Estado que respondían a
órdenes superiores.
El ex dictador, en su calidad de Jefe
Supremo de las Fuerzas Armadas, tiene
responsabilidad política sobre estos
hechos, que tendrán que ser investigados
y esclarecidos por la justicia peruana.
