A casi un año de haber retomado la Presidencia de la República, Daniel Ortega se encuentra en medio de una violenta crisis institucional que está sacudiendo al país y que involucra a los principales poderes del Estado.

Recién asumido el cargo, que había dejado en 1990 después de la derrota electoral del FSLN ante Violeta Barrios de Chamorro, Ortega impuso una fuerte aceleración al proceso de reestructuración del Poder Ejecutivo con la creación, a través de un Decreto Presidencial, de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

Para Ortega y el Frente Sandinista, los CPC representan estructuras territoriales de participación ciudadana abiertas a toda la población, con el objetivo de encaminar el país hacia la “democracia directa” y el “poder popular” del “Pueblo Presidente”.

Su significado intrínseco sería la construcción de las políticas públicas a través de la participación directa del pueblo organizado, donde las mismas autoridades de gobierno deberían discutir los planes de inversión con la población.

Según esta concepción, que en parte recuerda la experiencia inicial de los que fueron los Comité de Defensa Sandinista (CDS) de los años 80, los mismos proyectos gubernamentales y la gestión de parte de los fondos para financiarlos y desarrollarlos, deberían estar en mano de estas nuevas estructuras.

Para hacer todo esto el presidente Ortega reformó la Ley 290 -“Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo”-, dejando como coordinadora de los CPC a su esposa, también coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía (CCC), Rosario Murillo, personaje multifacético que definitivamente ha cambiado la imagen que históricamente se tenía de una Primera Dama del país.

Para la oposición parlamentaria, conformada por las dos facciones de la derecha liberal (la ALN de Eduardo Montealegre y el PLC del ex presidente Arnoldo Alemán, actualmente condenado a 20 años de cárcel por un sinnúmero de reatos, pero siempre al frente de su partido) y la Alianza MRS, los CPC representan un instrumento en mano de la familia Ortega y del FSLN para tratar de crear estructuras institucionales paralelas, controladas por el partido rojinegro, con el objetivo de desplazar las instancias de participación popular ya previstas por la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana.

Para las bancadas de estos partidos políticos, a los cuales se suman amplios sectores de la autoproclamada “sociedad civil”, que en estos últimos años se han apoderado del concepto de “participación ciudadana”, gozando también de financiamientos de agencias internacionales para desarrollar políticas en los territorios, el temor es que se pueda crear una estructura partidaria de poder que controle a las instituciones y a los fondos de los diferentes proyectos. En su concepción, la oposición al gobierno de Ortega considera que no se quiere dar más poder al pueblo, sino controlar al pueblo a través de un poder repartido en los territorios y con la facultad de dominar a las instituciones.

Gobierno de minoría

Hay un elemento que es clave en toda esta situación: Daniel Ortega está gobernando después de haber alcanzado el porcentaje más bajo en sus cuatro intentos para alcanzar nuevamente la Presidencia, y gracias sobre todo a la división de la derecha liberal que se repartió el voto mayoritario de los nicaragüenses. Como resultado, el Frente Sandinista actualmente está en minoría en la Asamblea Nacional, contando solamente con 38 de los 91 diputados.

Con las reformas constitucionales del 1995 y de 2000, hubo un lento pero progresivo traslado de poderes del Ejecutivo al Legislativo, hasta llegar a las reformas de 2005 (actualmente congeladas hasta enero de 2008 por una Ley Marco, de rango ordinario, que huele fuertemente a inconstitucional y que ha sentado un precedente muy peligroso para el futuro) que atribuyen a los diputados la facultad de ratificar o no a los ministros y al personal diplomático nombrados por el Presidente de la República.

Resulta muy evidente que para impulsar sus proyectos el presidente Ortega necesita en este momento mantener un clima de colaboración y diálogo con la Asamblea Nacional y, sobre todo, con el PLC de Arnoldo Alemán, cuya condena a 20 años ha sido recientemente ratificada por el Tribunal de Apelación de Managua (TAM), dejando abierta la posibilidad de un traslado del ex presidente a la cárcel “La Modelo” de Tipitapa.

En pocas palabras, para el FSLN Arnoldo Alemán sigue siendo el as debajo de la manga para forzar al PLC, gozar de un “aliado ocasional” en la Asamblea y evitar la reunificación de la derecha en vista de las elecciones municipales de 2008. La prosecución del Pacto libero-sandinista, como le llaman las fuerzas opositoras al gobierno, está por verse, ya que en la base liberal y entre los diputados de las dos bancadas hay claras señales de querer desvincular al Partido de los problemas personales del líder liberal.

Se profundiza la crisis

Frente a la aceleración para la constitución de los CPC como órganos institucionales, las bancadas opositoras, apoyadas por la mayoría de los medios de comunicación que le han subido la parada al gobierno, decidieron reformar nuevamente la Ley 290, modificando algunos artículos que van a quitar al Presidente de la República “la facultad de crear a través de Decretos Ejecutivos, Consejos como estructura del Poder Ejecutivo”. De esta manera los CPC podrán existir solamente como órganos de partido, pero sin ningún tipo de carácter institucional. Para hacer eso, los diputados aprobaron la Ley 630, la cual fue vetada por Ortega y reenviada a la Asamblea.

A partir de ese momento comenzó una verdadera lucha entre poderes para la aprobación definitiva o la eliminación de dicha ley. Todos los diputados de la oposición (52) juntaron sus votos para rechazar el veto presidencial y la Ley 630 fue definitivamente aprobada y se instó al Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el sandinista René Nuñez, a que la enviara a la Gaceta Diario Oficial para su publicación.

En menos de 24 horas miembros de los CPC introdujeron un Recurso de Amparo en la Segunda Sala Civil del Tribunal de Apelación de Managua (TAM), controlada por jueces y magistrados afines al FSLN, la cual ordenó a Núñez la no publicación de la Ley 630 en tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no fallara sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley, ya que violentaría el derecho constitucional del Ejecutivo de organizar este Poder.

Pero Ortega fue más allá, y el día 30 de noviembre, en un acto masivo en la Plaza de la Revolución, volvió a emitir tres decretos en los que creó nuevamente los CPC, a un Gabinete Nacional del Poder Ciudadano, incluyéndolo en el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) y nombró a su esposa Rosario Murillo como secretaria de esta instancia.

“Los diputados siguen tratando de cercenar poderes al Ejecutivo y esto va en contra de la Constitución y de la autonomía de los poderes del Estado. Podemos seguir así, porque de todos modos voy a reinstalar los CPC a través de decretos presidenciales. Mejor sería que comenzaran a trabajar para la aprobación de las leyes que son urgentes para el país y del Presupuesto General de la República”, anunció Ortega frente a decenas de miles de activistas de los CPC.

Pocos días después de esta nueva etapa de la confrontación entre poderes, un reducido grupo de magistrados de tendencia sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió declarar inconstitucional la Ley 630, lo cual generó una violenta reacción en las bancadas opositoras de la Asamblea Nacional, que las llevó a paralizar la labor parlamentaria y a constituirse en el “Bloque contra la Dictadura”.

El objetivo de esta instancia es restablecer la legalidad y la autonomía del Poder Legislativo y del Judicial, y llamar a la población a rechazar lo que consideran el inicio de una nueva dictadura en Nicaragua.

Además de paralizar el Parlamento, decidieron llevar la protesta a nivel internacional, considerando la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA y también de reformar el Presupuesto General de la República presentado por el Ejecutivo, recortando todos los financiamientos a los proyectos gubernamentales que están siendo manejados por los CPC, como son “Hambre Cero”, “Usura Cero”. Estos proyectos tuvieron importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional y están dirigidos a los sectores más pobres del país.

¿Qué nos depara el futuro?

Indudablemente la crisis se ha profundizado, pero Nicaragua nos ha acostumbrado en el pasado a soluciones repentinas, que más bien se parecen a un “juego de las partes”, a una obra teatral en la que cada quien actúa según un plan preestablecido que se supone cambiaría todo y que, al final, no cambia nada. Pero no es eso lo que necesita el país.

Esta nueva oportunidad que parte de la población decidió dar a Ortega hay que aprovecharla al máximo, no tanto para mejorar la gestión de un sistema que entierra sus raíces en la visión y el manejo neoliberal de la sociedad, sino para cambiar ese mismo sistema.

Entre muchas contradicciones (difícil olvidar la alianza del FSLN con las iglesias que ha llevado a la penalización definitiva del aborto terapéutico en Nicaragua, o el manejo político de los Poderes Judicial y Electoral, o la casi desaparición del Partido en cuanto estructura que debería condicionar el trabajo del Presidente y de su gobierno), hay que reconocer que se ha tratado de apuntar hacia un camino diferente con respecto al pasado, pero no es suficiente.

¿Qué va a hacer el pueblo? Según el director de Radio La Primerisima, William Grigsby, “La batalla electoral que se avecina en 2008 es mucho más que ganar o perder Managua, que ganar o perder las cabeceras departamentales, que el repetir o perder los 86 municipios que ahora se detentan. ¡Es mucho más que eso! Va a ser un referéndum sobre la manera de hacer el gobierno. Va a ser una posibilidad de avanzar en la conciencia revolucionaria de la gente. Va a ser la oportunidad de colocar en el debate público los dos grandes proyectos que hay en este país: capitalismo o revolución”.

“La derecha y los yankis saben -continuó Grigsby en su programa ‘Sin Fronteras’- que su victoria ideológica es política y electoral, y pasa por el debilitamiento, el agotamiento del Frente Sandinista en tanto instrumento ideológico y político de la gente. Y por eso echan la andanada a fondo. Van a fondo. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar de espectadores, o vamos de pronto a abrazar, en tanto que surge la democracia partidaria, abrazar alguno de esos postulados? Aquí se ha vuelto estratégico, entonces, la defensa del instrumento político que ahora se llama Frente Sandinista. Que en algún momento, incluso, quedó agotado para hacer la revolución, pero que en este momento puede y debe ser el instrumento y tenemos que defenderlo.

Hay que recuperar su institucionalidad, que vuelva a haber debates, asambleas, discusión y que, sobre todo, haya formación ideológica y política de sus cuadros, principalmente de su juventud. Hay carencia de cuadros políticos sólidos, con firmeza ideológica y con vocación de servicio. No los tenemos. No están. No los hay en cantidad suficiente.

¿Queremos de verdad salvar al Frente de la embestida de la derecha? Recuperemos todos los andamiajes estructurales, incorporando a la gente, no sacándola por decreto. Incorporando, sometiendo a debate todo, sin importar lo que ocurra. Confiando en la conciencia de la gente. Confiando en la fuerza de la gente. Desatando la creatividad de la gente. Creo que ésa es la mejor manera de defender el instrumento Frente Sandinista”, concluyó Grigsby.