A dos
años de estar nuevamente gobernando el
país, el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) se presentó a estas
elecciones municipales con la presión de
que fueran un verdadero referéndum sobre
su gestión, y en medio de una campaña
mediática que advertía sobre un posible
fraude electoral. En medio de una fuerte
polémica, el FSLN se habría adjudicado
más de 90 de los 146 municipios.
Con casi el 90 por ciento
de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)
escrutadas, el FSLN no solamente
reconfirmaría el exitoso resultado
electoral del 2004 (87 alcaldías), sino
que ampliaría hasta 94 de 146 los
municipios que el partido de gobierno
administraría a partir del próximo año:
entre ellas, diez de las 16 cabeceras
departamentales.
La alianza opositora:
Alianza Partido Liberal
Constitucionalista/Movimiento Vamos con
Eduardo (PLC/VCE), con el apoyo
externo del Partido Conservador (PC)
y el socialdemócrata Movimiento
Renovador Sandinista (MRS) -estos
dos últimos privados de su personería
jurídica a pocos meses de las
elecciones-, lograron ganar solamente
entre 45 y 49 alcaldías, demostrando una
vez más la crisis que la derecha está
viviendo a nivel de gobiernos
municipales. En ocho años, la presencia
de sus representantes al mando de las
alcaldías se redujo a menos de la mitad.
Finalmente, la Alianza
Liberal Nicaragüense (ALN) ganó
en las restantes tres alcaldías. Por
otra parte, el porcentaje de
abstencionismo se ubicaría entre el 50 y
el 55 por ciento.
|
Estas elecciones fueron
presentadas por la oposición
como un verdadero referéndum
a favor o en contra del
gobierno de Daniel Ortega, y
estuvieron precedidas por
una campaña orquestada desde
medios de comunicación y
sectores nacionales e
internacionales, que desde
hace meses alertaban sobre
la posibilidad de un
gigantesco fraude electoral |
Estas elecciones, a pesar
de ser municipales y con características
diferentes según el municipio en que se
desarrollaran, fueron presentadas por la
oposición como un verdadero referéndum a
favor o en contra del gobierno de
Daniel Ortega, y estuvieron
precedidas por una campaña mediática
orquestada desde medios de comunicación
y sectores nacionales e internacionales,
que desde hace meses alertaban sobre la
posibilidad de un gigantesco fraude
electoral.
A crear más suspicacias
contribuyó en parte el mismo gobierno al
apoyar la decisión del Consejo Supremo
Electoral (CSE) de no acreditar a
las tradicionales organizaciones de
observación internacionales, como el
Centro Carter y la OEA; y
nacionales, como el Instituto para el
Desarrollo y la Democracia (IPADE)
y Ética y Transparencia (EyT).
Las únicas organizaciones
que pudieron dar seguimiento al proceso
electoral fueron las que integran los
magistrados de América Latina y
el Caribe, que son parte del
Protocolo de Tikal y Quito y del Consejo
de Expertos Electorales de América
Latina (CEELA).
La elección en la que
todo el mundo se fijó fue la de
Managua, donde el candidato
oficialista, el ex tricampeón mundial de
boxeo, Alexis Argüello, se
enfrentaba ya no en el ring, sino en la
lucha política, a su contrincante del
PLC/VCE, Eduardo Montealegre,
un ex banquero recientemente demandado
por casos de corrupción y candidato del
ex presidente y reo Arnoldo Alemán.
Dos días antes de las
elecciones, el candidato liberal había
declarado a la prensa extranjera que “El
patrón de las últimas elecciones revela
que cuando los partidos demócratas van
unidos el Frente nunca gana. Así que si
el domingo ganara el candidato del
gobierno habría que hacer una profunda
investigación”. Además, no quiso
contestar si frente a una posible
derrota iba a reconocer los resultados.
Eso fue el preludio de lo
que ocurriría pocos días después, cuando
con el 30 por ciento de los votos
escrutados y con Argüello
encabezando el conteo por 7 puntos,
Eduardo Montealegre decidió
declararse ganador y denunciar un
supuesto fraude colosal en todo el país,
haciendo además un llamado a sus
simpatizantes y militantes para que se
lanzaran en las calles a celebrar y
defender el voto. Como prueba de las
acusaciones presentó una cantidad de
aproximadamente 2.000 copias de las
actas electorales que le fueron
entregadas por los fiscales de la
Alianza. Hasta la fecha nadie miró estas
actas, y al CSE le presentó
solamente dos.
Pese a la declaración de
los observadores del CEELA y del
Protocolo de Tikal y Quito de que el
proceso electoral había transcurrido sin
mayores problemas, la decisión de
Montealegre de lanzar su gente a las
calles de Managua fue uno de los
elementos que ocasionó el comienzo de
violentos enfrentamientos entre los dos
bandos, que rápidamente se extendieron a
todo el país provocando un muerto y
numerosos heridos.
Los medios de
comunicación contribuyeron también a
crear esta situación de grave
inestabilidad, algunos de los cuales
siguieron alimentando esa campaña
mediática para que se desvirtuara el
resultado de las elecciones.
Montealegre
y la Alianza PLC/VCE siguen
insistiendo en que tienen las pruebas de
que hubo fraude (pero no las exhiben) y
reiteran que no van a reconocer los
resultados del CSE en Managua
y, posiblemente, en el resto del país.
Además, apoyados por la empresa privada
y la Conferencia Episcopal de Nicaragua
(CEN), están pidiendo el recuento
de votos en presencia del Centro
Carter, la OEA y el PNUD.
|
La decisión de
Montealegre de lanzar su
gente a las calles de
Managua fue uno de los
elementos que ocasionó el
comienzo de violentos
enfrentamientos entre los
dos bandos, que rápidamente
se extendieron a todo el
país provocando un muerto y
numerosos heridos |
El FSLN y su
candidato Alexis Argüello, por su
parte, celebran el triunfo arrasador de
este partido y de sus candidatos y
candidatas (se candidatearon 50 por
ciento de hombres y otro tanto de
mujeres), acusando a sus adversarios de
estar preparando una campaña para
desprestigiar y desestabilizar al
gobierno, tratando de involucrar a
instancias internacionales como la
OEA, la UE y la comunidad
donante, que en el pasado ya tuvieron
serios roces con el gobierno de
Ortega.
La reacción de los
magistrados del CSE no se hizo
esperar y en un comunicado que circuló
entre los medios de comunicación, la
máxima autoridad electoral acusó al
candidato de la Alianza PLC/VCE
de estar promoviendo el desorden en el
país y lamentó "profundamente la pérdida
de vidas humanas como consecuencia del
desorden provocado y promovido por
grupos que se han estado expresando de
manera violenta y fuera del marco de la
ley, motivados en su mayoría por la
desinformación que han venido brindando
algunos medios de comunicación social".
El CSE instó a los
medios de comunicación escritos,
radiales y televisivos, "a contribuir de
manera cívica dando información cierta y
objetiva", y al candidato Eduardo
Montealegre y a la Alianza Partido
Liberal Constitucionalista "a demostrar
sin manipulación pública, la
documentación que manifiesta tener en su
poder relativas a actas que no
corresponden a la acumulación de
resultados en el Centro Nacional de
Cómputos, información y documentación
que ha sido utilizada de manera
maliciosa y perversa para tratar de
deslegitimar el proceso electoral del
Municipio de Managua".
Los magistrados
responsabilizaron también a
Montealegre y a la Alianza PLC/VCE
"por las consecuencias que puedan seguir
generando los desórdenes y amenazas en
contra de funcionarios y autoridades del
Consejo Supremo Electoral, y que podrían
devenir en daños a la propiedad y a la
vida humana de terceros".
Mientras estoy redactando
esta nota, simpatizantes de los dos
partidos están saliendo nuevamente a las
calles para celebrar la victoria, y
mientras Montealegre sigue con su
peregrinaje en búsqueda de apoyo, y el
FSLN celebra su victoria, este
país, después de tanto sufrimiento,
esperanzas truncadas y decepciones, se
apresta a vivir otro conflicto de final
impredecible. Ojalá no sean los mismos
de siempre quienes paguen los platos
rotos.
