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Durante el primer
semestre de 2011, el Congreso Nacional de Honduras reformó varios artículos de
la Constitución y aprobó un reglamento para la creación de las Regiones
Especiales de Desarrollo (RED), popularmente conocidas como “ciudades modelo” (charter
cities). Ideadas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer,
las RED proyectan el “sueño” de grandes zonas de territorio nacional con
altísimo grado de autonomía, ofrecidas por tiempo indefinido al capital
transnacional para generar empleo. Para muchos, este sueño ya se ha convertido
en una pesadilla.
Según su Estatuto
Constitucional, las RED gozarán de un régimen de territorial especial,
teniendo
su personalidad jurídica, su propio fuero jurisdiccional, su propio sistema de
administración, sistema migratorio y su normativa legal.
Además,
tendrán su propio presupuesto y el derecho a recaudar y administrar sus propios
tributos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan y
celebrar todo tipo de contratos.
Ante una
decisión que aparenta ser un intento burdo para paliar la grave crisis política,
económica y social originada a raíz del golpe de Estado de 2009, la
Asociación de Juristas por el Estado de Derecho presentó un recurso de
inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo que creó las RED.
Para los
juristas, el decreto atentaría contra preceptos pétreos establecidos en la
Constitución, como la forma de gobierno y la soberanía nacional.
“En las
RED aparecen poderes autónomos que hacen las veces de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, lo cual es totalmente inconstitucional. Además,
entregando parte del territorio nacional de forma indefinida a extranjeros, se
está violentando la soberanía del país”, expresó a Sirel, Jari Dixon,
ex fiscal y miembro de la asociación que promovió el recurso.
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En las RED aparecen poderes autónomos que hacen las veces de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual es totalmente
inconstitucional. Además, entregando parte del territorio nacional
de forma indefinida a extranjeros, se está violentando la soberanía
del país. |
Después de
casi un año de su presentación, la Corte Suprema de Justicia aún no ha emitido
una resolución.
“Ya existe un
dictamen del Ministerio Público que resuelve que el decreto es inconstitucional,
sin embargo la Corte se encuentra bajo una fuerte presión por parte del Congreso
Nacional y el poder ejecutivo, para que declare sin lugar el recurso”, dijo
Dixon.
Recolección de firmas
Ante la
incertidumbre que se ha generado a raíz de la aprobación del decreto que crea
las RED, varios sectores de la población hondureña han decidido apoyar la
medida adoptada por la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho, y
han iniciado una recolección de firmas en todo el territorio nacional.
“Con este
decreto no sólo se está atentando contra la soberanía nacional, sino que se está
creando un Estado dentro de otro Estado, y sin ninguna consulta con las
poblaciones que vivimos en las zonas que van a ser afectadas por el proyecto”,
dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra
Hondureña (OFRANEH).
Según la
dirigente garífuna, ya existirían planes para instalar las RED en la costa del
Atlántico hondureño, afectando gravemente a más de 24 comunidades garífunas, al
pueblo miskito y a las familias campesinas.
OFRANEH
informó también de la existencia de un
memorando de entendimiento firmado entre el gobierno de Honduras y la
empresa coreana Pohang Iron and Steel Company (POSCO), la tercera
empresa metalúrgica a nivel mundial, para iniciar los estudios de factibilidad
de proyectos. A inicios de septiembre la Comisión para la Promoción de Alianzas
Publico Privadas (Coalianza) alcanzó a firmar el primer acuerdo con el
consorcio estadounidense MKG Group, para iniciar la construcción de la
primera ciudad modelo en el fértil Valle de Sula.
“Quieren
entregar enormes cantidades de tierra al capital extranjero para que haga
inversiones sin ninguna restricción, todo se está manejando con absoluto
secretismo, sin dialogar y debatir de manera seria y responsable con el pueblo
hondureño.
Ya hemos
visto como en el pasado han entregado el territorio para la explotación
minera, los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la expansión de los
monocultivos, la maquila.
Una vez más
se está privilegiando el interés del capital extranjero sobre los derechos del
pueblo”, manifestó Miranda.
Para la
dirigente garífuna, esta nueva forma de colonialismo disfrazado oculta también
el interés del capital transnacional para instalarse en las zonas donde se
concentran los recursos naturales del país.
“En nombre
del desarrollo, Honduras está a la venta, y esto no es más que el reflejo de un
Estado fallido, que aún no recupera su institucionalidad después del golpe de
Estado”, concluyó la dirigente garífuna.
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