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Análisis de la compleja
coyuntura hondureña
El régimen de Porfirio Lobo Sosa en Honduras ha generado
contradicciones internas en el grupo oligárquico golpista. Éstas se han venido
agudizando al tiempo que se agrava la crisis fiscal del gobierno, crecen los
golpes del crimen organizado y se multiplican las violaciones a los derechos
humanos.
El fraudulento “Proceso Electoral Interno” para tres partidos que se llevó a
cabo el 18 de noviembre 2012, crispó aún más una coyuntura que ya venía
recalentada por la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de declarar inconstitucional el Decreto del Congreso que pretendía
dividir nuestro territorio en “Ciudades Modelo”.
A ello se agregaron los trascendidos de que la misma Sala de lo Constitucional
votaría por mayoría la inconstitucionalidad del Decreto del Congreso autorizando
la aplicación del polígrafo (más conocido como “detector de mentiras”) a los
policías sospechosos de actos criminales y de corrupción.
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Esta crisis sería la antesala de una mayor intervención
estadounidense, siendo que ya hay un convenio para que la seguridad
interna la dirija ese imperio que ya tiene en nuestro territorio
tres bases militares |
Todo esto provocó que en las últimas semanas la Corte Suprema de Justicia haya
permanecido bajo amenazas de destituciones, y han aflorado dos bandos, ambos
estrechamente vinculados a la oligarquía: el primero -supuestamente menos a la
derecha- encabezado por Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández,
presidente del Congreso y candidato a la Presidencia por una corriente del
Partido Nacional en el poder; y el otro -más a la derecha- liderado por
Ricardo Álvarez, de la otra fracción del Partido Nacional, y Mauricio
Villeda, identificado con la tendencia más golpista de los liberales.
Ricardo Álvarez no ha reconocido el triunfo de Juan Orlando Hernández en las
elecciones internas del Partido Nacional y acudió a la Corte Suprema para
demandar que se haga un recuento voto a voto. Álvarez se considera víctima de un
fraude electoral montado por su oponente con la ayuda de Porfirio Lobo.
Así las cosas, y ante la posibilidad de que la Corte falle a favor de Ricardo
Álvarez, el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, movilizó
todos sus tentáculos políticos. Tomando como pretexto que la Sala Constitucional
falló sobre el Decreto para depurar la Policía un día después del término del
plazo que estipula la ley, exigió en el Congreso la destitución de cuatro de los
cinco magistrados que integraban la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia.
Luego de una investigación sumaria en la cual los magistrados acusados no fueron
siquiera escuchados, el Congreso aprobó las destituciones.
La fracción del Partido Nacional que responde a Porfirio Lobo y Juan
Orlando Hernández, -supuestamente menos a la derecha- se ha alineado en la
defensa del Congreso. En su contra se ubicó el sector más derechista de
Álvarez y Villeda junto un grupo de medios de comunicación que los
apoyan.
En realidad, y aunque actualmente se encuentran divididos, ambos grupos son
golpistas.
Este enfrentamiento “entre iguales” provoca otra crisis que, sumada a nuestra
tragedia y a tener un “Estado degradado”, crea condiciones para que Honduras
sea declarado “Estado fallido”.
Esto sería la antesala de una mayor intervención estadounidense, siendo que ya
hay un convenio para que la seguridad interna la dirija ese imperio que tiene en
nuestro territorio tres bases militares y, con el pretexto del narcotráfico,
también a la DEA.
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Estamos ante instituciones totalmente ilegítimas que delinquen
contra el pueblo, contra nuestra soberanía, y se dan golpes y contra
golpes entre sí que acaban con la poca institucionalidad que aún
quedaba |
Esta Corte Suprema de Justicia, hoy jaqueada, fue sin embargo cómplice del golpe
contra el presidente Manuel Zelaya. Declaró inconstitucional el Decreto
emitido por el gobierno de Zelaya para entregar tierra a los campesinos,
así como las nuevas tasas impositivas contra algunos capitalistas y las “Ciudades
Modelo”.
Esta misma Corte Suprema, sin embargo, no declaró inconstitucional la Ley de
Educación favoreciendo su privatización.
Por si fuera poco, y en medio de esta crisis, el presidente Porfirio Lobo
Sosa denunció un complot cuyo objetivo sería dar un golpe de Estado en su
contra.
El Congreso Nacional, por su parte, ha sido el responsable de emitir Decretos
para entregar el territorio y los recursos naturales al capital nacional y
extranjero; del golpe de Estado contra Manuel Zelaya; de aprobar la Ley de
Educación para privatizarla, así como la Ley de Escuchas, la Ley de Empleo
Temporal por Hora para continuar derogando el Código del Trabajo, la ley para
quitar al magisterio su instituto de Previsión y la Ley de “Ciudades Modelo”.
Además, emitió Decretos para sacar a Honduras de PETROCARIBE y del
ALBA, ratificó los Decretos que nos convierten en paraíso fiscal, permite
la devaluación de la moneda y emitió otras leyes contra el pueblo y a favor del
capital transnacional, con el viejo pretexto de la creación de empleos sin
importar que sean precarios, sobreexploten el trabajo asalariado y no
desarrollen nuestra fuerzas productivas.
Estamos ante instituciones totalmente ilegítimas que delinquen contra el pueblo,
contra nuestra soberanía, y se dan golpes y contra golpes entre sí que acaban
con la poca institucionalidad que aún quedaba.
En el grupo oligárquico más de derecha ya no falta quien “denuncia” la
existencia de una supuesta agenda oculta acordada por el grupo de Porfirio Lobo
y Juan Orlando Hernández con Manuel Zelaya para ir a una Asamblea Constituyente.
De profundizarse esta crisis entre los dos grupos oligárquicos golpistas y vende
patrias, puede ocurrir que a Honduras se le declare “Estado Fallido”
habilitando una mayor intervención gringa.
Esto puede traer mayores niveles de represión. Ante la ausencia de
institucionalidad y de un Estado de Derecho, hoy más que nunca se hace necesaria
una Asamblea Nacional Constituyente que siente las bases para la refundación del
Estado.
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