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Estados Unidos
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Buscando la legalización de campesinos |
Varias
organizaciones comunitarias y sindicatos del Valle
Central de California organizaron una marcha el
domingo 1º de agosto en favor de propuestas de ley que
legalizarían miles de trabajadores agrícolas y a
jóvenes estudiantes.
El objetivo era presionar a congresistas federales de
Estados Unidos para que aprueben dos propuestas de ley que
favorecerían la obtención de residencia legal a miles de
campesinos en el país, en su mayoría de origen mexicano.
“Ya sabemos que estos son empleos mal pagados, duros y
que los norteamericanos no quieren realizar”, dijo Arturo
Rodríguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del
Campo (UFW, sus siglas en inglés), uno de los principales
organizadores del evento. Las propuestas en cuestión son la
llamada AgJobs y que cuenta con el apoyo bipartidista
de 63 senadores y más de 110 diputados. Esta propuesta
permitiría la legalización temporal y luego permanente de
miles de campesinos quienes también podrían inmigrar a sus
familias. Asimismo, esta propuesta haría más dinámicos los
trámites del programa de trabajadores huéspedes conocido
como H-2A, y las negociaciones salariales y derechos de los
trabajadores.
Actualmente, bajo el programa H-2A ingresan a Estados
Unidos entre 40 y 50 mil trabajadores anuales, tres por
ciento de la fuerza laboral agrícola, estimada en 1.6
millones de campesinos legales, según datos del Ministerio
del Trabajo de Estados Unidos.
A pesar del apoyo bipartidista, la AgJobs está
estancada en el Congreso. Rumores indican que la Casa Blanca
es responsable de esta situación debido a las presiones de
sectores más reaccionarios del partido Republicano. El
periódico Wall Street Journal confirmó los rumores en un
artículo fechado el lunes 12 de julio.
“Los inmigrantes, como lo fueron mis padres, trabajan
duramente, pagan impuestos, no tienen licencias de
conductor, no tienen derechos”, dijo Mariana Durazo,
organizadora principal del Sindicato de Trabajadores de
Servicios (SEIU local 250, sus siglas en inglés). “Nuestra
economía necesita esta gente, no un nuevo plan de braceros o
trabajadores huéspedes”.
Para Leonel Flores, coordinador de la Coalición para
los Derechos de los Inmigrantes del Valle Central, la
propuesta no es ideal pero tiene posibilidades de ser
aprobada. “Con el apoyo de los dos partidos, es posible que
pase, aunque pienso que no ocurrirá este año”. Flores tiene
en cuenta las presiones propias de un año electoral como
éste, donde se elegirá presidente en noviembre.
“Estoy aquí en memoria de mi abuelito que era
bracero”, dijo Anna Pérez, de 20 años y residente de Fresno.
Como ella, muchos jóvenes participaron de la marcha que al
finalizar dio lugar a breves presentaciones de activistas
locales que pedían apoyo a estas propuestas. Entre la
concurrencia, otros activistas buscaban registrar votantes y
promocionaban movilizaciones y eventos similares en un año
electoral que promete estar bien agitado.
La otra propuesta de ley y que también cuenta con
apoyo bipartidista, es la llamada “Dream Act” (Acta de
Ensueño), que permitiría a jóvenes entre 12 y 21 años, con
cinco años de residencia en el país, solicitar la residencia
legal al completar estudios secundarios o de preparatoria y
al momento de registrarse para cursar estudios superiores.
Algunos estados del país, como California, han dado pasos
decisivos al permitir que estudiantes indocumentados paguen
como residentes legales. Pero los cambios en el estatus
legal de la residencia dependen de leyes federales, no
estatales.
En el año 2003, el ex gobernador de California, Gray
Davis, aprobó una controversial ley que otorgaría licencias
de conducir a residentes indocumentados. Pero después de las
elecciones de destitución, el nuevo gobernador, Arnold
Schwarzenegger, anuló dicha ley. De esta manera, las
organizaciones de base han incluido el tema del derecho de
las licencias de conducir a sus demandas en favor del sector
social más empobrecido de la sociedad norteamericana, los
trabajadores agrícolas, quienes además carecen de estatus de
residentes legales, reduciendo así el ejercicio de sus
derechos civiles y humanos.
Eduardo Stanley
4 de agosto de 2004
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