Un guardia de prisiones saca a un hombre de una celda. Lo lleva por un pasillo hasta la cámara de ejecuciones, donde, en presencia de testigos, el preso es envenenado y muere.

Los testigos regresan a sus casas, muchos de ellos traumatizados ya para siempre. Las autoridades de la prisión que han participado directamente en esta forma de acabar con una vida humana también están traumatizadas. Los periodistas escriben artículos sobre el hombre al que acaban de matar delante de ellos. Los funcionarios desalojan la sala hasta la próxima vez.

En Estados Unidos, esta escena es totalmente habitual. Desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte, el Estado ha matado en nombre de la justicia a casi un millar de personas.

Cuando está a punto de llevarse a cabo la ejecución número 1.000, Amnistía Internacional, junto con una amplia gama de organizaciones de derechos humanos, grupos de justicia social y personas preocupadas, pide a las autoridades federales y estatales de Estados Unidos que pongan fin de inmediato a todas las ejecuciones.

"La pena de muerte es por naturaleza ineficaz, arbitraria e inútil para disuadir de cometer delitos -ha manifestado Amnistía Internacional-. Lo que hace en realidad es crear más víctimas y degradar a la sociedad en general".

Un número desproporcionado de los hombres y mujeres ejecutados en Estados Unidos en los tres últimos decenios eran personas desfavorecidas económicamente, de color y con pocas o ninguna posibilidad de contar con un abogado competente. Muchos sufrían retraso mental o eran menores en el momento en que se cometió el delito por el que fueron condenados, es decir que pertenecían a grupos a los que las normas internacionales de derechos humanos prohíben aplicar la pena de muerte. Otros sufrían enfermedades mentales graves. Muchos fueron ejecutados a pesar de existir serias dudas sobre su culpabilidad: hasta la fecha se ha dejado en libertad a 122 condenados a muerte en todo el país por haber sido declarados culpables por error.

Asimismo, el 80 por ciento de todas las ejecuciones se han llevado a cabo en el sur del país y en sólo unos cuantos estados. Casi la mitad de las 1.000 ejecuciones que han tenido lugar en Estados Unidos se han llevado a cabo en dos estados, Texas y Virginia. Nueva York, Illinois y Nueva Jersey han declarado una suspensión de las ejecuciones, y en todo el país se están planteando numerosas cuestiones sobre si el sistema de la pena de muerte es justo y eficaz. En los últimos años, la Corte Suprema ha prohibido que se ejecute personas con retraso mental y a personas que eran menores en el momento del delito.

"Estas tendencias revelan que es posible poner fin a la pena de muerte en Estados Unidos en un futuro próximo. Lo que hace falta ahora es que los dirigentes políticos federales y estatales den una muestra de valor, sabiduría y liderazgo y pongan fina a pena de muerte de una vez por todas."

"Las víctimas de delitos violentos merecen respeto, compasión y justicia -ha explicado Amnistía Internacional-. La pena de muerte no ofrece nada de esto. Es una manera falsa de solucionar problemas sociales acuciantes y denota simplemente falta de visión política".

"Los recursos gastados en estas ejecuciones se podrían haber invertido en programas de rehabilitación exhaustiva, servicio a las víctimas y prevención de la delincuencia, o incluso haberse utilizado para reforzar las actuaciones destinadas a hacer cumplir la legislación existente."

Hay ya 121 países que han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica..

"La ejecución de 1.000 personas por el Estado ha tenido un coste enorme desde el punto de vista humano, que ha afectado a las víctimas de los delitos violentos, a las familias de los ejecutados y a quienes han participado en estos homicidios sancionados por el Estado. Es hora de que Estados Unidos se dé cuenta de la inutilidad de la pena de muerte y siga la tendencia mundial hacia su abolición."

Amnistía Internacional

28 de noviembre del 2005
 

Foto: amnesty.org