La política de este pequeño país andino está salpicada de situaciones singulares y, por cierto, de personajes sui géneris. Uno de ellos, el actual presidente de la República, coronel retirado que llegó a la Presidencia luego de alentar un golpe de estado y con un discurso de cambio que lo archivó a poco de su triunfo. Esto no tiene nada de singular, muchos gobernantes latinoamericanos desplegaron un discurso para ser electos, que luego lo contradijeron con su práctica gubernamental.

Lucio es algo diferente. En estricto sentido, él no faltó a la fidelidad debida a quienes patrocinaron su candidatura. Esta fue un acto de conveniencia, sin acuerdo programático alguno. El se alquiló como candidato de un grupo importante de la izquierda (que incluso no veía como posible el éxito en las urnas), aprovechándose de la incapacidad de los líderes de dicha tendencia para consolidar un frente amplio.

Al inaugurar su gestión, Lucio proclamó su negocio. Se presentó como de izquierda y de derecha. Con ese anunció, quizás no comprendido en enero del 2003, se ubicó en el mercado. Y desde entonces adecuó su gestión y su equipo de gobierno a los intereses de sus sucesivos arrendatarios.

Con este presidente arrendable, diversas relaciones han sido posibles. Unas no duraron mucho, aunque otras, hay que reconocerlo, se han sostenido. Los primeros desahuciados fueron los grupos que viabilizaron la elección de Lucio, con los indígenas a la cabeza. Hace poco se distanció el mayor partido de la derecha, el Socialcristiano, que casi desde el inicio del gobierno, sin una alianza formal de por medio, obtuvo varias prebendas de Lucio; y este partido ahora -quizás resentido por un mal reparto- impulsa, con otras fuerzas políticas, una interpelación para destituir al presidente, quien recién hoy amenaza con cobrar deudas de vieja data a la acaudalada familia del líder socialcristiano.

Entre las segundas, o sea entre los auspiciantes que todavía duran, asoman el gobierno de los EEUU, el FMI, los acreedores de la deuda externa y la banca nacional. En ese ámbito se entienden las recientes declaraciones públicas a favor de Lucio de KK, de la embajadora del reelecto Jorge Bush II. Ella debe estar preocupada porque la salida de su socio podría significar un tropiezo para el TLC o para la participación sumisa del Ecuador en el Plan Colombia. Angustia similar se percibe en el mundillo financiero, porque la destitución de Lucio podría, por ejemplo, entorpecer la recompra de los bonos de la deuda a cotizaciones elevadas. En este confuso mercado arrendaticio lucran tanto los taxistas que esperan importar vehículos libres de aranceles a cambio de su apoyo a Lucio, como Alvarito Noboa -el multimillonario encaprichado por comprarse la Presidencia- y quien no estaría pagando todos los impuestos que debe, así como Abdalá Bucaram, el prófugo que no ha dejado de pescar a río revuelto. Y no faltan otros grupos, que al no avalar el juicio contra Lucio, por el pretexto que sea, lo que buscan es obtener alguna migaja en medio del caos, sin dejar de declararse opositores al régimen.

El saldo de este gobierno de alquiler es obvio: inestabilidad, que incluso aumentará por la acción del impostor, quien nunca dará la talla de un estadista.
 

Alberto Acosta
Convenio La Insignia / Rel-UITA

11 de noviembre de 2004