En mayo pasado y después de una negociación que duró
un poco más dos semanas, el Sindicato de Trabajadores
Bananeros de Izabal (SITRABI)
firmó un nuevo Convenio Colectivo con la Compañía de Desarrollo Bananero
de Guatemala SA (BANDEGUA), logrando importantes avances en materia
salarial, proyectos sociales y en la defensa de los derechos adquiridos
en tantos años de lucha.
El nuevo
Convenio se suscribió el 19 de mayo y entró en vigor tres días después.
Entre los puntos más importantes, se logró mejorar los salarios,
ajustándolos al aumento del salario mínimo decretado por el gobierno y
aplicándolos tanto a los trabajos por hora como a los trabajos por
pieza. “En total logramos un incremento salarial entre 18,85 y 20 por
ciento”, dijo a Sirel, Noé Ramírez, secretario general del
SITRABI.
Ramírez subrayó la importancia de haber logrado cerrar esta negociación con
evidentes mejoras para los trabajadores y trabajadoras, incluyendo un
nuevo plan de viviendas y tres nuevos vehículos para el trabajo
sindical.
“Con la
situación de crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial, es
muy importante no sólo haber logrado ese significativo aumento salarial,
sino sobre todo haber podido reafirmar y defender las conquistas
sociales alcanzadas en todos estos años”, manifestó el dirigente
bananero.
En cuanto
a la estabilidad laboral y al respeto de los derechos laborales y
sindicales, Ramírez dijo que hay señales de mejoramiento de las
relaciones obrero-patronales.
“La
empresa está cumpliendo el Convenio Colectivo en más del 90 por ciento,
lo cual es positivo aunque hay aspectos que todavía deben mejorar.
Dentro de la misma negociación hemos insistido en que sea la Comisión
Mixta Permanente el ámbito donde resolver los conflictos, y esto está
ayudando en mejorar las relaciones”, explicó el secretario general del
SITRABI.
Impunidad
A partir
de 2007, cuando fue asesinado Marco Tulio Ramírez Portela,
hermano de Noé Ramírez, SITRABI ha sufrido la perdida de
una decena de dirigentes y afiliados a la organización, 5 de los cuales
en los últimos 16 meses. Asimismo, sus principales dirigentes han sido
víctimas de intimidaciones y amenazas.
Pese a
esta situación, el nuevo gobierno de Otto Pérez Molina decidió
suspender la protección que se venía brindando a Noé Ramírez, y
fue solamente gracias a la presión ejercida a nivel nacional e
internacional que fue restablecida recientemente, aunque sólo por 5 días
a la semana.
“Sentimos que la situación se ha calmado un poco, sin embargo sabemos
que no podemos estar tranquilos, ni bajar la guardia. Tampoco ha habido
avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros dirigentes
y afiliados, y seguimos exigiendo que cese la impunidad”, concluyó
Ramírez.
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