En la ciudad de Montevideo el servicio de suministro de gas por cañería ha sido prestado históricamente por empresas de capitales extranjeros y durante un paréntesis de veinticuatro años, por el Estado, hoy lo presta Gaseba S.A. el accionista mayoritario es Petrobrás titular del 66 % del capital

La Compañía del Gas y Dique Seco de Montevideo, de capitales ingleses explotó el servicio de gas por cañería desde 1872. Luego de casi un siglo de actividad, la Compañía abandonó el servicio, obligando al Estado a hacerse cargo de la empresa. Dos años y medio después, la Ley 14.142 de 3 de julio de 1973 regularizó tal situación de hecho. Dicha norma fue aprobada por el Senado una semana antes del golpe de Estado y promulgada tácitamente por vencimiento del plazo que tenía el Poder Ejecutivo para observarla.

Es por demás interesante la previsión del art. 7º de la Ley, que faculta al Poder Ejecutivo a hacer funcionar la empresa estableciendo que, el arrendamiento o venta “solamente podrán realizarse a una o varias cooperativas de producción que se constituyan con intervención de los trabajadores”. Coherentemente el art. 9º asegura a los trabajadores un representante de los tres, que integran la Comisión Interventora, instrumento hábil para estimular y mejorar las capacidades de gestión de los trabajadores con vistas a una futura cooperativización. Posteriormente, el gobierno dictatorial, por el Decreto Ley 15.270, de 27 de abril de 1982, eliminó la referencia a las cooperativas, abriendo la puerta a futuras privatizaciones.

Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1994), se concedió el servicio al grupo Gaseba, integrado por Gaz de France socio mayoritario con el 51% de las acciones, por Panamerican Energy con el 34 % y Acodike con el 15%. La relación entre Gaseba y sus trabajadores fueron conflictivas desde el arranque. En varias oportunidades se produjeron despidos de trabajadores “casualmente” afiliados y dirigentes de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGAS). Dichas medidas provocaron largos e intensos enfrentamientos entre la empresa y el sindicato. Finalmente, en mayo del 2005 se logró restituir a los tres últimos destituidos luego de un duro conflicto que incluyó una prolongada huelga de hambre de tres trabajadores y la ocupación de las oficinas centrales de la Compañía. A esa altura era evidente que Gaseba no había realizado una gestión medianamente aceptable. La empresa francesa se había comprometido a principios del 2005 a duplicar la suma de 45.000 usuarios del servicio y al cumplirse el plazo dicha cifra se había reducido a 43.000. Según fuentes del sindicato el número de clientes continúa disminuyendo. Por otra parte el estado de la red es deficitario, habiéndose producido intoxicaciones de usuarios.

Al finalizar el conflicto ya era pública la decisión de Gaz de France de vender sus acciones a Petrobrás. La transacción se concretó a principios del 2006. Poco después, Petrobrás adquirió también las acciones de Acodike. La empresa estatal brasileña comenzó a actuar en el mercado del gas natural en el Uruguay en el año 2004, con la compra del 55% de las acciones de Conecta, concesionaria de la distribución de gas en el interior. Cuando Petrobrás hizo pública la adquisición del paquete accionario de Gaseba, destacó que la adquisición "integra" su estrategia de "fortalecerse" como empresa integrada de energía, con liderazgo en América Latina. No es menor el dato de que se maneja la posibilidad que el Estado uruguayo participe de Gaseba adquiriendo el 15% de las acciones. Dicha participación sería asumida por ANCAP

A fines de junio del 2006 la compañía estatal brasileña asumió la conducción de Gaseba. Las negociaciones con la UAEOGAS no han sido fáciles. Luego de la experiencia sufrida en los últimos doce años el Sindicato pretende un convenio de estabilidad laboral. El nuevo gerente general de Gaseba  Augusto Riezemberg ha dicho que no hay intención de echar a nadie pero que la empresa no está dispuesta a negociar convenio alguno sobre el tema.

Por su parte el gremio discute la forma de relacionamiento con el personal, adoptada por la actual dirección de la empresa. El periódico sindical “La llamarada”, aludiendo a las jornadas de formación de líderes dirigida a los encargados, afirma en su edición de Diciembre de 2006: “Mientras la empresa pierde usuarios todos los meses, no hay materiales de trabajo, no hay plan estratégico de desarrollo, y por tanto sólo se apuesta al trabajo ideológico con los mandos medios (…) sin dar respuesta a ningún problema de fondo.”

Los sindicalistas están preocupados por el futuro de la empresa. La nueva dirección se ha comprometido a recambiar las cañerías, inversión indispensable que los anteriores propietarios habían omitido, con riesgos notorios para usuarios y trabajadores. No obstante, consideran que las inversiones previstas son insuficientes. Existe una promesa, por parte de la empresa de integrar una representación de UAEOGAS a un futuro comité de plan estratégico, sin embargo, es notorio que está adoptando medidas que suponen cambios funcionales, redefinición de categorías, traslados de trabajadores, sin informar ni consultar, a la organización sindical.

Durante el pasado mes de diciembre se desató un conflicto por la decisión de la empresa de trasladar un grupo de funcionarios. Como lo señaló la dirección del sindicato no se trataba de una simple mudanza. Debe tenerse en cuenta que los trabajadores habían solicitado una garantía de que no se iban a perder fuentes de trabajo por los cambios funcionales que estaba llevando a cabo la empresa y que la respuesta fue negativa.

El 21 de diciembre se llegó a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, por el cual se constituyó un ámbito de negociación con participación de la patronal, el sindicato y el Ministerio. Se fijó un plazo hasta el 15 de febrero para llegar a un acuerdo. Durante dicho plazo, la empresa se comprometió a no tomar decisiones unilaterales sobre los temas a tratar en la mesa de negociación. El sindicato interpretó la decisión de la empresa como un intento de probar la capacidad de respuesta del gremio en una coyuntura desfavorable ya que a fin de año normalmente decaen todas las actividades (se otorga mayor número de licencias, hay menos días laborables por las fiestas tradicionales).

Los hechos reseñados nos obligan a reflexionar respecto del rol de la organización sindical. No se trata solamente de obtener las mejores condiciones de trabajo para sus afiliados. Un sindicato responsable puede y debe incidir en la marcha de la empresa, opinando sobre temas estratégicos, que no tienen por qué estar reservado solamente a los empresarios. También cabe preguntarse hasta qué punto un servicio público puede ser administrado por una empresa sin participación del Estado. La experiencia indica que una empresa estatal que actúa fuera de su país, lo hace con la misma lógica empresarial de las transnacionales. Aunque sea la empresa estatal del vecino y socio en el proceso de integración.

En Montevideo, Uruguay Ortiz © Rel-UITA 11 de enero de 2007