Vivir
de cerca, analizar y sensibilizar sobre
el drama de las migraciones masivas a lo
largo del territorio que se extiende
entre Centroamérica y el sur de Estados
Unidos, ha sido el objetivo del informe
presentado en Nicaragua por la
Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), en colaboración con el
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(CENIDH).
Los datos presentados reflejan una
situación altamente dramática y
explosiva.
En 2006
fueron 179 mil los extranjeros -94 por
ciento centroamericanos- deportados por
las autoridades mexicanas y 858 mil los
que fueron apresados y deportados por
los cuerpos represivos estadouniden-ses
(514 mil mexicanos). Unos 4.000
migrantes fallecieron atravesando el
muro material o virtual (entre México y
los Estados Unidos) en los últimos 12
años, es decir 15 veces más de las
personas que en 28 años perdieron su
vida tratando de cruzar el muro de
Berlín.
Y los números se incrementan año a año.
“Para las autoridades y la mayoría de
los medios de comunicación, los
inmigrantes son "ilegales", señala el
informe. La utilización de este término
conduce a decir que los seres humanos
son ilegales. Este calificativo
demuestra una tendencia a la
criminalización de la migración,
haciendo pasar al migrante que entra en
un territorio nacional sin sus papeles
en regla, por un delincuente.
Esto con frecuencia va acompañado de una
amalgama entre migrantes indocumentados
y terroristas. Esta evaluación tiene
graves consecuencias porque favorece la
legitimación de medidas más represivas
en nombre de la seguridad nacional,
desviando la atención de las violaciones
de los derechos humanos fundamentales de
esta población”, puntualiza el documento
presentado por la FIDH.
Como explicó la Dra. Vilma Núñez,
vicepresidenta de la FIDH y
presidenta del CENIDH,
“realizamos este estudio para
visibilizar y documentar las graves
violaciones de derechos humanos que
afectan a los migrantes en la región.
Entre las principales causas de este
fenómeno hay que destacar la
impasibilidad de los gobiernos
centroamericanos hacia el compromiso que
tienen con su gente de promover trabajo,
luchar contra la pobreza, garantizar
oportunidades y una vida digna. Sin
lugar a dudas -continuó Núñez- la
migración representa el drama de miles
de centroamericanos en su esfuerzo de
llegar a Estados Unidos, donde
pretenden encontrar una solución a los
problemas en sus países de origen”.
El informe es el resultado de un largo
recorrido que llevó a la FIDH a
transitar por una de las principales
rutas que utilizan los migrantes. Salen
de Nicaragua, Honduras y
El Salvador y se mueven con
relativa tranquilidad hasta Guatemala
gracias al CA-4, documento que facilita
el libre ingreso y tránsito a los
nacionales de estos cuatro países
centroamericanos. Las dificultades y
violaciones comienzan en Tecún Umán, en
la frontera entre Guatemala y
México, cruzando el Río Suchiate y
llegando hasta Tapachula, para después
caminar largos días para alcanzar
Arriaga, donde tratan de llegar a la
frontera entre México y
Estados Unidos.
Generalmente viajan solos y solas,
avanzando por etapas, o pagando grandes
cantidades de dinero a los “coyotes” o
“polleros”, quienes muchas veces se
aprovechan de ellos estafándolos o
simplemente abandonándolos en medio del
desierto. El territorio mexicano se
convierte de esa manera en el lugar más
peligroso para miles de centroamericanos
indocumentados.
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Queda al desnudo la
incoherencia del gobierno
mexicano, que exige a los
Estados Unidos un trato
humanitario para su gente y
al mismo tiempo violenta
sistemáticamente los
derechos humanos de los
migrantes centroamericanos |
“A pesar de tener casi 50 años de
trabajo en la defensa de los derechos
humanos, la desesperación de las
personas que no han logrado llegar a su
destino es algo que me ha marcado
fuertemente, destacó Núñez.
Estamos acostumbrados a trabajar con
personas que están concientes de los
riesgos que enfrentan, sin embargo en
ese caso no es así y estando allá uno se
siente partícipe de la sensación de
impotencia que viven en los centros de
detenciones”.
Incoherencia y violencia hacia los
migrantes
Según el informe, frente a esta
migración masiva, las políticas
nacionales tanto de Estados Unidos
como de México, siguen siendo
incoherentes y atentatorias a los
derechos humanos.
“En Estados Unidos –añade
Núñez- se implementa una política de
disuasión que se ha traducido en una
fuerte militarización de la frontera,
con nuevas tecnologías, el empleo de más
de 15 mil patrulleros fronterizos (B.P.)
y la construcción de un muro.
En México son numerosas las
detenciones de migrantes por miembros de
cuerpos sin facultad legal de hacerlas.
El objetivo principal de estas
detenciones es la extorsión, acompañada
muchas veces por violencia, amenazas,
hostigamiento sexual o violaciones de
mujeres. Pudimos también constatar una
situación de casi total impunidad por
parte del gobierno mexicano. Visitamos
juzgados y centros de defensa de los
derechos humanos y no encontramos un
solo caso de condena judicial por los
abusos contra los migrantes.
Existe una situación de represión
constante, en Arriaga, cuando tratan de
montarse en el tren que los lleva hacia
la frontera con Estados Unidos,
la empresa de ferrocarril contrata a los
“garroteros”, o sea personal de
seguridad que colabora con las fuerzas
policiales para interceptar, golpear y
detener a los indocumentados. En un
famoso operativo llamado “Relámpago”
fueron muchos los migrantes que
fallecieron. De esta manera queda al
desnudo la incoherencia del gobierno
mexicano, que exige a los Estados
Unidos un trato humanitario para su
gente y al mismo tiempo violenta
sistemáticamente los derechos humanos de
los migrantes centroamericanos”, explicó
Núñez.
El informe advierte también como en la
frontera de Estados Unidos “los
agentes utilizan el hostigamiento, la
degradación, la humillación y la
intimidación verbal junto a la fuerza
letal contra quienes atraviesan
ilegalmente la frontera”, haciendo
énfasis en las difíciles condiciones que
los migrantes viven en los centros de
detenciones en los dos países.
Existe también una verdadera violación
al derecho a la vida. “Cuando alguien
muere –prosigue Vilma Núnez- la
ley obliga a las autoridades a comunicar
al consulado para la entrega del cuerpo,
pero en Ciudad Hidalgo existe sólo el
consulado de Guatemala. Muchas
veces las autoridades se deshacen de los
documentos para evitarse los trámites
burocráticos y los fallecidos son
clasificados como NN (no identificados).
Todos estos cuerpos son enterrados en
fosas comunes. Fuimos al cementerio de
Tapachula para mirar esta fosa y
constatamos que estaba debajo de un
basurero. Nos explicaron también que
ahora por falta de espacio los entierran
entre las diferentes tumbas”. La
presidenta del CENIDH, subrayó
que no informar a los familiares sobre
donde está enterrada una persona,
constituye una violación del artículo 7
del Pacto de los Derechos Civiles y
Políticos y puede ser clasificado como
tortura.
Entre las recomendaciones que la FIDH
hace a los gobiernos de México y
Estados Unidos se destaca:
cambiar el paradigma en las políticas
migratorias; reformar urgentemente las
leyes migratorias; poner fin a las
violaciones masivas de los derechos
fundamentales de los migrantes; brindar
garantías a los migrantes indocumentados
arrestados y estudiar los impactos de
cómo el TLCAN y el CAFTA
presionan o no el flujo migratorio.
