Los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 se reunieron las jefas y los jefes de Estado de los países iberoamericanos en Estoril, Portugal, para abordar como tema central la “innovación y conocimiento”, porque descubrieron que son “instrumentos fundamentales para erradicar la pobreza, combatir el hambre y mejorar la salud de nuestras poblaciones, así como para alcanzar un desarrollo regional sostenible, integrado, inclusivo, equitativo y respetuoso del medio ambiente”, entre otras generosidades establecidas ya en el primer párrafo de la Declaración de Lisboa.

 

Pero, obviamente, pasaron agachados respecto a las reales causas de la miseria, el hambre y el desequilibrio social en el planeta: la concentración de la riqueza, un modelo neoliberal económico sin rostro social y la política usurera del multilateralismo económico, bajo la sombra siniestra del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.

 

Como ya es tradicional en este tipo de encuentros como el del G-20, la Declaración de Lisboa en sus 27 puntos está plagada de retórica y buenos propósitos, siempre sujetos a la liberalidad y buena voluntad de los países asociados para su cumplimiento y puesta en práctica. Por esa razón, el contenido de los puntos de acuerdo siempre resulta ser laxo y genérico.

 

Pero además, en el caso del Encuentro Iberoamericano, se prioriza el interés por incentivar el desarrollo científico y tecnológico y el esfuerzo público y privado para lograr “el más alto nivel de calidad científica en los procesos productivos”, ignorando al mundo del trabajo como un contexto social y ubicándolo más bien en términos de calidad y productividad, siendo ésta la razón por la cual de los 32 puntos de las conclusiones, sólo dos se refieren a la cuestión laboral en la siguiente forma:

 

“Destacar la importancia crucial de fortalecer la oferta y la calidad laboral de los pueblos iberoamericanos como condición esencial para la promoción de la innovación”.

 

“Desarrollar e incentivar estrategias de fomento de la inserción laboral, la promoción del emprendimiento y la ampliación de las garantías y calidad laboral, incluyendo el empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) y el teletrabajo para la generación de trabajo digno”.

 

Estos dos párrafos, tomados literalmente del texto de la Declaración, revelan el menosprecio y la forma clasista en que se ignora la responsabilidad de asumir compromisos para el cumplimiento de la normatividad internacional emanada de la OIT y, antes bien, nos anuncia el fortalecimiento de otra forma de empleo, más leonina y agresiva contra los derechos laborales y sociales que las establecidas en las funestas cooperativas de trabajo asociado y se refieren concretamente al “teletrabajo para la generación de trabajo digno”.

 

Es decir que se consolidó el acuerdo para la explotación laboral desde la casa a través de la informática, obviamente sin negociación colectiva, sin sindicatos, sin seguridad social bajo responsabilidad empresarial, pero eso sí, con la engañosa tesis de la responsabilidad social empresarial tenemos el “derecho a la explotación digna”.

 

El sindicalismo iberoamericano se reunió en la X Cumbre Sindical, también efectuada en Lisboa, el 23-24 de noviembre de 2009. Allí se produjo un documento a manera de solicitud para la cumbre de los gobiernos iberoamericanos en cuyo segundo párrafo manifiesta: “Los gobiernos iberoamericanos deben impulsar la educación pública y la formación profesional como mecanismo de inclusión de las nuevas generaciones, con sistemas educativos que garanticen calidad e igualdad de condiciones. La pobreza de la niñez en gran parte de nuestros países no tiene otra causa que el empleo y la precariedad laboral de los adultos”.

 

Y así, el contenido total de la declaratoria de la X Cumbre Sindical Iberoamericana, insiste en la necesidad de acuerdos de asociación y de cooperación para el desarrollo, basados en la democracia participativa, diálogo social tripartito y negociación colectiva, en orden a la normatividad que componen fundamentalmente los convenios 97, 143, y 157 de OIT.

 

Me atrevo a pensar, luego de la lectura de la Declaración de Lisboa suscrita por los gobiernos de los países iberoamericanos, que la forma en que este tipo de encuentros como el de jefes de Estado realizado en Lisboa, el Encuentro del G-20 y el G-8 ignoran los pronunciamientos y acciones del movimiento sindical internacional, debería llevarnos a una reflexión en la CSI y la CSA, sobre si es válido ese mecanismo para la búsqueda de la inclusión de nuestras tesis y propuestas o se requiere una implementación que obligue a hacer sentir con eficacia la posición de los trabajadores organizados en el mundo.