Dieciséis años de políticas neoliberales y de falsas promesas han convertido Nicaragua en el segundo país más pobre de América Latina

La reducción del Estado, la privatización de los servicios básicos, un ejército de pseudo economístas y empresarios sin escrúpulos, políticos y gobernantes que han utilizado el sector público como territorio de conquista, para enriquecerse y desarrollar la más brutal corrupción en las últimas décadas, han llevado el país al borde del colapso.

Nicaragua se ha transformado en un país que sobrevive gracias a las remesas familiares de miles de nicaraguenses, quienes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar para no morirse de hambre.

Se calcula que aproximadamente el 80 por ciento de la población sobrevive con menos de dos dólares de ingreso promedio diario y que la inmensa mayoría de nicaraguenses trabajan en el sector informal o no tienen trabajo.

Los índices de analfabetismo se han disparado nuevamente (800 mil jóvenes quedan cada año fuera del sistema escolar) y el acceso a la Salud volvió a ser sólo un sueño para la inmensa mayoría de los nicaraguenses.

El derrumbe de los bancos estatales dejó a los pequeños y medianos productores del campo sin acceso al crédito y el desarrollo siempre más fuerte de los monocultivos para la exportación, originó el desalojo de miles de familias campesinas y el avance de la frontera agrícola hacia el este del país. Nadie está interesado en financiar la producción de alimentos.

Al mismo tiempo, pequeñas élites controlan la riqueza que cada año se genera, aumentando aún más la brecha entre ricos y pobres.

Nicaragua sobrevive también de la “limosna” de Organismos financieros internacionales, que conceden préstamos a cambio del total y estricto apego a sus condicionalidades. La total sumisión de los gobiernos y de los políticos a estas desastrosas recetas económicas, ha llevado el país a vivir una democracia a media, con graves limitaciones a su soberanía.

Es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en los últimos años ha implementado la imposición de más de 25 condicionalidades a cambio de suscribir nuevos Programas de financiamiento.

Frente a estas políticas del FMI, la Coordinadora Civil (CCER) promovió una Campaña internacional de presión para que se flexibilicen las condicionalidades impuestas a Nicaragua.

Según el economista Adolfo Acevedo Vogl, “hemos promovido una fuerte Campaña de presión contra la actitud del FMI, a través del envio de cartas de protesta, involucrando a organizaciones internacionales como Oxfam Intermón, Oxfam Gran Bretaña y Francia, Trocaire, MS Dinamarca, Foro SY Suecia, ALPE, Red Jubileo, diferentes organizaciones de España y Alemania y también muchas organizaciones nicaragüenses.

Con estas condicionalidades impuestas a Nicaragua, se impide al país poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados por unanimidad por todos los Jefes de Estado que integran las Naciones Unidas.
Por primera vez, el FMI está imponiendo reformas constitucionales al gobierno nicaragüense, hecho totalmente inaceptable y que violenta la soberanía de nuestro país. Constituye un acto sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales, el cual difícilmente resultará en la creación de un sentido de apropiación alrededor de las decisiones adoptadas, y lo más probable, es que engendre resistencia en la población".

Entre las condicionalidades impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Nicaragua se encuentran el congelamiento de la masa salarial del Gobierno y sobretodo de los sectores Educación y Salud, la transferencia de nuevas funciones a las Alcaldías congelando, al mismo tiempo, las trasferencias de recursos económicos, las reformas a la Constitución Política del país para la "revisión" de las asignaciones constitucionales a Universidades de Servicio Público, Municipalidades y Poder Judicial, una profunda revisión del Código Tributario, fijar un techo máximo al Gasto Público, el pago de la Deuda Interna con fondos del Alivio de la Deuda Externa (supuestamente, estos fondos deberían de utilizarse en los Programas para la Reducción de la Pobreza), determinados porcentajes de aumento en las tarifas de los servicios públicos ahora controlados por empresas privadas (un 25% en 2005, 6% en 2006 y luego ajustes automáticos para la transnacional española Unión Fenosa, que controla la distribución de energía eléctrica), subordinando a esta condicionalidad a los propios entes reguladores competentes.

El 19 de Junio del 2006, el FMI envió una carta de respuesta a la Coordinadora Civil, declarando que los principales problemas que obstaculizan el alcance de los ODM no tienen nada que ver con sus políticas y con las condicionalidades impuestas al país, sino que dependen del aumento del Gasto Social.
Ese aumento, según el FMI, se debe esencialmente a las transferencias presupuestarias a las municipalidades y a la asignación del 6 por ciento del PIB a las universidades, porcentaje garantizado por la Constitución Política de Nicaragua.

Según la respuesta enviada  por Oxfam Intermón y la Coordinadora Civil al FMI “el Gasto destinado a la Lucha contra la Pobreza, se mantuvo prácticamente estancado en los últimos años y esto a pesar de los considerables recursos adicionales, aportados por el aumento de los ingresos fiscales y el alivio de la Deuda Externa, fruto de la Iniciativa HIPC (para los países altamente endeudados).

Sólo en 2005 hubo un cambio de tendencia, debido a dos razones.

Una primera razón fue el incremento en los montos de transferencias presupuestarias a las municipalidades y el aumento de los salarios de los docentes y trabajadores de la Salud.

El FMI se manifestó en contra de esta medida, llegando incluso a justificar en ella la suspensión de su Programa con Nicaragua.

 
La segunda razón fueron los subsidios otorgados al sector Transporte urbano colectivo y a la transnacional española Unión Fenosa. El subsidio a Unión Fenosa resultó ser cinco veces superior al que se otorgó al sector Transporte, alcanzando hasta un 0.6% del PIB.

Pero la cosa más absurda es que el FMI lo incluye como parte del Gasto para la Reducción de la Pobreza" concluyó Acevedo Vogl.

 
Los firmantes de la carta expresaron también su rechazo al intento del FMI de imponer modificaciones al marco constitucional de Nicaragua "en cuanto
los verdaderos obstáculos al cumplimiento de los ODM - añadió Acevedo Vogl - son representados por el Sistema Tributario nicaragüense, que es uno de lo más regresivos de la región y por las entradas económicas que siguen concentrándose en un pequeño grupo de personas. Ese grupo, que concentra en sus manos las riquezas del país, contribuye de forma mínima a las entradas fiscales, sigue gozando de masivas exenciones y exoneraciones fiscales, mientras que el cargo tributario recae casi totalmente en la mayoría de la población, que vive en la pobreza.
Además, el Alivio a la Deuda Externa en los últimos años liberó importantes recursos fiscales pero, en lugar de ser invertidos en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, fueron absorbidos por el pago de la Deuda Interna, que ha alcanzado niveles desmedidos".

La Deuda Interna surgió a raíz de la quiebra fraudulenta de cuatro bancos entre 2000 y 2001, y  de la emisión de Certificados Negociables de Inversión (CENIs) por más de 500 millones de dólares y su adquisición por banqueros nacionales. Actualmente, el Estado ha pagado 298 millones de dólares a los bancos privados en concepto de interés y de dudosas recalificaciones de carteras, que han levantado muchas sospechas de ilegalidad del entero proceso.

El próximo 26 octubre, la Coordinadora Civil (CCER) organizará una jornada de movilización nacional con el propósito de respaldar la Agenda Ciudadana " La Nicaragua que queremos".

 
Los objetivos de esta Agenda y la marcha que recorrerá las principales calles de Managua, tocan aspectos muy sensibles como la demanda de recursos del Presupuesto General de la República para mejorar el acceso y la calidad de la educación, de la salud y de las viviendas.

Se estará solicitando la aprobación de leyes urgentes como la Ley General del Agua, de Igualdad de Oportunidades, de Acceso a la Información Pública, de Fomento a la Producción y Reestructuración de la Dueda Interna, así como la renacionalización de la energía eléctrica, entre otros.

 
Esta marcha tiene también el objetivo de protestar en contra de las Condicionalidades impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Nicaragua.

Según Georgina Muñoz de la CCER "la Nicaragua que queremos es posible sin las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

La situación de pobreza en el país y la falta de políticas reales a favor de la mayoría de la población nos ha llevado a posicionar nuestras demandas, basándonos en procesos de investigación y sobretodo desde el contacto directo que tenemos cada día con la ciudadanía.

Pedimos también el incremento de la inversión en Salud y Educación. Sin estas inversiones es imposible hipotizar un verdadero desarrollo para el país. Los acuerdos entre el Gobierno y el FMI cierran oportunidades y amplían la brecha entre ricos y pobres y casi nadie se da cuenta de ese tema. Sólo se ven sus dramáticos efectos en la población.

La Coordinadora Civil, a pocas semanas de las elecciones nacionales y teniendo como reto la implementación de la Agenda Ciudadana "La Nicaragua que queremos", presentada y firmada como compromiso por todos los candidatos a presidente, considera que nunca podrá ser realmente llevada a la práctica si no se da en el marco de las condiciones que requiere el país y no de aquellas impuestas por el Fondo Monetario.

Por este motivo, estamos organizando una marcha nacional de carácter independiente, sin ideologías partidaria, donde se exprese la voluntad política ciudadana de demandar la flexibilización de las condicionalidades del FMI hacia nuestro país y exigir, al futuro gobierno, la capacidad de negociación y transparencia en la información de estos convenios y acuerdos con los organismos financieros internacionales, así como un diálogo abierto y amplio partiendo de las necesidades y propuestas de la Nicaragua que queremos."

 
Adolfo Acevedo Vogl, recordó como "el 60 por ciento de los hogares más pobres tiene un ingreso promedio por persona menor a $1,17 por día y en estas familias vive casi el 80 por ciento de los niños/as de nuestro país.

Estos mismos niños/as alcanzan a lo sumo una escolaridad de cinco años. Con una escolaridad como esa, la única ocupación que van a encontrar por el resto de su vida, van a ser ocupaciones que los van a mantener debajo del umbral de la pobreza y de la pobreza extrema. El gasto de Educación en Nicaragua es exageradamente bajo.

Las condicionalidades del Fondo Monetario establecen e imponen una asignación de recursos que no permite llevar el gasto de educación a los niveles requeridos.
Ningún país en el mundo se ha desarrollado si no ha resuelto primero el problema de la educación. Nicaragua no ha solucionado este problema y hay que plantearlo muy seriamente al Gobierno y al FMI.

Ningún candidato ha explicado como va a hacer para negociar con el FMI para levantar la educación y para asegurarles a todos los niños y niñas de este país una perspectiva mínima de futuro.

Los medios de comunicación y la ciudadanía tenemos que plantearles a los políticos a que se enfoquen en ese asunto fundamental".

 
Todo ese debate está permitiendo generar una conciencia crítica de estos temas en la ciudadanía y en Nicaragua se han levantado más de 20 mil firmas que serán entregadas el día 26 de octubre a la Asamblea Nacional, para hacer prevalecer las demandas. Estas firmas se juntan a las más de 20 mil cartas enviadas por correo electrónico al FMI.

FOTOS: Giorgio Trucchi

NOTA:Se puede enviar la carta de protesta al FMI a través de la página web  www.ccer.org.ni