La Justicia uruguaya resolvió ayer archivar las investigaciones sobre el asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman. Su abogado, José Luis González, informó a Página/12 desde Montevideo que “aún no fue notificado formalmente” sobre la decisión judicial, pero señaló que está estudiando elevar un recurso de apelación ante la Corte Suprema.

De todos modos, el letrado aclaró que si la decisión no pudiera ser revertida sólo quedaría cerrada la vía judicial para conocer el destino final de la mujer secuestrada en 1976 en Buenos Aires y asesinada en Uruguay tras dar a luz a una niña. “El cierre de la causa implica que el Poder Judicial no va a poder seguir investigando, pero no quiere decir que no lo pueda seguir haciendo el Poder Ejecutivo”, expresó González.

Según explicó el abogado, “el nuevo gobierno tiene una disposición enorme para la búsqueda de los restos de los desaparecidos, está plasmando en acciones lo prometido, a pesar de que aún no haya resultados”. De hecho, a diferencia de lo ocurrido durante la administración de Jorge Batlle, el cuerpo de María Claudia García Irureta Goyena ya fue buscado en un predio y en dos batallones. “Son cosas independientes, esto paralizaría la búsqueda sólo a nivel judicial”, agregó González.

El Tribunal de Apelaciones que tenía a estudio el caso de la nuera de Gelman le dio la razón al fiscal Enrique Moller, y si no prospera el planteo contrario el juez de primera instancia debería archivar la causa. Por su parte, la representante de Familiares de Desaparecidos uruguayos, Luz Ibarburu, señaló que “es muy duro para nosotros. Yo hablo a título personal y espero que la Suprema Corte revea esta decisión”.

El fiscal Moller consideró que la causa está comprendida en la Ley de Caducidad, que amnistió a policías y militares involucrados en la violación de derechos humanos durante la dictadura que gobernó ese país entre 1973 y 1985. Así fue consignado por la radio montevideana El Espectador en su página web. La postura de Moller se opuso a la del juez Gustavo Mirabal, que venía llevando a cabo la investigación judicial. Mirabal dispuso la realización de excavaciones en predios del Regimiento 14 de infantería blindada de la vecina localidad de Toledo, tras una pesquisa interna en el ejército que permitió obtener datos del lugar donde supuestamente se encontrarían los restos de María Claudia.

Además, el magistrado ordenó el cierre de fronteras para siete militares y un ex policía sindicados como los principales responsables del secuestro, el traslado ilegal a Uruguay desde Argentina de la nuera de Gelman y su posterior asesinato. La disposición se puso en práctica para los militares Jorge Silveira, Antonio Rodríguez Buratti, José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Manuel Cordero (residente en Brasil) y para el policía retirado Ricardo Medina.

María Claudia fue secuestrada por militares argentinos en agosto de 1976 en Buenos Aires, junto con su esposo, Marcelo Gelman. El cuerpo de Gelman fue encontrado poco después cerca de Buenos Aires y enterrado como NN, mientras que su compañera estuvo recluida en el centro de torturas Orletti. En octubre de 1976 fue trasladada a Montevideo, donde fue asesinada luego de dar a luz, en noviembre de 1976. La niña, Macarena Gelman, creció sin conocer su verdadera identidad y fue localizada por su abuelo cuando tenía 23 años de edad.

El Ejecutivo está en contra

El vicepresidente de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, afirmó que su gobierno no comparte la decisión de un tribunal de apelaciones que resolvió clausurar la investigación por el asesinato de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.

Nin Novoa, presidente en ejercicio, analizó ayer el tema con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y dijo que esperará el retorno del presidente Tabaré Vázquez, de gira por Europa, para que “él comande la estrategia hacia adelante”.

El funcionario no descartó que se mantengan contactos con el gobierno argentino para “explicar lo sucedido” a nivel de la Justicia. Además, agregó que el gobierno “no comparte” aunque respeta la decisión judicial y aclaró que aquella “no detiene” las investigaciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo ni las excavaciones que se están realizando en el batallón 14 –por el momento sin éxito– en busca de los restos de María Claudia.

La resolución del tribunal de apelaciones que, en base a un dictamen del fiscal Enrique Moller, consideró que el asesinato de la nuera de Gelman estaba comprendido dentro de la ley de Caducidad (un punto final uruguayo) fue repudiado por distintos organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales.

El abogado de la familia Gelman, José Luis González, señaló que “la historia de los derechos humanos no concluye con este fallo ni mucho menos” y anunció que presentará una demanda contra los mandos militares.

González explicó que los mandos no están comprendidos en la Ley de Caducidad y reiteró que analiza presentar un recurso para que el caso de sea revisado por la Suprema Corte de Justicia uruguaya.

Luis Puig, responsable del área de Derechos Humanos de la central de trabajadores PIT-CNT, manifestó que “una coordinación de jueces, abogados, civiles y militares, de la que alguna manera el fiscal Moller es un representante, ha trabajado para consagrar la impunidad en el Uruguay basados en una ley contraria a la legislación internacional. Están vistiendo de vergüenza al país y generando una crisis política importante”.

El dirigente destacó que si bien “todos los crímenes de desaparición forzada son aberrantes, el repaso del caso de María Claudia excede toda consideración, una vez que fue secuestrada en Buenos Aires, separada de su hija recién nacida y luego ejecutada”.

Justamente, el abogado de la familia Gelman reveló que María Macarena, hija de María Claudia, manifestó molestia tras conocer la decisión judicial, que contraría lo que había dispuesto el Poder Ejecutivo uruguayo. Es que Vázquez había considerado que el caso de la nuera del poeta estaba fuera de la Ley de Caducidad.

Adriana Meyer

Página 12

21 de octubre de 2005