México

Los programas gubernamentales mexicanos sobre el agua están dirigidos a la privatización total del recurso, lo cual se da no sólo mediante el control del servicio, sino también de las presas y ríos, y de la venta del líquido embotellado. Todo esto en el mundo es manejado por unas cuantas empresas cuya presencia en América Latina ha dejado resultados negativos y ha sido un fracaso, señalaron organizaciones de la región reunidas en el foro en defensa del agua.

Con cambios en las legislaciones para legitimar la presencia de las compañías trasnacionales y el apoyo de organismos multinacionales, como los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, la privatización de los recursos hídricos que ha convertido al agua en una mercancía se ha extendido por el planeta.

Alrededor de 400 delegados de organizaciones y comunidades de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Sonora y representantes de Canadá, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador, entre otras naciones, están reunidas desde el 25 de abril para analizar el impacto de ese proceso, que por un lado ha incidido en el incremento de tarifas al público en general bajo argumentos de escasez y, por otro lado, ha favorecido a la industria con concesiones de pozos, se le permite contaminar el líquido y además tratarlo para su venta.

Sumado a ello, la construcción de presas, que en México se prevé que serán concesionadas al sector privado de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, ha ocasionado el desplazamiento de poblaciones –un ejemplo de esto es el Plan Puebla-Panamá que prevé toda esa infraestructura– y la desviación de cauces de ríos para abastecer del líquido determinadas zonas, explicó Tony Clarke, director del Instituto Polaris.

Argenpress

28 de abril de 2005