El pasado 15 de mayo, cuando Bush dio a conocer públicamente su propuesta emigratoria, varias cadenas de televisión del Valle Central incluyeron entre sus comentaristas a activistas inmigrantes para que expresen su opinión al respecto. Este hecho, aunque aparentemente insignificante, indica que sus voces se empiezan a escuchar. Y no es para menos, después de las movilizaciones masivas que hicieron historia en la región.

 

Son voces críticas al plan del presidente de EEUU, cuya propuesta comprende cinco puntos: militarización de la frontera; más cárceles para indocumentados, que hasta hoy permanecían en libertad en espera de citaciones en los tribunales; colaboración de las policías locales con la patrulla de frontera; una regularización parcial para miles de indocumentados y plan de trabajadores temporales.

 

Muchos comentaristas aplauden el intento presidencial de buscar lo que consideran un equilibrio entre las posiciones más extremas del espectro político, muy dividido ante la emigración. Sin embargo, según afirman activistas inmigrantes, tres de sus cinco puntos son de carácter represivo. Y los otros dos, muy ambiguos.

 

"Militarizar la frontera no evitará que los inmigrantes sigan llegando. Y peor todavía, habrá más muertes debido a que los que buscan entrar al país lo tendrán que hacer por rutas más difíciles", dijo Leoncio Vázquez, integrante de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes de Fresno, durante una conferencia de prensa realizada el martes 16 de mayo frente al edificio federal de esa ciudad.

 

Vázquez agrega que una reforma migratoria debería afrontar la causa de la misma, la disparidad económica. "Los países ricos controlan la alta tecnología, los créditos y los mercados, evitando que las naciones pobres desarrollen su economía, situación agravada por la corrupción y el desinterés de muchos gobernantes de países pobres en mejorar dichas condiciones de vida y trabajo".

 

En relación a la posible regularización migratoria, causa principal de las masivas movilizaciones de los últimos meses en todo Estados Unidos, la propuesta de Bush es muy ambigua. "El 1996 Bill Clinton pasó una ley antiterrorista que impide la regularización de extranjeros que, entre otras cosas, tengan cargos por violencia doméstica –dice Polo Chávez, del Comité Pro-Uno–. Es sólo un ejemplo de las múltiples razones por las cuales miles de solicitantes quedan afuera."

 

De acuerdo a Chávez, la sugerencia de Bush de exigir que los solicitantes paguen sus impuestos desde su llegada podría causar problemas inesperados, como para aquellos que durante años han recibido sus salarios al contado (penado por ley pero que permite a los empleadores evadir el pago de un porcentaje de los impuestos). Chávez ve en esta exigencia, y otras similares, una forma de limitar el número de los que podrán regularizarse.

 

Asimismo, los integrantes de la coalición expresaron malestar por la insistencia de Bush de mantener los estereotipos anti-inmigrantes al acusarlos, durante la lectura de su propuesta, de acrecentar los problemas educativos, saturar los sistemas de emergencia de salud y de contribuir al aumento de la delincuencia.

 

"En realidad, es inmoral que el país más rico del mundo no quiera proveer acceso a la salud a su propia población, ya que millones de estadounidenses carecen de seguro médico. Culpar a los inmigrantes de esta situación es manipular la verdad y distraer la atención pública", dice la declaración leída por Vázquez a la prensa. Según agrupaciones y congresistas contrarios a la emigración, los extranjeros recurren a las salas de emergencia en lugar de visitas médicas regulares y aumentan el déficit fiscal de los estados. Pero los sistemas hospitalarios niegan que dispongan de cifras, ya que por ley no pueden exigir residencia a quienes buscan servicios médicos de urgencia.

 

En la parte final de la conferencia de prensa, los activistas reunidos dieron a conocer sus próximos pasos. "Apoyaremos a organizaciones nacionales que cabildean en Washington en favor de una reforma migratoria amplia", comentó Myrna Martínez Nateras, directora del Instituto Pan Valley, de American Friends Service Committee, Fresno. "También participaremos de foros barriales informativos y campañas de registro de votantes."

 

En este último punto, Martínez Nateras aclaró que la coalición ayudará a informar a la población de quienes son los candidatos 'anti-inmigrantes' y a qué partido político pertenecen".

 

"Aunque en esta sociedad existe el monopolio de dos partidos, hay otros cuyas plataformas deberíamos leer y quizá encontremos cosas positivas", dijo Chávez. Esta posibilidad de acercar a partidos políticos pequeños o candidatos independientes y a la población inmigrante habilitada para votar, podría provocar cambios a largo plazo en el previsible sistema electoral estadounidense. Cambios que, dicen los activistas, contribuirán a una mayor participación de los inmigrantes en su nueva sociedad.

 

En Fresno, Eduardo Stanley Convenio La Insignia / Rel-UITA 18 de mayo de 2006

  

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