Torrijos sancionó la ley apenas unas horas después de que
fuera aprobada por el Parlamento en la medianoche del lunes
gracias a la mayoría que tiene el oficialista Partido
Revolucionario Democrático (PRD), con 42 de los 47 diputados
que lo integran.
La nueva ley aumenta gradualmente la edad de jubilación de
62 a 65 años en los hombres y de 57 años a 60 en las
mujeres, entre 2007 y 2015.
También eleva el número y el monto de las cuotas que pagan
al Seguro Social los trabajadores y los empresarios.
Para Torrijos con esta ley, "las pensiones presentes y
futuras han quedado garantizadas" y se logra sanear las
finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), que tiene un
déficit de unos 4.000 millones de dólares.
Pese a que la iniciativa de ley ya ha sido sancionada por
Torrijos, el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad
Social, que agrupa a medio centenar de sindicatos y
organizaciones sociales, anunció que mantendrá la huelga y
las acciones de protesta por tiempo indefinido.
El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la
Construcción (SUNTRACS), Saúl Méndez, dijo a EFE que "el
pueblo está en rebeldía contra esa ley".
Los sindicatos bautizaron la manifestación de ayer como la
"madre de todas las marchas" como la más multitudinaria de
las realizadas desde que el lunes de la semana pasada se
iniciaran las protestas contra la reforma de las
jubilaciones.
La manifestación concluyó frente al Palacio de las Garzas,
sede de la Presidencia, pidiendo a Torrijos que derogue la
ley.
Mientras, las clases siguen suspendidas de manera indefinida
en la Universidad de Panamá y en los colegios públicos, y la
huelga es secundada mayoritariamente por los trabajadores de
la construcción, los maestros, los médicos y los empleados
de la Caja de Seguro Social (CSS).
Los sindicatos rechazan la ley por considerar que la reforma
perjudica a los más pobres y que con los nuevos requisitos
que establece, muchos panameños no podrán acceder a una
pensión.
Pero, según Torrijos, el gobierno ha tratado de buscar una
"solución intermedia", ya que sabía que "no había manera de
satisfacer a todos los panameños".
El presidente defendió la medida con el argumento de que la
fórmula que presentó al legislativo es equilibrada.
En relación a los gremios que rechazan esta ley y que se
mantienen en huelga, Torrijos manifestó que las puertas del
diálogo "siguen abiertas", y expresó su confianza en que el
país vuelva pronto a la normalidad.
Pero además de los sindicatos, los partidos de oposición
también han rechazado la reforma y la rapidez con la que el
Gobierno la ha aprobado, mientras que para los empresarios
ésta es sólo "un parche" que no ataca de raíz el problema.
Para el analista político Miguel Antonio Bernal, el repudio
contra esta ley es extremadamente grande y "no se había
visto una reacción así en Panamá en los últimos lustros".
En declaraciones a EFE, Bernal afirmó que los panameños no
somos franceses, pero también sabemos decir "no", en alusión
al resultado del reciente referendum en Francia sobre la
Constitución Europea.
El analista consideró que esta reforma ha sido el detonante
para que los panameños expresen su insatisfacción, tanto
contra los gobiernos anteriores como contra el de Torrijos,
que inició su mandato el pasado 1 de septiembre.
"Este pueblo no quiere más imposiciones. La gente quiere
participación" aseguró Bernal.
