El plan propuesto por el gobernador de
Texas para combatir la inmigración
ilegal y el tráfico de drogas puede
convertir en vigilante a cualquier
persona en cualquier lugar del mundo. A
través de la Red, un polaco en París
puede delatar a un guatemalteco que
intenta cruzar a Estados Unidos.
El gobernador del Estado de Texas, Rick Perry, ha propuesto
un nuevo plan para combatir el crimen,
el tráfico de drogas y la inmigración
ilegal en la frontera que separa México
de Estados Unidos. Consiste en poner
cámaras que estarían conectadas a un
servidor de red para que cualquier
persona pueda, desde Internet,
convertirse en vigilante voluntario
desde cualquier lugar del mundo. Un
clic del ratón o una llamada a un
número gratuito serán suficientes para
alertar a la policía del posible
peligro.
Si el objeto del Estado es la paz como fruto de la justicia
social, la iniciativa de Perry no es más
que un parche para que cualquier persona
se convierta en espía de sus vecinos, e
incluso de personas que vivan a miles de
kilómetros. Así, un polaco asentado en
París podría delatar a un guatemalteco
que intentara cruzar a Estados Unidos.
Esta iniciativa ahuyentaría el peligro de violencia en las
fronteras. Pero se conculcarían de lleno
las garantías individuales y los
derechos humanos fundamentales. No sólo
los de los inmigrantes, sino de todas
las personas. ¿Quién nos garantiza que
otros gobiernos no utilizarán técnicas
similares para ejercer de Gran
Hermano? Los políticos y los
diplomáticos norteamericanos afirman que
la inmigración ilegal en Estados Unidos
es ya una cuestión de Seguridad
Nacional, término siempre vinculado al
terrorismo. Poco faltará para que
inmigrante y terrorista sean sinónimos.
Parece que el objeto del Estado cambió cuando un grupo de
terroristas de Al Qaeda estrelló tres
aviones en territorio norteamericano. No
sólo se ha antepuesto la seguridad al
respeto de las garantías individuales y
de los derechos humanos, sino que los
países en donde ha existido desde
siempre un claro reconocimiento del
Estado de Derecho, ahora parecen ignorar
esos mismos derechos universales en
territorios fuera de su jurisdicción.
Así se explican las informaciones que
aparecen desde hace meses en los
periódicos: al menos 14 países europeos
han visto sus aeropuertos utilizados por
el Pentágono para trasladar ra a
supuestos terroristas a cárceles
secretas de la CIA en Macedonia, Egipto,
Bulgaria, Rumania y Pakistán. En otros
casos han sido trasladados a países de
complacencia en cuyas cárceles son
torturados de forma criminal y sin
ninguna garantía. De hecho en la cumbre
entre EEUU y la UE, celebrada en Viena,
el presidente Bush se negó a reconocer
ninguna garantía procesal a los 400
detenidos en Guantánamo, como le exigían
los líderes europeos.
Es preciso recuperar la memoria. Si a los gobiernos europeos,
con las excepciones de Aznar y Blair en
las Azores, una invasión de Iraq le
parecía injusta, ¿por qué callan e
incluso facilitan el trato inhumano de
sospechosos del terrorismo? Esta
sumisión de los dirigentes de la UE
pasará a la historia de la ignominia y
se lamentará en el futuro. Si no
ratifican su clara oposición a las
violaciones de derechos humanos, el 11-S
habrá marcado un punto de inflexión en
el que la política dio un giro para que
el fin justificara los medios.
Si el fin del Estado es la seguridad, proliferarán las armas
y continuarán las invasiones y las
ocupaciones con fines “democráticos” y
de desarme para que, pocos años después,
los gobernantes digan con falsa humildad
y con cinismo que, aunque se cometieron
errores y abusos de unos pocos, el fin
cumplido de su invasión era acabar con
la tiranía.
El reciente nombramiento de Michael Hayden como nuevo
director de la CIA da muestra de las
directrices que tomará el gobierno
estadounidense con respecto a su visión
de las garantías individuales y los
derechos humanos, al espionaje y al
trato de cualquier ciudadano como
presunto delincuente hasta que demuestre
lo contrario. Fue Hayden quien dio luz
verde a la intervención de llamadas
telefónicas y la intrusión a los correos
electrónicos de miles de estadounidenses
con el consentimiento del presidente.
Juntando las piezas del rompecabezas, no
extrañaría a muchos que la nueva caza
de brujas se hiciera contra personas
que tuvieran el pelo rizado, la piel
morena y un acento extraño. Está en
manos de los ciudadanos estadounidenses,
sean del color que sean, utilizar los
cauces democráticos para impedir que su
gobierno deje de respetar aquello que
Franklin y Jefferson soñaron para todos
los ciudadanos norteamericanos: el
derecho a la búsqueda de la felicidad.
Carlos Mígueles
CCS- España
23 de junio de 2006
