Después del
arequipazo de junio de 1992, los sectores privatizadores
retrocedieron tácticamente, dedicándose a obstaculizar la
gestión de las EEPP con todos los medios imaginables. Si,
como producto de esa política, el humor de la población
comenzaba a cambiar, entonces el terreno estaría otra vez
fértil para volver a plantear la privatización.
A pesar de
esa política, las EEPP dieron beneficios de 645 millones de
soles en el 2004, 117% más que en el 2003. Si le sumamos el
pago de impuesto a la renta por 262 millones, el fisco
obtuvo ingresos por valor de 907 millones. A lo que habría
que sumar una serie de gastos que se les obliga a asumir
(como el pago de las pensiones de la 20530), lo que haría
que las cuentas en azul fueran superiores.
Por
ejemplo, los beneficios de Electroperú bajaron porque se le
hizo pagar una parte de los consumos de electricidad de
empresas que se habían quedado sin contrato (Hidrandina,
Electro Sur Medio y Electronoroeste). Si estos pagos por
transferencias de potencia, energía y peaje de conexión se
hubieran repartido de manera equitativa entre los
generadores públicos y privados, su beneficio habría sido
mayor.
También se
les impide realizar inversiones para aumentar su oferta y
participación en el mercado. Así ha sucedido, por ejemplo,
con ENAPU y la Empresa de Machu Picchu, a las que no se les
autoriza la inversión para las grúas pórtico y la II fase de
la central hidroeléctrica, respectivamente, lo que, en ambos
casos, rebajaría las tarifas.
A Petroperú
se le impide ampliar la Refinería de Talara. No sólo eso: el
año pasado se modificó la Ley del Consucode para que la
empresa tenga que comprar el petróleo vía licitación
internacional, impidiendo que le compre directamente
petróleo a las empresas de la zona que, desde siempre, han
estado conectadas con la refinería.
Las EEPP
deben tener un manejo técnico y alejado del uso político.
También deben ser controladas y auditadas, porque ninguna
empresa debe escapar a la fiscalización. Pero no se les debe
impedir competir con otras empresas privadas. Sin embargo,
eso es lo que quiere el gobierno para que incurran en
pérdidas que justifiquen su privatización.
Mientras
tanto, en el Perú florecen las empresas públicas…
extranjeras. ISA, de Colombia, tiene las redes de
transmisión eléctrica. La petrolera china Sapet tiene un
lote petrolero en Talara y su Casa Matriz tiene el 50% del
Lote 8 y el Lote 1AB. La también china Shougang explota el
hierro de Marcona. La argelina Sonatrach participa en el gas
de Camisea. Y la estatal chilena de petróleo ENAP ha
comprado los grifos de Shell, aliada con el Grupo Romero.
Es tarde ya
para que este gobierno adopte una política seria -alejada de
los dogmas del fenecido Consenso de Washington-, pues ha
cedido a las presiones de los "lobbies", como lo prueba la
renuncia exigida a Narváez. Ese cambio solo puede llegar con
otra propuesta política. Mientras tanto, hay que impedir el
remate de las empresas públicas.
