Perú

 

 

 

A privatizar,

que el mundo se va a acabar

Lo que ha sucedido esta semana con la renuncia obligada de Alejandro Narváez a la presidencia de Petroperú, es un claro indicador de la política de este gobierno con las empresas públicas (EEPP): lo que hay que hacer con ellas es venderlas, tanto por consideraciones ideológicas (no deben existir) como por intereses específicos de diversos grupos económicos.

 

Después del arequipazo de junio de 1992, los sectores privatizadores retrocedieron tácticamente, dedicándose a obstaculizar la gestión de las EEPP con todos los medios imaginables. Si, como producto de esa política, el humor de la población comenzaba a cambiar, entonces el terreno estaría otra vez fértil para volver a plantear la privatización.

A pesar de esa política, las EEPP dieron beneficios de 645 millones de soles en el 2004, 117% más que en el 2003. Si le sumamos el pago de impuesto a la renta por 262 millones, el fisco obtuvo ingresos por valor de 907 millones. A lo que habría que sumar una serie de gastos que se les obliga a asumir (como el pago de las pensiones de la 20530), lo que haría que las cuentas en azul fueran superiores.

Por ejemplo, los beneficios de Electroperú bajaron porque se le hizo pagar una parte de los consumos de electricidad de empresas que se habían quedado sin contrato (Hidrandina, Electro Sur Medio y Electronoroeste). Si estos pagos por transferencias de potencia, energía y peaje de conexión se hubieran repartido de manera equitativa entre los generadores públicos y privados, su beneficio habría sido mayor.

También se les impide realizar inversiones para aumentar su oferta y participación en el mercado. Así ha sucedido, por ejemplo, con ENAPU y la Empresa de Machu Picchu, a las que no se les autoriza la inversión para las grúas pórtico y la II fase de la central hidroeléctrica, respectivamente, lo que, en ambos casos, rebajaría las tarifas.

A Petroperú se le impide ampliar la Refinería de Talara. No sólo eso: el año pasado se modificó la Ley del Consucode para que la empresa tenga que comprar el petróleo vía licitación internacional, impidiendo que le compre directamente petróleo a las empresas de la zona que, desde siempre, han estado conectadas con la refinería.

Las EEPP deben tener un manejo técnico y alejado del uso político. También deben ser controladas y auditadas, porque ninguna empresa debe escapar a la fiscalización. Pero no se les debe impedir competir con otras empresas privadas. Sin embargo, eso es lo que quiere el gobierno para que incurran en pérdidas que justifiquen su privatización.

Mientras tanto, en el Perú florecen las empresas públicas… extranjeras. ISA, de Colombia, tiene las redes de transmisión eléctrica. La petrolera china Sapet tiene un lote petrolero en Talara y su Casa Matriz tiene el 50% del Lote 8 y el Lote 1AB. La también china Shougang explota el hierro de Marcona. La argelina Sonatrach participa en el gas de Camisea. Y la estatal chilena de petróleo ENAP ha comprado los grifos de Shell, aliada con el Grupo Romero.

Es tarde ya para que este gobierno adopte una política seria -alejada de los dogmas del fenecido Consenso de Washington-, pues ha cedido a las presiones de los "lobbies", como lo prueba la renuncia exigida a Narváez. Ese cambio solo puede llegar con otra propuesta política. Mientras tanto, hay que impedir el remate de las empresas públicas.

 

Humberto Campodónico
Convenio La Insignia / Rel-UITA

21 de marzo de 2005

 

  

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