Acabó la era de la Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó durante 20 años. Chile eligió a un nuevo gerente, el empresario Sebastián Piñera Echeñique -el Berlusconi chileno-, que hace 17 años se propuso ser Presidente, y este 17 de enero se impuso en las urnas. El desalojo de La Moneda se hizo realidad. “Es sólo un alto en el camino”, dijo el derrotado candidato oficialista Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Después de 52 años la derecha vuelve al poder por la vía de las urnas.

 

La supervivencia de la Concertación no está asegurada. A pesar de todo, mantiene la mitad de la Cámara, la mayoría en el Senado y la mitad de los municipios. Pero si quiere sobrevivir deberá refundarse desde la oposición. Eso significa prácticas políticas, rostros y temas nuevos.

 

Piñera, que proviene de una familia democratacristiana, intentará cooptar al Partido Demócrata Cristiano (DC) o, en su defecto, a sus sectores más conservadores. Lo propio ocurrirá con los sectores del Partido por la Democracia (PPD), más neoliberales y populistas.

 

La derecha chilena se divide básicamente en dos partidos: Renovación Nacional (RN) -de donde proviene Piñera-, y la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI), herederos orgullosos del pinochetismo, cuna de colaboradores del dictador Pinochet y de violadores de los derechos humanos. Sin embargo, la UDI es el partido más fuerte. Personeros de la dictadura de Pinochet llegarán nuevamente al gobierno.

 

El futuro a la derecha

 

Piñera representa -un poco más que Frei- un grave retroceso para los derechos humanos y el cumplimiento de las demandas históricas de las víctimas de la dictadura. Sin duda, su gobierno no responderá a las recomendaciones que el sistema internacional de derechos humanos ha formulado a Chile. No modificará la Constitución ni incorporará instrumentos de protección y participación social. No atenderá las demandas de los pueblos indígenas ni avanzará en los derechos de los trabajadores, mujeres, niños, migrantes y minorías sexuales. En el mejor de los casos, la violencia policial continuará como hasta hoy.

 

La propuesta laboral de Piñera ha sido criticada por los trabajadores. Propone crear un “Consejo Nacional del Trabajo”, compuesto por personas propuestas por el Ejecutivo y ratificadas en el Senado, que supervisará la aplicación de las normas laborales y previsionales, y dictará normativas de criterios fiscalizadores.

 

En la práctica significará destruir la actual Dirección del Trabajo que existe hace más de 90 años. Otras propuestas son modificar el sistema de indemnización por años de servicios por un pago de 15 días por año de servicio. Una forma de abaratar el despido para los empleadores que significará un grave perjuicio para los trabajadores.

 

Creará, además, un banco de 290 horas extraordinarias, que durante el año el empleador distribuirá en forma arbitraria y unilateral, afectando las jornadas de los trabajadores del comercio, ya que eliminaría del Código del Trabajo el plazo de los tres meses de anticipación para pactar horas extras. Se aplicará la extensión de las jornadas diarias cuando el empleador lo estime.

 

Con Piñera se extenderá el teletrabajo, la subcontratación y la precarización del empleo. La flexibilidad salarial asegurará precarios empleos y se congelará el salario mínimo. Piñera ha señalado que creará una nueva institucionalidad para fijar el salario mínimo, lo que ha sido visto como un intento de eliminar su incremento todos los años.

 

En materias como la negociación colectiva incluirá la flexibilidad horaria, sistema de turnos y otros, imponiendo los intereses de los empresarios. Propone modificar los Tribunales del Trabajo que apenas llevan meses en aplicación y en los cuales la mayoría de las demandas ha sido favorable a los trabajadores, con juicios mucho menos extendidos que en el antiguo sistema.

 

Los trabajadores en alerta

 

Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la llegada de Piñera a La Moneda “dividirá al movimiento sindical”. En un acto de desagravio, la CUT respondió a la intervención de Piñera en el último foro televisivo antes de la elección en el que aseguró que “se entenderá directamente con los trabajadores y no con las cúpulas sindicales”.

 

Por su parte, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) señaló su “total desacuerdo con la privatización de  Codelco”. Piñera anunció la incorporación de capital privado en esa minera estatal.

 

“No estamos de acuerdo con una reforma constitucional para llevarla a cabo, tal como lo ha insinuado el señor Piñera. La Codelco totalmente estatal ha sido el mejor negocio para Chile, ya que ha transferido el total de los ingresos  generados al erario fiscal, lo que ha permitido al Estado financiar los programas sociales y cumplir el rol que le corresponde en beneficio de todos los chilenos y, muy especialmente, de los desposeídos”, señala la FTC.

 

“Sólo en el periodo 2006-2008, Codelco efectuó pagos al fisco por un total de  23 mil millones de dólares, cifra muy superior a los pagos que hizo el alabado sector privado por explotar mayor cantidad de recursos naturales no renovables, los cuales ya no estarán disponibles para las futuras generaciones de chilenos (…) Se justifica plenamente mejorar el cobro del royalty, en coherencia con los superiores intereses nacionales y el necesario impulso al desarrollo regional”.

 

Y advierten: “Defenderemos un modelo de gestión participativo y responsable. Defenderemos las conquistas y derechos que hemos ganado en décadas de lucha. Si la voluntad política de las nuevas autoridades del país es privatizar parcialmente Codelco, atomizar el mundo sindical, frenar el desarrollo de la empresa o cercenar nuestros derechos, tenemos principios sólidos y clara conciencia de lo que es justo hacer sin ninguna vacilación”.