Los tres ejes a
tener en cuenta para analizar el primer año de gobierno de
Néstor Kirchner en Argentina se circunscriben a la cuestión
de derechos humanos y la seguridad, el enfrentamiento con
los organismos multilaterales y las empresas privatizadas, y
al frente político interno, que puede complicarle el futuro
La popularidad de Kirchner
sigue sosteniéndose en un alto nivel en base a algunas
medidas clave y una batería de anuncios que, de concretarse,
solidificarán la posición de liderazgo regional esbozada
desde sus discursos de barricada.
Nacido como hijo inesperado
de la puja entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, Kirchner
supo manejarse con fina muñeca política en la vieja
estructura peronista. Desde 1996, cuando se enfrentó a Menem,
esencialmente por los fondos de las regalías petroleras de
la provincia de Santa Cruz, se perfiló como un outsider en
la puja entre el riojano y Duhalde. Su discurso crítico
hacia las políticas neoliberales menemistas apareció cuando
la cuestión petrolera en Santa Cruz quedó zanjada. Entonces
redobló sus ataques contra el Fondo Monetario Internacional
(FMI) mientras la retirada del menemato y el autismo de la
Alianza delarruista dejaban al país al borde del abismo.
Cuando la crisis de diciembre de 2001 devoraba presidentes
eventuales, Kirchner medía sus tiempos políticos de cara a
2007. "Siempre se sintió incómodo al lado de Menem y
permanentemente reivindicó a la generación del 70 con todo
lo que eso implica: integración latinoamericana y unidad de
los países del Tercer Mundo", recuerda Carlos Kunkel, amigo
del santacruceño y funcionario de la Presidencia. Por eso su
cercanía a figuras como Chacho Álvarez, el hoy intendente de
Buenos Aires Aníbal Ibarra y en mejores momentos a Elisa
Carrió y hasta el propio Luis Zamora. Pero si en política el
rumbo está claro, la economía siempre fue una materia
pendiente para un hombre acostumbrado a hacer las cuentas
junto a los barriles de petróleo. El apuro por organizar un
equipo de gobierno, después de aceptar la candidatura
presidencial ofrecida por la estructura duhaldista, lo llevó
a aceptar algunas condicionantes que aún se prolongan a un
año de su gobierno.
ECONOMÍA PANTANOSA
Roberto Lavagna fue el
ministro de Economía de Eduardo Duhalde que trató de
enderezar el inevitable trabajo sucio que su antecesor Jorge
Remes Lenicov llevó adelante con la salida de la
convertibilidad. Ese proceso traumático es la razón central
para entender por qué Kirchner aceptó a Lavagna en el
gabinete. Salir del esquema económico implicaba por lo menos
resistir tres cimbronazos inevitables. Por un lado, resolver
la asimetría que esa medida generó en el mercado interno
para los consumidores y el impacto que trasvasó ganancias
del sector financiero al exportador, que liquidaba en pesos
y cobraba en dólares. En segundo lugar, enfrentar a los
organismos multilaterales de crédito que, desde el 24 de
diciembre de 2001, sabían del anuncio de Adolfo Rodríguez
Saá de llevar al país al default. Y en tercer lugar, a
consecuencia de ese default, implementar una respuesta para
los inversores privados que habían adquirido bonos de la
deuda argentina, en la fiesta del megacanje de Domingo
Cavallo en abril de 2001 y de las colocaciones en bonos
hechas sobre el filo de la caída delarruista en el agosto
previo a la debacle. Sin oposición vociferante desde el
establishment económico, Kirchner se mantuvo firme en sus
negociaciones con Lavagna antes de cada anuncio económico.
Las críticas arreciaron por la forma en que se resolvió la
liquidación de fondos de los ahorristas, pero el alivio
llegó cuando en setiembre de 2003 se anunció la quita del 75
por ciento en la deuda. "Es un piso realista para negociar",
aseguraban economistas locales e internacionales por esos
días. Sin embargo, la propuesta del 3 por ciento de
superávit fiscal para pagar a los organismos de crédito,
anunciada en marzo pasado por el propio Kirchner a la
titular interina del FMI, Anne Krueger, suena para algunos
economistas exagerada (véase entrevista con Claudio Lozano),
porque de ese modo sigue sin atenderse la deuda social con
casi siete millones de argentinos en la miseria, más allá de
los planes sociales. En el gobierno aseguran que se trata de
"tiempo y planes regionales conjuntos para salir adelante",
según el propio Alberto Fernández, jefe de gabinete.
Sin embargo, la negociación
con las privatizadas sigue en plena disputa. En junio de
2003 los ministros Lavagna y de Planificación Federal, Julio
de Vido, anunciaron la ronda de negociaciones con 63
empresas privatizadas para reformular las condiciones de la
explotación de los servicios públicos. Los ferrocarriles
entregados por el menemismo están desde hace año y medio en
la mira del gobierno, por el mal funcionamiento de los
ramales, la falta de inversión y el incumplimiento en los
pagos. La crisis energética puso nuevamente en escena la
oscura trama de las privatizaciones del sector eléctrico y
petrolero en los días de Menem, y aunque la respuesta
oficial con la creación de una empresa estatal alienta
esperanzas, la crisis ya estalló con crudeza para los
sectores más empobrecidos, que no pueden acceder ni a la red
de gas ni a las garrafas para enfrentar las primeras frías
temperaturas. La imprevisión tomó por sorpresa al gobierno.
DERECHOS HUMANOS
La política exterior encarada
por el canciller Rafael Bielsa no encuentra reparos en las
filas de una lánguida oposición. Terminar con las
"relaciones carnales" menemistas con Washington implica para
Bielsa reincorporarse al mundo organizado de la mano de las
Naciones Unidas, privilegiando en ese escenario las
relaciones con países vecinos para conformar bloques
regionales. La negativa a enviar tropas a Irak, por pedido
de George Bush, y enviarlas a Haití en el marco de un
cronograma de la ONU, demuestra el viraje de la diplomacia
argentina. La alineación regional quedó plasmada en la
abstención con relación a los derechos humanos en Cuba,
durante la votación en la ONU, donde la eterna presión de
Washington se hace sentir.
Es en el terreno de los
derechos humanos donde el gobierno fue más a fondo y
registró sus mejores logros, traducidos en un aumento de la
imagen presidencial. No sólo Bielsa marcó el voto en la ONU
sobre Cuba sino que destrabó el decreto que impedía juzgar a
los militares argentinos -en el exterior- de la dictadura de
1976, con lo cual es inminente el juicio en España para los
ex represores de la ESMA Ricardo Cavallo y Adolfo Scilingo.
En el plano interno la anulación parlamentaria de las leyes
de punto final y obediencia debida cosechó elogios entre los
organismos de derechos humanos y la población, aunque aún
falta la ratificación de esa decisión por parte de la
Suprema Corte de Justicia. Hacia allí también Kirchner
apuntó sus baterías desarticulando a la mayoría automática
menemista y proponiendo en su reemplazo a juristas de la
talla de Eugenio Zaffaroni.
La reapertura de las causas
de la dictadura planteó un dilema en el seno de los
organismos de derechos humanos, donde algunos ven con
esperanza el nuevo escenario y otros, como las Madres de
Plaza de Mayo, son escépticos. En ese mismo terreno, Hebe de
Bonafini (véase entrevista) prefiere centrarse en las
violaciones que aún lleva adelante la policía con los casi
1.500 casos de gatillo fácil en todo el país. La cuestión de
la seguridad es otra deuda del gobierno nacional y los
provinciales. Los organismos de seguridad no fueron
depurados de sus prácticas heredadas de la conducción de la
dictadura, según puede observarse en la connivencia entre
funcionarios políticos, jefes policiales y bandas armadas de
delincuentes. Desde 1997, cuando fue asesinado el periodista
José Luis Cabezas, tanto Amnistía Internacional como los
organismos locales, y hasta el propio Departamento de Estado
estadounidense, marcan los casos de gatillo fácil como un
problema recurrente de violación de los derechos humanos en
Argentina. En algunos casos esta realidad se mezcla con la
persecución de dirigentes piqueteros que son asesinados,
como Maximiliano Kostecki y Darío Santillán, en junio de
2002, por la policía bonaerense, y la lista de presos
sociales asciende a casi dos mil en todo el país, por
reclamar en cortes de ruta o toma de oficinas públicas. El
gobierno decidió permitir estas manifestaciones pero su
política en la materia aún no encuentra eco en el Poder
Judicial, donde varios fiscales iniciaron causas de oficio
contra manifestantes por obstruir calles y rutas.
ESCENARIO
El camino iniciado por
Kirchner ya lo catapultó a la categoría de líder regional,
según los analistas locales, y las encuestas lo sostienen
con un 74 por ciento de aceptación popular. Apenas bajó
nueve puntos desde julio pasado, cuando se evaluaron sus
primeros 30 días de gestión. Desde la oposición de
centroizquierda, Elisa Carrió le advierte que abrió
demasiados frentes de batalla; desde la derecha el prófugo
Carlos Menem y su vocero Jorge Asís vaticinan que "quizá no
llegue a 2007". En ese terreno se mueve el gobierno que
deberá empezar a mostrar el resultado concreto de sus
anuncios a fin de demostrar la eficacia de las políticas
alejadas del neoliberalismo.
