En diciembre de 2006 finalizó el
Programa Económico firmado por el
gobierno saliente del presidente Bolaños
y el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Ese Programa estabilizó la
macroeconomía del país y permitió una
sustancial reducción de la deuda
externa, pero, al mismo tiempo, no pudo
cambiar la dramática situación de
pobreza en que vive la mayoría de la
población nicaragüense e impuso una
larga lista de condiciones para poder
tener acceso a nuevos préstamos.
A escasas tres semanas de asumir el
cargo de Presidente, Daniel Ortega
se ha reunido con una delegación de alto
nivel del FMI, encabezada por el
señor Anoop Singh, director de
dicho organismo para el hemisferio
occidental, para iniciar conversaciones
de cara a la negociación del 5º Programa
Económico.
En una breve conferencia de prensa, el
representante del FMI comunicó a
los periodistas que la delegación tuvo
una buena plática con el Presidente
electo, en la cual Ortega presentó los
objetivos de su futura administración y
de su política económica.
“El Presidente –dijo Singh– está
heredando una situación económica
equilibrada, y nos ha dicho que está
comprometido con mantener esta
estabilidad y bajos niveles de
inflación. Nos explicó sus objetivos
para trabajar en pro de la reducción de
la pobreza y del desempleo, y nos
presentó las acciones que se
implementarán para que todos los
sectores del país compartan el
crecimiento económico”.
El alto funcionario del FMI
declaró estar de acuerdo con estas
intenciones, porque la reducción de la
pobreza es necesaria para la estabilidad
económica. Agregó también que la
delegación no se presentó con una agenda
fija, sino para ver el punto de vista
del futuro gobierno y cómo piensa
orientar su política económica.
Sobre estas declaraciones, y más en
general, sobre la actitud de las
políticas implementadas por el FMI, la
Coordinadora Civil (CCER)
hizo público su posicionamiento ante la
visita de la delegación de dicho
Organismo financiero.
Según el economista independiente y
miembro de la Coordinadora Civil,
Adolfo Acevedo Vogl, “Cualquier
persona que visite la página Web del
FMI relativa a Nicaragua, va a
encontrar que el Directorio de dicho
organismo ya dio a conocer públicamente
las exigencias que pone para iniciar las
negociaciones con el nuevo gobierno.
¿Qué es lo que está pidiendo? Mantener
una estricta vigilancia sobre los
salarios del sector público,
principalmente en Salud y Educación.
Esto tiene que ver con las exigencias de
congelar la masa salarial del Estado,
que puede crecer sólo conforme a la
inflación proyectada. Al FMI le
preocupa que los aumentos salariales de
estos sectores puedan originar un
‘efecto demostración’ sobre los
trabajadores del sector privado, lo cual
significaría que estos trabajadores
podrían entusiasmarse y emprender luchas
para aumentos salariales.
El FMI teme que se pueda con esto
elevar el costo promedio de la fuerza de
trabajo del país y que Nicaragua
perdiera su principal atractivo para la
inversión extranjera”.
Pero esta es sólo una de las múltiples
exigencias impuestas por el FMI.
“La otra exigencia –continuó Acevedo– es
la reforma al marco regulatorio del
sector eléctrico. En primer lugar pide
que exista un proceso de ajuste
automático de las tarifas de la energía
eléctrica, conforme a las variaciones
del costo internacional del petróleo.
Actualmente, Unión Fenosa (la
transnacional española que controla la
distribución de la energía) debe
solicitar los ajustes de tarifa al
Instituto Nicaragüense de Energía (INE),
que se pronuncia tomando en cuenta
también otros parámetros como, por
ejemplo, el cumplimiento de normativas
de calidad del servicio prestado por la
Unión Fenosa. Ahora están pidiendo que
los aumentos de tarifa sean automáticos.
Piden, además, eliminar la regulación al
márgen de beneficio que las empresas
generadoras de energía obtienen en el
mercado”.
Otro punto muy controversial que quiere
imponer el FMI es la reforma de
la Seguridad Social. Con esta reforma se
quiere imponer el aumento de la tasa de
cotización, de la cantidad de años de
trabajo y del número de cotizaciones
para poder jubilarse y reducir el
porcentaje del salario con el cual
calcular la pensión que se va a recibir.
“Sin lugar a dudas –terminó Acevedo– la
condición más fuerte que el FMI
quiere imponer es la implementación de
la Ley de Equidad Fiscal, que implicaría
siete reformas a la Constitución de
Nicaragua. Lo que se está pidiendo es la
eliminación de la autonomía que la
Constitución otorga a las
municipalidades y a las universidades.
Esto es gravísimo, porque va a
desaparecer uno de los logros más
importantes del proceso de
descentralización.
Quieren eliminar la asignación del 6 por
ciento del Presupuesto General de la
República (PGR) a las
universidades y el 4 por ciento al Poder
Judicial, y también eliminar la
asignación presupuestaria para
Transferencias Municipales. De esta
forma, el presupuesto de las
universidades y municipalidades será
aprobado por la Asamblea Nacional, como
el de cualquier Ministerio. Una septima
reforma que pide el FMI es la
eliminación de la potestad
constitucional de la Asamblea Nacional
para modificar partidas de salarios y
servicios de la deuda pública del
Proyecto de PGR remitido por el
Ejecutivo. El hecho más grave es que se
deberá ajustar la Constitución a las
condiciones del FMI y no el
contrario, como debería ser. Además,
todo el marco de política fiscal se va a
subordinar al pago, en tiempo y forma de
la deuda interna, y esto va a restringir
la posibilidad de inversión pública en
capital humano y en infraestructuras
básicas”.
Según la Coordinadora Civil, Nicaragua
tiene un problema educativo
extremadamente grave. Sólo el 17,5 por
ciento de los jóvenes de entre 15 y 19
años alcanza una escolaridad de 10-12
años. Más del 80 por ciento de los
jóvenes que están a punto de entrar al
mercado laboral tiene menos de diez años
de escolaridad y la mayoría, tiene sólo
cinco años.
Si los jóvenes de Nicaragua entran a
trabajar con un nivel tan bajo de
escolaridad, están condenados por el
resto de su vida a sobrevivir por debajo
del umbral de la pobreza y de la pobreza
extrema, encontrando ocupaciones
precarias, informales y con ingresos muy
bajos. Estas condiciones impuestas por
el FMI restringen la inversión en
capital humano, en vivienda, en
infraestructuras básicas, en educación,
y de esa manera restringen también la
posibilidad de que este país recupere
una posibilidad mínima de desarrollo
futuro y de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
En este contexto, la sociedad civil pide
ser escuchada y tomada en cuenta por el
futuro gobierno al momento de negociar
nuevos Programas estructurales.
Según Georgina Muñoz, enlace de
la Coordinadora Civil, “Desde que en
1990 comenzaron los programas económicos
con el FMI, los gobiernos no
tuvieron capacidad de negociación. En
este sentido, insistimos en la vocación
de nación que debe de tener el futuro
gobierno frente al crecimiento desmedido
de la pobreza en el país. Hay que
consultar a las organizaciones expertas,
a los analistas, a los economistas para
sacar un un programa que verdaderamente
contribuya al bienestar de Nicaragua.
Sentimos que esto no se ha hecho.
Cada vez que planteamos nuestra críticas
y presentamos nuestra propuestas, nos
escuchan, pero no nos toman en cuenta”.
