Durante su
gira por los estados de Arizona y Tejas, a fines del
mes de noviembre, George W. Bush insistió en su
propuesta migratoria -aún no formalizada en el
Congreso- basada en los siguientes puntos:
1) establecer
un nuevo programa de braceros;
2) rechazar la
legalización, y
3) sellar la frontera con México.
El programa de braceros, o
de "trabajadores huéspedes", incluiría un permiso
laboral de hasta tres años, renovable una vez.
Después de dicho periodo, el trabajador deberá
regresar a su país, sin posibilidad de obtener la
residencia.
La iniciativa
de Bush no es nueva, pues ya había esbozado algo similar
hace casi dos años. Lo novedoso es que ahora la presenta
con intención de que llegue al Congreso, donde ya
existen propuestas de reforma a la ley de migración.
Algunos críticos aseguran que Bush está usando la
emigración para distraer la atención del público sobre
su desastroso plan de guerra en Irak, los escándalos
políticos de algunos de sus funcionarios, las
acusaciones de tortura y secuestros de sospechosos de
terrorismo -incluso en Europa-, el déficit comercial y
los recortes presupuestarios a programas sociales.
Aunque ésta
sea la verdadera razón de la iniciativa, lo cierto es
que el debate sobre el espinoso tema de la emigración
dominará el escenario político del próximo año, y con
elecciones al Congreso de por medio. Los sectores más
conservadores del partido Republicano aplauden esta
iniciativa, que hace importantes concesiones a la
industria agrícola y de servicios al permitir la entrada
de trabajadores temporales, promete militarizar la
frontera sur y niega la posibilidad de que millones de
indocumentados obtengan su residencia legal.
"No es
realista; ¿qué harán los casi once millones de
indocumentados? -se pregunta Leonel Flores, activista de
los derechos de los inmigrantes de Fresno-. Pero incluso
en el caso de que se apruebe, sería algo temporal puesto
que puede haber cambios políticos en el país y, tarde o
temprano, Washington deberá afrontar la situación de los
indocumentados." Cambios en los que los inmigrantes
deberían influir.
Para ello,
Flores enfatiza la necesidad de establecer un programa
común entre las organizaciones y activistas de los
derechos de los inmigrantes para ejercer presión sobre
el Congreso. "Si queremos que se nos escuche, debemos
actuar en forma unificada." Según explica, aunque dicho
programa existe, no se aplica: "Llevo varios años en
esto y siempre ocurre lo mismo: nos reunimos y no
concretamos. Planeamos otra reunión donde empezaremos de
cero otra vez".
Flores dice
que si bien respeta a los activistas que reciben
salarios de organizaciones, "muchos de ellos están más
preocupados en mantener sus empleos que en hacer algo".
Y agrega que aunque hablan del asunto y realizan buenos
análisis, no actúan. "No comprenden totalmente la
realidad del inmigrantes, ni se diga de los
indocumentados, no están totalmente identificados con el
movimiento". Y relata como dos organizaciones,
recientemente, no pudieron unirse debido a una
diferencia insignificante: qué término usar, "amnistía"
o "legalización". Hay celos y competencias entre estas
organizaciones, protagonismos que afectan la causa que
dicen defender, comenta Flores.
"Pienso que el
movimiento debería estar liderado por los inmigrantes",
insistió. Pero reconoce que éstos no tienen voz ni
siquiera en muchas organizaciones, que considera
"burocratizadas". "Estamos cansados de pedir, esperando
que nos den lo que quieran y quedarnos callados."
Leoncio
Vásquez, representante del Frente Indígena de
Organizaciones Binacionales (FIOB), con sede en Fresno,
también insiste en definir el lenguaje, y no por
caprichos semánticos. "A veces el mensaje es confuso"
cuando se busca convocar a la gente para que se exprese.
"Es cada vez más difícil movilizar, pero no creo que sea
apatía". Vásquez también insiste en que cualquier
propuesta seria de reforma a la ley de migración deberá
contemplar la legalización de millones de
indocumentados.
La iniciativa
de Bush parece ignorar a este sector crucial de la
economía de Estados Unidos, que realiza trabajos
despreciados por los nativos y a un salario que sólo los
mantiene en el nivel de pobreza. Son salarios limitados
a asegurar sus energías básicas para que sigan
trabajando y sin quejarse mucho, en parte por los
temores propios del estatus de indocumentados. Y todo
ello con la bendición de los "conservadores compasivos",
como se definió Bush.
"Tenemos que
unirnos, hacer que se oiga nuestra voz", finalizó
Flores. No parece tarea fácil, especialmente si quienes
se supone que deberían ayudar, parecen afónicos.
Eduardo Stanley
New America Media / Tomado de
La Insignia