Un año puede ser recordado de diversas formas. Aquí ofrecemos un recuento desde el punto de vista de un país donde la situación de los indocumentados, los analfabetos, los que no hablan castellano, es muchas veces ignorada. El poder, el dinero, las normas o una mejor educación, son a veces mecanismos para no escuchar los reclamos de los excluidos, e incluso cuando sufren violencia son culpados por ella. Sin embargo, también podrán verse esfuerzos y logros importantes en la lucha contra la exclusión.

Protesta pacífica ante el monumento a Fernando Belaúnde, que viene levantándose en San Isidro. Dos jóvenes representan la recordada frase "¡Las cartas de Amnistía Internacional las mando al tacho de basura!", con un muñeco ataviado con la banda presidencial y un cesto con documentos de derechos humanos. La Municipalidad de San Isidro paraliza las obras por varios meses. Finalmente, el monumento, una réplica de la piedra de Saywite, es presentado como un homenaje a los antiguos peruanos y sólo una pequeña porción de la placa menciona a Belaúnde como "ilustre vecino". Es verdad: fue un buen vecino... en San Isidro. Los millares de campesinos y estudiantes desaparecidos, torturados, violados y asesinados durante su gobierno se encontraban muy lejos y todavía parecen estarlo.

Once ronderos de Pueblo Libre (Moyobamba) son sentenciados a tres años de prisión efectiva por haber capturado a una banda de asaltantes y violadores y haberlos detenido durante algunos días. Entre los condenados figuran dos mujeres que ni siquiera estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos. Los campesinos son sentenciados además a pagar 1000 soles a cada uno de los violadores. La absurda sentencia de la Corte Superior de San Martín genera fuerte rechazo entre los campesinos, que acuden por millares a protestar a Moyobamba. Finalmente, en el mes de junio, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordena la liberación de los ronderos y precisa que las rondas campesinas están autorizadas para detener delincuentes, juzgarlos y sancionarlos de acuerdo a sus costumbres, siempre que no se vulneren derechos fundamentales (como en el caso de tortura). Esta última sentencia marca un cambio radical en la relación entre el Poder Judicial y los campesinos.

El día 2 la policía asesina al agricultor Enrique Mega en Pucalá (Lambayeque). En los últimos años, más de diez trabajadores de la antigua cooperativa han sido asesinados por diversos conflictos con la nueva administración privada. La mayoría de muertes se produjeron cuando Jaime Mur era el propietario.

Comienzan las protestas multitudinarias contra el alcalde de Ilave, Fernando Robles. A lo largo de casi un mes, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia intentan mediar en la crisis, encontrando serias dificultades: la Constitución prohibe la renuncia de los Alcaldes; la ONPE señala que el plazo para las revocatorias ha vencido en exceso y en todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido un criterio por el cual es casi imposible que un alcalde sea revocado. La tensión se incrementa: comercios, hospitales, colegios, todo organismo público o privado está paralizado. La indiferencia del Estado aumenta la indignación de la población. Fernando Robles se traslada a Puno, por su seguridad.

El 30 de marzo, el alcalde de Iparía, Gabino Muñoz, es asesinado. Él era shipibo, como casi toda la población de este distrito de Ucayali donde la presencia policial es muy reducida. En los años de la violencia política, ser alcalde de Iparía implicaba peligro de muerte. Para Gabino Muñoz, la democracia no fue más segura.

El 21 de abril un nuevo asesinato conmueve Ucayali: dos sicarios matan al periodista Alberto Rivera, que había denunciado los vínculos del alcalde de Pucallpa con el narcotráfico. Días antes había advertido que su vida corría peligro, pero no tenía ninguna protección policial. El proceso se encuentra trabado. Entretanto, es detenido el alcalde de Yungay, a quien los familiares y vecinos sindican como responsable intelectual del asesinato de Antonio De La Torre, también periodista, producido en febrero. De La Torre había denunciado varias veces al alcalde por corrupción.

Pocos días después, miles de campesinos se dirigen a las instalaciones de la empresa inglesa Majaz, en las alturas de Huancabamba. El Ministerio del Interior envía en helicópteros centenares de policías a pedido de la empresa, en abierto contraste con la pasividad ante la crisis de Ilave. Reemberto Herrera, rondero de Huancabamba es asesinado por un efectivo policial. Algunos ronderos han sostenido que la orden de disparar provino del propio despacho ministerial.

El 26 de abril, Fernando Robles, es asesinado por un grupo de pobladores. Aunque su regreso a Ilave la víspera podía hacer prever un desenlace fatal, no hubo ninguna medida policial para resguardarlo. Tampoco hubo mayo intervención durante las seis horas que se produjeron las torturas y golpizas en la plaza principal de Ilave. Muchos observadores presentan el crimen como "justicia popular" o estigmatizan a los puneños como violentos e irracionales. Pocos analizan la responsabilidad de diversas instituciones estatales (por omisión, indiferencia o falta de voluntad para modificar las normas). Las muertes de Rivera y Herrera, producidas la misma semana, pasan a segundo plano, quedando en la impunidad.

Los Obispos de Jaén, Piura y Chulucanas piden que no hayan más concesiones mineras en sus diócesis, dados los fuertes conflictos sociales que generan y que afectan especialmente a los campesinos más pobres, así como la fragilidad del ecosistema local. Entretanto, la empresa Majaz colabora en dar una mala imagen a las empresas mineras, al denunciar por terrorismo a un anciano sacerdote de Chulucanas y a numerosos dirigentes campesinos. Sus representantes afirman que los integrantes del Ministerio del Interior quienes les recomendaron hacer tales denuncias, para desmovilizar a la población. La empresa retira las denuncias, pero se mantiene un clima de temor en la zona, atizado por la emisora radio Centinela.

Aunque la Copa América es presentada como un evento que debe "unir a los peruanos", en realidad hace más visible las divisiones existentes. Se desarrolla en las ciudades menos afectadas por la violencia política y la pobreza, mientras en Tilali, Ayaviri, Lagunas, Bagua, Suyo y un largo etcétera, continúan los conflictos generados por lamentables gestiones municipales y diversas demandas sociales. Algunos medios insisten en el "efecto Ilave", sin tomar en cuenta que en todos estos casos se repiten las limitaciones de la legislación y la indiferencia del gobierno central.

Al finalizar el mes, la protesta de una facción del Sutep termina convirtiéndose en una violenta asonada en Ayacucho. De esta forma se demuestra que el discurso confrontacional sigue teniendo adeptos, con apoyo de algunas emisoras locales. Lamentablemente, se demuestra también que los problemas que generaron la violencia en los años ochenta no han sido enfrentados y la frustración de la población que se siente excluida puede fácilmente desencadenar nuevos hechos de violencia.

El Congreso aprueba eliminar el requisito de contar con libreta militar para obtener el DNI. Meses después, las Municipalidades de Huamanga y Huanta promoverán la inscripción gratuita de quienes no cuentan con partida de nacimiento. Se trata de avances importantes, pero el costo y la breve duración del DNI siguen incrementando el número de indocumentados, especialmente entre los más pobres. Un proyecto del congresista José Luis Risco para que el DNI sea gratuito y permanente termina archivado.

Como todos los años, llega el invierno y, como todos los años, éste es particularmente severo en Puno. Decenas de niños mueren de frío en diversas localidades del altiplano. UNICEF denuncia la indolencia del Estado peruano, que no previó situaciones climáticas periódicas. Se indica que en Chile o Bolivia, un fenómeno similar no ocasiona víctimas fatales. Debe señalarse que en el Cuzco, el dinero destinado originalmente para la disminución de la mortalidad materno-infantil terminó destinado a los palcos vip del estadio Garcilaso.

A pesar del marcado escepticismo inicial, es evidente que la nueva administración del Ministerio del Interior está logrando desactivar la crisis de Ilave. Pronto se llegará a la solución que la población planteaba desde marzo y que las instituciones electorales habían considerado imposible: nuevas elecciones.

Comienza la crisis de Cajamarca, debido a la Resolución 361 del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que autoriza a la empresa Yanacocha a comenzar actividades en el cerro Quilish, principal reserva de agua de la ciudad y los valles aledaños. Luego que los representantes del MEM abandonan el diálogo, estudiantes y campesinos protestan, impidiendo el tránsito de los vehículos de Yanacocha. El padre Marco Arana busca arduamente una salida pacífica, a pesar de la campaña de desprestigio desde los medios allegados a la empresa. Logra evitar consecuencias fatales, pero la tensión se mantiene.

Al conmemorarse el primer aniversario del informe de la CVR, es sintomático que las voces de los campesinos continúan sin ser escuchadas, en Cajamarca y en el resto del país. Los avances concretos en reparación de las víctimas provienen de regiones muy pobres como Huancavelica.

Al día siguiente del aniversario, en Huancayo es baleado Luis Alberto Ramírez, testigo de las desapariciones de decenas de estudiantes de la Universidad del Centro. El principal sospechoso de haber ordenado el atentado, el General Pérez Dócumet, aparece en televisión burlándose de los familiares de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos. Ramírez sobrevive, pero hasta la fecha permanece oculto, para proteger su vida.

Se adjudica el proyecto minero Las Bambas a una empresa de dudoso historial en materia ecológica. En abierta violación al Convenio 169 de la OIT, en las deliberaciones no participan las comunidades afectadas. A pesar de ello, el proyecto es avalado por el cuestionado Presidente Regional, Luis Barra. La satisfacción le dura poco, pues debido a sus numerosos delitos, es destituido. La nueva presidenta, Rosa Suárez Aliaga, anuncia que promoverá un Plan de Reparaciones para las víctimas de la violencia política. En cuanto a Las Bambas, el gobierno precisa que buena parte de los ingresos que genere serán destinados a renovar armamento de guerra. La población de Apurímac se moviliza exigiendo que dichos recursos se inviertan en el departamento, como inicialmente se había asegurado.

Tres turistas franceses de edad avanzada terminan hospitalizados en el Cuzco, debido a los gases lacrimógenos lanzados para "liberarlos" de un grupo de cocaleros que los mantenía "secuestrados" en el Coricancha. Los gases afectan también a transeúntes y a los niños de una escuela. Los policías responsables son felicitados por su eficiencia.

Octubre. Las dos caras de Puno:

El día 17 de octubre, se realizan las elecciones municipales en Ilave. El ambiente apacible que frustra el morbo de algunos periodistas es resultado de meses de trabajo de promoción cívica de diversas organizaciones locales. La llegada de los líderes de los principales partidos políticos es vista con incredulidad y luego satisfacción por los vecinos. Ese mismo día, la realización de las elecciones revocatorias en otros lugares del Perú genera nuevas frustraciones, debido a que se mantiene la errónea interpretación del JNE. En el Estrecho (Loreto) esta frustración genera nuevos hechos de violencia.

Dos días después, los campesinos de Carabaya protestan por la erradicación forzosa de cocales, vulnerando los acuerdos establecidos. Diversos ministros sostienen que campesinos ebrios, armados por el narcoterrorismo, pretenden tomar la central hidroeléctrica San Gabán. Estas declaraciones son pronto desmentidas por las autoridades y los organismos de derechos humanos. La necropsia comprueba, además, que la policía asesinó por la espalda a los campesinos Florencio Quispe, Mauro Surco y Nicolás Gonzales.

Yanacocha declara que no explotará más el cerro Quilish. La empresa ha comprobado su aislamiento ante la opinión pública de Cajamarca. Acaso comprenda que la población no quería sólo dinero (que Yanacocha muchas veces entregaba con generosidad), sino respeto. Al día siguiente, el MEM revoca diligentemente la Resolución 361. La victoria de la población de Cajamarca hace recordar lo ocurrido en Arequipa el año 2002 y en Tambogrande el 2003. En estos dos casos, también una empresa transnacional, respaldada por el gobierno de Toledo, se vio obligada a retroceder, ante el rechazo de la población. Afortunadamente, en la crisis del Quilish no hubo víctimas fatales.

La semana siguiente, en Santa Cruz, en medio de una protesta de campesinos, el dirigente Juan Montenegro es asesinado. Se acusa al integrante de la seguridad de otra empresa minera, perteneciente a los mismos propietarios que Yanacocha. Las asociaciones empresariales condenan con severidad la violencia de los campesinos, sin mencionar la muerte de Montenegro.

La Nochebuena, Signior Pozzo, alcalde de Juanjuí, se convierte en el cuarto alcalde en ser asesinado en el año. A fines de noviembre, fue asesinado Evert Rojas, alcalde de Santiago de Chuco, aparentemente por un grupo de poder local. ¿Si tres alcaldes provinciales son asesinados, qué seguridad pueden sentir los ciudadanos comunes y corrientes?

La entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos al Padre Marco Arana, por su apoyo a los campesinos de Cajamarca, muestra cómo los derechos ambientales también son derechos humanos. Ese mismo día se entrega en Oslo el Premio Nóbel de la Paz a la keniana Wangari Maathai, con el mismo criterio.

Indecopi sanciona a Aura, una discoteca de Larcomar, con una multa de 112,000 soles, la más elevada impuesta hasta el momento a un local racista. Al finalizar setiembre, los grupos antirracistas lograron también la cancelación del programa de televisión La Paisana Jacinta, que denigra la imagen de la mujer andina. Aura anuncia que para la fiesta de Año Nuevo, cualquiera puede adquirir su entrada en los módulos existentes en cualquier Wong o Metro.

Tres alcaldes provinciales, un alcalde distrital, dos periodistas que sabían demasiado, seis campesinos que exigían ser escuchados, decenas de niños con frío, centenares de personas que viajaron por carreteras lamentables o con choferes agotados. Estas trágicas muertes que no deben ser olvidadas es el saldo del 2004, pero también lo es el triunfo de los cajamarquinos y de los antirracistas. El resultado del 2005 en la lucha contra la exclusión depende de lo que todos nosotros hagamos.