De ser aprobada, la nueva ley habilitante en materia
antiterrorista permitirá que el ejército practique
detenciones, registre casas e intercepte comunicaciones sin
mandamiento judicial, lo que reforzaría el poder militar
sobre las actuaciones penales al garantizar su control sobre
todo el proceso legal, lo que en muchos casos conlleva la
intervención de personal militar implicado en violaciones de
derechos humanos, comenzando por la detención y terminando
en juicios ante los tribunales castrenses.
"Es probable que la concesión efectiva al ejército del
derecho a investigarse a sí mismo agrave el escándalo de
derechos humanos que afecta a Colombia, al mismo tiempo que
hará que el personal militar implicado en violaciones de
derechos humanos goce de una impunidad aún mayor", advierte
Amnistía Internacional.
Ya hay numerosos defensores de derechos humanos,
sindicalistas y otros activistas sociales encarcelados sobre
la base de datos facilitados por informantes anónimos poco
fidedignos que suelen cobrar a cambio de su trabajo, y no en
investigaciones judiciales independientes.
Con este proyecto de ley, los defensores de derechos humanos
y los sindicalistas, considerados a menudo subversivos,
quedarán aún más expuestos a sufrir investigaciones penales
arbitrarias.
"El ejército tendrá más facilidades para iniciar
investigaciones basándose en pocos indicios o en ninguno
contra quienes denuncian violaciones que cometen los
militares, a fin de intimidar, silenciar y desprestigiar a
estas organizaciones", ha declarado Amnistía Internacional.
Además, la Fiscalía General de la Nación ha mostrado hace
poco su total indiferencia por la justicia al cesar su
actividad en relación con varios altos mandos del ejército
acusados de violaciones de derechos humanos.
Este mes la Fiscalía precluyó la diligencia de indagatoria
al general retirado Rito Alejo Río en relación con
violaciones de derechos humanos cometidas entre 1995 y 1997
por las fuerzas que estaban bajo su mando en coordinación
con los paramilitares, cuando comandaba la XVII Brigada. En
enero, la Fiscalía había precluido una investigación contra
el general Alvaro Velandia Hurtado por su participación en
la tortura, asesinato y "desaparición" de Nydia Erika
Bautista en 1987. En ambos casos existían contundentes
presunciones de hecho contra los dos ex generales.
"Si el gobierno tiene verdaderamente el compromiso de
abordar la crisis de derechos humanos, debería reforzar el
sistema de justicia civil para garantizar que avancen las
investigaciones penales sobre violaciones de derechos
humanos", concluyó Amnistía Internacional.
El 10 de diciembre de 2003 la Cámara de Representantes
aprobó el estatuto antiterrorista, que reforma los artículos
15, 24, 28 y 250 de la Constitución. La ley entrará en vigor
cuando la Cámara apruebe la oportuna ley habilitante. El
gobierno ha presentado dicha ley habilitante a principios de
marzo.
La ley antiterrorista vulnera el espíritu de los tratados
internacionales de derechos humanos de los que es firmante
Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
la Carta Democrática Interamericana, y ha recibido críticas
de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la
Tortura de la ONU, y el comisario de Asuntos Exteriores de
la Unión Europea.
En su último informe sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia, publicado este mismo mes, el Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma que
"los órganos internacionales de protección de los derechos
humanos han señalado que el ejercicio de funciones de
policía judicial por parte de personas de carácter militar
se opone a los principios de independencia e imparcialidad
de la administración de justicia, enunciados en instrumentos
internacionales ratificados por Colombia."
En el informe se afirma que se "registró igualmente un
aumento de denuncias de violaciones al derecho a la libertad
individual por la comisión de detenciones arbitrarias por
parte de las autoridades estatales", y que "la
administración de justicia siguió adoleciendo de los
problemas en materia de acceso a la misma, de independencia
e imparcialidad judicial, de garantías procesales y
presunción de inocencia, así como de impunidad".
