En la historia de las instituciones y el equilibrio de poderes, el derecho de veto tiene una importancia fundamental. En Uruguay, la Asamblea que elaboró la Constitución que comenzó a regir en 1917 debatió el derecho de veto, otorgado al Poder Ejecutivo.

 

 

El constituyente Emilio Frugoni, representante del Partido Socialista, sostuvo en esa oportunidad que “se trata de una facultad antidemocrática que debe desaparecer del juego de nuestras instituciones”.

 

El derecho de veto -explicó- tuvo en su origen un carácter eminentemente popular para contrarrestar, y a veces anular, los actos de un cuerpo despótico y oligárquico como el Senado.

 

Ejercido en Roma por los tribunos de la plebe, el derecho de veto fue el germen de la moderna y democrática institución del referéndum, que pone en manos del pueblo la facultad de detener la acción del Poder Legislativo. Es, por tanto, todo lo contrario a la institución del veto ejercido por el Poder Ejecutivo, generalmente encarnado en una persona o en un número determinado de personas.

 

“La salvaguarda de la soberanía popular -sostuvo Frugoni- exige oponerse al veto ejercido por el Poder Ejecutivo (aún con simple carácter suspensivo). Y los actos del Poder Legislativo deben tener un límite y un contralor que no debe residir en un poder menos popular, sino en el seno del pueblo mismo”.

 

Frugoni, que sostuvo que aunque bastarán los tres quintos de los integrantes de la Asamblea General para levantar el veto del Poder Ejecutivo, personalmente no consideraba admisible, ni siquiera en principio, que el Poder Ejecutivo pueda detener una resolución del Legislativo.

 

El veto presidencial, sostuvo, es un resabio monárquico. Ese derecho lo vemos reproducido en las constituciones modernas en el plebiscito o en el referéndum, pero no en el derecho de veto que se acuerda al Ejecutivo.

 

La posición del Poder Ejecutivo actual de Uruguay, es decir, del presidente doctor Tabaré Vázquez, en el veto contra un proyecto de Ley de Salud Reproductiva aprobado por el Legislativo, encendió un intenso debate sobre el derecho de veto.

 

La decisión del presidente Vázquez fue contraria a la sostenida por el Partido Socialista en la Constituyente de 1916, que aprobó la que fue la segunda Constitución de la República que comenzó a regir en 1917.

 

El Presidente, que hasta ha tenido cierta militancia en el Partido Socialista, se ha alejado del mismo con motivo de su discrepancia con un proyecto de ley que estableció el derecho al aborto. Vázquez vetó la ley sin haber propuesto, siquiera, alguna instancia de debate, que pudo promover en el Partido Socialista o en el Frente Amplio, lema integrado por diversas fuerzas progresistas.

 

Planteó, además, su condición de “socialista sin carné”, lo que le permite no participar en ámbito alguno de discusión del Partido Socialista sobre ése u otros temas. En fuentes del Frente Amplio se ha comentado esa decisión como algo respetable, pero propio de alguien que nunca ha disertado ni ha escrito sobre socialismo. Ni siquiera en su corto tiempo de “socialista con carné”.