Representantes de comunidades salvadoreñas afectadas y amenazadas por la construcción de represas hidroeléctricas se organizan para enfrentar la estrategia “terrorista” del gobierno de ese país.

 

Según afirman, el modelo energético de las represas hidroeléctricas “atenta” contra la vida de los que “no pueden defenderse”.

 

La organización ambientalista Cesta - Amigos de la Tierra El Salvador, realizó hace algunos días una conferencia, en la que se expusieron varios ejemplos de los daños que provocan las represas, principalmente en comunidades campesinas.

 

Jacobo Martínez, de la comunidad Carolina, en el departamento de San Miguel, dijo que un proyecto hidroeléctrico que se construiría en esa región constituye un “atropello” a muchas pequeñas comunidades.

 

Martínez indicó que el gobierno salvadoreño planifica una “masacre” contra estas localidades. “A eso le llamo terrorismo, porque nos quieren robar las tierras. Hemos convocado a las autoridades para dialogar y nunca vienen”, agregó Martínez.

 

Mauricio Vanegas, de una comunidad afectada por la represa El Cimarrón, en el Estado de Chalatenango, señaló que las políticas energéticas del gobierno “profundizan” la grave crisis social que atraviesa el país.

 

“La lucha por la tierra forma parte de la historia de El Salvador, y estos casos no van a ser la excepción”, aseguró Vanegas.

 

Por su parte, Juan Rojas, representante de las comunidades de Morazan, afectadas por la represa El Tigre, dijo que en esa zona se realizaron inversiones hidroeléctricas por 1500 millones de dólares.

 

Rojas consideró que la población de Morazán, departamento fronterizo con Honduras, estuvo vinculada en “muchas luchas” con las vecinas comunidades hondureñas, y señaló que “ambos pueblos vienen de una historia de guerra”.

 

“La lucha contra la expropiación de recursos también vinculará nuestros destinos hermanos. Hay una consigna que utilizamos: Aquí nacimos, aquí vivimos y aquí nos vamos a morir”, enfatizó Rojas.

 

Estas comunidades salvadoreñas programaron para el 18, 19 y 20 de agosto, un encuentro en Carolina, en donde se definirá una “estrategia de lucha” común.

 

Anotonio Confesor, un religioso de la comunidad de San Antonio del Mosco, que se ve amenazada por la presa El Chaparral, entre otras, sostuvo que en los cinco municipios ubicados en esa región se verán afectadas unas 100 mil personas.

 

Confesor dijo que en la “lucha de estas comunidades”, pertenecientes al estado de San Miguel, participa también el “monseñor Orlando Cabrera”, quien trabajó muy de cerca con el mítico Monseñor Romero.

 

“Monseñor Cabrera había advertido ya hace algunos años que terminaríamos recogiendo cadáveres con las inundaciones”, presagió.

 

Radio Mundo Real

14 de agosto de 2006