El pasado 20 de abril la plataforma petrolera Deepwater Horizon utilizada por British Petroleum (BP) en el Golfo de México explotó matando a once trabajadores. Desde entonces continúa el derrame descontrolado del hidrocarburo afectando las costas de Estados Unidos, y se teme que la mancha de petróleo pueda llegar hasta Cuba. Casi dos meses de pasividad e impotencia internacionales ante una de las peores catástrofes petroleras de la historia. No es una casualidad, sino una opción.

 

La consecuencia más grave hasta ahora de la explosión y hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon es la muerte de once trabajadores. Algún día alguien hará el balance final de la cantidad de vidas humanas que costó y costará esta industria íntimamente asociada con el desarrollo capitalista.

 

Por si esto fuese poco, el escape de crudo ya está por cumplir dos meses y afecta a los estados de Louisiana, Missisipi, Alabama y Florida de Estados Unidos. Un sitio en Internet permite dimensionar con más precisión el tamaño del desastre llevándola a la escala de cualquier ciudad mediante el sistema de mapas de Google.

Y esto continúa.

 

Ciertas publicaciones aportan información valiosa para agregar luz al análisis de lo ocurrido. El Washington Post, por ejemplo, reveló el pasado jueves que mientras las prospecciones en aguas profundas se multiplicaron por diez entre 1988 y 2008, la cantidad de inspectores del Servicio de Gestión de Minerales (MMS, por sus siglas en inglés) sólo había empleado un 13 por ciento más de inspectores en el mismo período.

 

En otras palabras, los servicios reguladores y de contralor de Estados Unidos son actualmente idénticos a los que había en la época de Bush –o sea con las corporaciones directamente en el poder-, siendo que la cantidad de permisos y las áreas habilitadas para prospecciones y extracciones se habían ampliado considerablemente en los últimos años. Darle esa oportunidad a las empresas petroleras equivale a decirles “hagan como gusten”.

 

Y como ellas gustan es “lo más barato posible”, aún a costa de mayores riesgos, sobre todo teniendo en cuenta que la extracción de petróleo es cada vez un negocio técnicamente más complejo pues los yacimientos de superficie y con crudo más liviano prácticamente se han acabado en esa región. Según la publicación USA Today, “los derrames de plataformas petrolíferas y los oleoductos se han más que cuadruplicado en la última década. Entre 1970 y 1990, las plataformas registraron en promedio cuatro derrames por año de más de 50 barriles. De 2000 a 2009, esos derrames fueron en promedio 17 anualmente”. No es una casualidad que BP ocupara el primer lugar en el ranking de estos “accidentes” con 23 escapes de crudo de más de 50 barriles.

 

El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha calculado que si la guerra contra Irak terminara en 2017, Estados Unidos habrá gastado 3 billones (millones de millones) de dólares en ella¹. Si se agrega el costo de Afganistán se llegará probablemente a los 4,5 billones.

 

Es obvio que detener el derrame de petróleo en el Golfo de México es una cuestión de dinero: se pudo haber evitado si se hubiesen adoptado las medidas de seguridad necesarias, aunque ello incrementara el presupuesto de la corporación BP; también, cada vez son más los expertos que aseguran que BP no ha contratado a los mejores equipos técnicos ni ha querido gastar demasiado en obturar el escape, calculando que sus abogados lograrán reducir considerablemente la factura a pagar por los daños ambientales. Y el cálculo incluye cierta benevolencia -o una “benevolencia cierta”- por parte del gobierno y de la justicia de Estados Unidos.

 

El mundo vive sacudido por las noticias de las guerras que impulsan Estados Unidos y sus aliados, aún cuando apenas se conoce muy parcialmente sus consecuencias gracias a una férrea censura que se ejerce hacia los medios no obsecuentes, y a la colaboración de los medios cómplices que son la mayoría. Los gestores del sistema capitalista, junto a las grandes corporaciones transnacionales, disponen de los recursos naturales a su antojo, los distribuyen según sus necesidades y los despilfarran a su gusto.

 

Los daños al medio ambiente no son para ellos más que “accidentes del camino” que la tecnología, la misma que contamina, se encargará de minimizar o remediar, o en el peor de los casos, desastres que hay que disimular para que sus costos sean los más bajos posible. Es el viejo cálculo de costo-beneficio, sólo que la contabilidad es la de las corporaciones y no la del planeta en su conjunto.

 

Es probable que durante un tiempo se usen duras palabras contra la inseguridad de las prospecciones, la burocracia controladora, las leyes y reglamentos demasiado laxos hacia las empresas, pero lo que finalmente primará será que, por ejemplo, según la consultora Douglas-Westwood, ya antes de los fabulosos descubrimientos en el presal brasileño, para 2012 ya estaba prevista y comprometida una inversión global de 20.700 millones de euros en prospección petrolera en aguas profundas.

 

El “reciente hallazgo” de enormes yacimientos minerales en Afganistán será probablemente utilizado para contrabalancear la mala imagen de una guerra que, desde hace tiempo, ha develado sus verdaderas motivaciones, y especialmente las de las corporaciones de Estados Unidos.

 

El presidente Obama deberá tener cuidado en su búsqueda de traseros para patear, porque de hacerlo con seriedad probablemente le resultará una práctica permanente… y muy dolorosa.