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María Claudia y
su esposo,
secuestrados en
la última dictadura. |
La semana que acaba de concluir el panorama se movió, tanto
en el plano nacional como internacional, como pocas veces lo
hizo en los últimos años.
El miércoles 19 por la noche los partidarios del fin de la
impunidad se vieron sorprendidos por una noticia adversa a
sus intereses: un Tribunal de Apelaciones había decidido
archivar definitivamente la causa abierta por la
desaparición, en Montevideo en 1976, de María Claudia García
de Gelman, nuera del poeta, escritor y periodista argentino
Juan Gelman.
El tribunal de alzada confirmó así la decisión del fiscal
Enrique Moller, quien, contra el punto de vista del gobierno
del socialista Tabaré Vázquez, consideró que el crimen de la
joven María Claudia, trasladada desde Buenos Aires con el
objetivo exclusivo de apropiarse de la hija que parió en
cautiverio y posteriormente asesinarla, estaba comprendido
en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Este texto, que fue aprobado en 1986 y ratificado en un
referéndum tres años más tarde, exime de castigo a militares
y policías que hayan cometido delitos de lesa humanidad
entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985 en
cumplimiento de órdenes de superiores.
El fallo del tribunal determinó, paradójicamente, que
comenzaran a explorarse nuevas posibilidades para castigar y
enviar a prisión a los culpables de diversas aberraciones
durante la dictadura. Algunas de estas novedades provinieron
de filas del propio gobierno de Vázquez, que si bien desde
que asumió funciones, el 1 de marzo último, había mostrado
una actitud bien distinta a sus predecesores en cuanto a las
investigaciones sobre lo sucedido, no se había desmarcado de
igual manera respecto al eventual castigo de los
responsables de violaciones a los derechos humanos.
Vázquez dijo repetidas veces que respetaría a rajatabla la
ley de Caducidad, limitándose a excluir de ella, como le
permite la propia normativa, algunos pocos casos (entre
ellos el de María Claudia García, en gran parte por un
compromiso con el gobierno argentino de Néstor Kirchner, y
el de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz, secuestrados y asesinados en Buenos Aires en mayo de
1976).
Sin embargo, con el paso del tiempo el Poder Ejecutivo fue
radicalizando su actitud. Para ello fue decisivo el hecho de
que las Fuerzas Armadas, instadas por el presidente de la
República a comunicar la verdad sobre el destino de los
detenidos-desaparecidos, hayan una vez más omitido
información y mentido.
Las excavaciones en predios militares y particulares en
búsqueda de restos humanos que se vienen llevando a cabo
hace meses en función de datos brindados por los militares
sobre lugares en que habría habido enterramientos no han
dado hasta el momento resultado alguno y a esta altura se
presume que nada cambiará cuando los trabajos sobre el
terreno hayan concluido.
Visiblemente molesto por la situación, el presidente Vázquez
anunció que daba tiempo a las Fuerzas Armadas hasta fines de
este mes de octubre para que surgieran “novedades”. De lo
contrario, dijo, el gobierno tomaría severas medidas, que no
especificó.
La clausura de la “vía judicial” para juzgar al menos alguno
de los crímenes de la dictadura que supuso el fallo sobre el
caso de María Claudia García terminó de conformar un marco
propicio para un cambio de rumbo.
El viernes 21, el semanario Brecha reveló que la bancada de
legisladores del gobernante Encuentro Progresista-Frente
Amplio estaba poniendo a punto un proyecto de ley para
declarar permanentes e imprescriptibles los delitos de lesa
humanidad cometidos bajo la dictadura.
De prosperar esta iniciativa, que debería ser aprobada sin
problemas ya que el partido oficialista dispone de mayoría
absoluta en el Parlamento, la ley de Caducidad de 1986 no
necesitaría ser derogada, ya que el texto apuntaría a
“aterrizar las convenciones internacionales que Uruguay ha
suscrito”, indicó a Brecha el senador Enrique Rubio,
presidente de la Vertiente Artiguista, uno de los grupos de
la coalición en el poder.
Un comunicado de ese sector político difundido este fin de
semana precisa que el proyecto de ley se titulará
“Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y
Cooperación con la Corte Penal Internacional (Estatuto de
Roma)”, y que “tipifica el crimen de genocidio incluyendo al
genocidio cultural, e incorpora como crímenes de lesa
humanidad el homicidio político, la desaparición forzada de
personas, la tortura, la privación grave de libertad, las
agresiones sexuales contra las personas privadas de
libertad, y la protección de las víctimas y su reparación”.
La ley de Caducidad uruguaya de 1986 está en contradicción
con los tratados internacionales suscriptos por este país en
materia de violaciones a los derechos humanos, que tienen
preeminencia sobre las legislaciones nacionales, insistió
Rubio.
Precisamente por esa contradicción es que, además, el Estado
uruguayo corre riesgo de ser condenado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 1992
elaboró un informe en el cual establece que las normas
vernáculas violan disposiciones de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención
sobre Derechos Humanos e insta a eliminarlas.
Todos los gobiernos conservadores que se sucedieron desde
entonces en Montevideo incumplieron esa resolución.
El lunes 17, en Washington, la CIDH dio plazo hasta febrero
de 2006 al gobierno uruguayo para que adecue la legislación
nacional a la internacional. De lo contrario, puede darse el
caso de que sea condenado por ese organismo, paradójicamente
en momentos en que el país cuenta, por primera vez en su
historia, con un gobierno de signo progresista con el cual
simpatizan muchos de los defensores de los derechos humanos.
Por lo pronto, el Poder Ejecutivo presidido por Tabaré
Vázquez tendrá en breve una nueva oportunidad de demostrar
sus diferencias con los gobiernos anteriores cuando reciba
de la justicia argentina pedidos de extradición de siete
militares y un policía vinculados al secuestro y
desaparición de María Claudia García. Solicitudes similares
por otros casos formuladas años antes, bajo gestiones de
derecha, ni siquiera fueron derivadas al Poder Judicial por
las autoridades de turno, al estimar que los casos estaban
comprendidos en la ley de 1986.
En declaraciones publicadas el sábado 22 por el diario
argentino Página 12, el secretario de la Presidencia de
Uruguay, Gonzalo Fernández, admitió que Argentina “tiene
pleno derecho” de pedir esas extradiciones y que “apenas
lleguen a Montevideo el gobierno les dará curso”. Quedará
por ver, de todas maneras, la actitud de la justicia.
A una pregunta sobre si la administración de Vázquez
“presentará un proyecto para rever la vigencia de la Ley de
Caducidad”, Fernández declaró: “al regreso del presidente
creo que va a haber medidas importantes en ese sentido”.
A partir del jueves 27, cuando retorne a Montevideo de una
gira oficial por Europa, todas las miradas estarán puestas
en Tabaré Vázquez y las iniciativas que pueda anunciar en
este plano.
Daniel
Gatti
©Rel-UITA
25 de
octubre de 2005
