Uruguay

 

¿Se acerca el fin de la impunidad?

El escenario en materia de derechos humanos en Uruguay promete cambiar de manera radical: una perspectiva seria parece por fin surgir para que responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura cívico-militar sean detenidos y juzgados.

María Claudia y su esposo,

secuestrados en la última dictadura.    

 

La semana que acaba de concluir el panorama se movió, tanto en el plano nacional como internacional, como pocas veces lo hizo en los últimos años.

 

El miércoles 19 por la noche los partidarios del fin de la impunidad se vieron sorprendidos por una noticia adversa a sus intereses: un Tribunal de Apelaciones había decidido archivar definitivamente la causa abierta por la desaparición, en Montevideo en 1976, de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta, escritor y periodista argentino Juan Gelman.

 

El tribunal de alzada confirmó así la decisión del fiscal Enrique Moller, quien, contra el punto de vista del gobierno del socialista Tabaré Vázquez, consideró que el crimen de la joven María Claudia, trasladada desde Buenos Aires con el objetivo exclusivo de apropiarse de la hija que parió en cautiverio y posteriormente asesinarla, estaba comprendido en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Este texto, que fue aprobado en 1986 y ratificado en un referéndum tres años más tarde, exime de castigo a militares y policías que hayan cometido delitos de lesa humanidad entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985 en cumplimiento de órdenes de superiores.

 

El fallo del tribunal determinó, paradójicamente, que comenzaran a explorarse nuevas posibilidades para castigar y enviar a prisión a los culpables de diversas aberraciones durante la dictadura. Algunas de estas novedades provinieron de filas del propio gobierno de Vázquez, que si bien desde que asumió funciones, el 1 de marzo último, había mostrado una actitud bien distinta a sus predecesores en cuanto a las investigaciones sobre lo sucedido, no se había desmarcado de igual manera respecto al eventual castigo de los responsables de violaciones a los derechos humanos.

 

Vázquez dijo repetidas veces que respetaría a rajatabla la ley de Caducidad, limitándose a excluir de ella, como le permite la propia normativa, algunos pocos casos (entre ellos el de María Claudia García, en gran parte por un compromiso con el gobierno argentino de Néstor Kirchner, y el de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrados y asesinados en Buenos Aires en mayo de 1976).

 

Sin embargo, con el paso del tiempo el Poder Ejecutivo fue radicalizando su actitud. Para ello fue decisivo el hecho de que las Fuerzas Armadas, instadas por el presidente de la República a comunicar la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos, hayan una vez más omitido información y mentido.

 

Las excavaciones en predios militares y particulares en búsqueda de restos humanos que se vienen llevando a cabo hace meses en función de datos brindados por los militares sobre lugares en que habría habido enterramientos no han dado hasta el momento resultado alguno y a esta altura se presume que nada cambiará cuando los trabajos sobre el terreno hayan concluido.

 

Visiblemente molesto por la situación, el presidente Vázquez anunció que daba tiempo a las Fuerzas Armadas hasta fines de este mes de octubre para que surgieran “novedades”. De lo contrario, dijo, el gobierno tomaría severas medidas, que no especificó.

 

La clausura de la “vía judicial” para juzgar al menos alguno de los crímenes de la dictadura que supuso el fallo sobre el caso de María Claudia García terminó de conformar un marco propicio para un cambio de rumbo.

 

El viernes  21, el semanario Brecha reveló que la bancada de legisladores del gobernante Encuentro Progresista-Frente Amplio estaba poniendo a punto un proyecto de ley para declarar permanentes e imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura.

 

De prosperar esta iniciativa, que debería ser aprobada sin problemas ya que el partido oficialista dispone de mayoría absoluta en el Parlamento, la ley de Caducidad de 1986 no necesitaría ser derogada, ya que el texto apuntaría a “aterrizar las convenciones internacionales que Uruguay ha suscrito”, indicó a Brecha el senador Enrique Rubio, presidente de la Vertiente Artiguista, uno de los grupos de la coalición en el poder.

 

Un comunicado de ese sector político difundido este fin de semana precisa que el proyecto de ley se titulará “Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Cooperación con la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma)”, y que “tipifica el crimen de genocidio incluyendo al genocidio cultural, e incorpora como crímenes de lesa humanidad el homicidio político, la desaparición forzada de personas, la tortura, la privación grave de libertad, las agresiones sexuales contra las personas privadas de libertad, y la protección de las víctimas y su reparación”.

 

La ley de Caducidad uruguaya de 1986 está en contradicción con los tratados internacionales suscriptos por este país en materia de violaciones a los derechos humanos, que tienen preeminencia sobre las legislaciones nacionales, insistió Rubio.

 

Precisamente por esa contradicción es que, además, el Estado uruguayo corre riesgo de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 1992 elaboró un informe en el cual establece que las normas vernáculas violan disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención sobre Derechos Humanos e insta a eliminarlas.

 

Todos los gobiernos conservadores que se sucedieron desde entonces en Montevideo incumplieron esa resolución.

 

El lunes 17, en Washington, la CIDH dio plazo hasta febrero de 2006 al gobierno uruguayo para que adecue la legislación nacional a la internacional. De lo contrario, puede darse el caso de que sea condenado por ese organismo, paradójicamente en momentos en que el país cuenta, por primera vez en su historia, con un gobierno de signo progresista con el cual simpatizan muchos de los defensores de los derechos humanos.

 

Por lo pronto, el Poder Ejecutivo presidido por Tabaré Vázquez tendrá en breve una nueva oportunidad de demostrar sus diferencias con los gobiernos anteriores cuando reciba de la justicia argentina pedidos de extradición de siete militares y un policía vinculados al secuestro y desaparición de María Claudia García.  Solicitudes similares por otros casos formuladas años antes, bajo gestiones de derecha, ni siquiera fueron derivadas al Poder Judicial por las autoridades de turno, al estimar que los casos estaban comprendidos en la ley de 1986.

 

En declaraciones publicadas el sábado 22 por el diario argentino Página 12, el secretario de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, admitió que Argentina “tiene pleno derecho” de pedir esas extradiciones y que “apenas lleguen a Montevideo el gobierno les dará curso”. Quedará por ver, de todas maneras, la actitud de la justicia.

 

A una pregunta sobre si la administración de Vázquez “presentará un proyecto para rever la vigencia de la Ley de Caducidad”, Fernández declaró: “al regreso del presidente creo que va a haber medidas importantes en ese sentido”.

 

A partir del jueves 27, cuando retorne a Montevideo de una gira oficial por Europa, todas las miradas estarán puestas en Tabaré Vázquez y las iniciativas que pueda anunciar en este plano.

 

Daniel Gatti

©Rel-UITA

25 de octubre de 2005

 

   

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