A las 5:15 de la mañana del 4 de septiembre de 2007, el huracán Félix, de categoría 5, tocó tierra en el norte de la Costa Caribe sembrando muerte y destrucción entre las poblaciones de la zona. A seis meses del desastre, la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo organizó una conferencia para dar a conocer la situación actual y las perspectivas de las áreas que fueron severamente afectadas.

El pasaje de Félix provocó más de 200 víctimas entre fallecidos y desaparecidos, y graves daños a casi 200 mil personas. 20.452 viviendas y más de 500 kilómetros de red vial fueron destruidos o semidestruidos, mientras que fueron arrasados 1,6 millones de hectáreas de bosques y 90 mil hectáreas de cultivos agrícolas. Los perjuicios totales fueron calculados en aproximadamente 850 millones de dólares, y el costo de la rehabilitación para la emergencia en los primeros seis meses en más de 300 millones.

Según Dixie Lee, miembro de la Coordinadora Civil (CC) en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), “El huracán Félix llegó a profundizar aún más la situación de pobreza y crisis en la que históricamente está hundido el Caribe nicaragüense, donde la tasa de desempleo se mantiene en un 85 por ciento, el analfabetismo en un 40 por ciento, el acceso al agua potable es del 11,1 por ciento y donde la mortalidad infantil sobrepasa los 362 por cada cien mil nacidos”.

En su análisis, Lee demostró cómo la llegada masiva de organizaciones humanitarias en las semanas sucesivas al desastre despertó muchas expectativas que fueron desatendidas a lo largo de estos seis meses, “ya que la mayoría de estas organizaciones se fue y la situación sigue siendo muy difícil para la población de la región”.

Uno de los principales problemas evidenciados por el representante de la Coordinadora Civil es la inseguridad alimentaria.

“En el Presupuesto de la República que la Asamblea Nacional acaba de aprobar, se destinaron 120 millones de córdobas (6,3 millones de dólares) para la emergencia. Esto no es suficiente, y resulta ser inferior al presupuesto de muchos ministerios. El PMA y el gobierno enviaron inicialmente una buena cantidad de alimentos, logrando de esa manera paliar la situación, pero ahora se considera que terminó la emergencia.

Nos enviaron semillas certificadas, pero muchas de ellas no germinaron y actualmente ninguna comunidad ha tenido cosecha. También con la pesca hemos tenido problemas. En un primer momento se prohibió totalmente el acceso a los cayos donde hubo el impacto más fuerte del huracán, y los casi 3 mil buzos que viven de la pesca de la langosta pudieron aprovechar del recurso sólo en enero y febrero. A partir de marzo comienza la veda y para los próximos tres meses la situación va a ser muy crítica”.

Otro punto neurálgico son las viviendas. “Las autoridades nacionales y locales impulsaron la rehabilitación de las casas parcialmente dañadas con la entrega de láminas de zinc para los techos, pero esto ayudó sobre todo en la zona urbana. En la rural las viviendas fueron totalmente arrasadas y el proceso de reconstrucción ha sido muy lento. Además –continuó Lee– es importante que se desarrolle un proceso de acompañamiento sistemático a las comunidades, porque no es suficiente entregar el material. Se necesita de personal que acompañe los procesos comunitarios y que ayude a la población a superar el trauma que dejó el huracán. Cuando en las comunidades hay crisis y hambruna surgen fenómenos de histeria colectiva (Grisi Siknis) y en este momento se están dando las condiciones para un brote”, concluyó el miembro de la Coordinadora Civil.

El caso de “Las Minas”

Una de las zonas más afectadas ha sido el territorio de Las Minas, en la parte interna de la Costa Caribe. Según Abdel García, coordinador del Proyecto de Emergencia en el Triángulo Minero impulsado por el Centro Humboldt y Oxfam, “Nuestra intervención comenzó 15 días después del impacto del huracán y elaboramos una evaluación de daños a nivel de los municipios afectados, para que los gobiernos locales tuvieran un instrumento estadístico que les ayudara a hacer gestiones de recursos, para mitigar la situación alimentaria y para la rehabilitación de la actividad productiva y construcción de las infraestructuras. Se priorizaron los territorios más afectados y más alejados y entramos a territorios, en donde no había presencia institucional. La intervención se hizo en 48 comunidades, 15 de las cuales pertenecen al territorio indígena mayagnas que se encontraban a 5-6 días de distancia a pie, porque no había otra forma de acceso. A ese propósito, uno de los aspectos más importantes va a ser la rehabilitación de caminos de penetración y puentes, ya que hay una gran pérdida en la red vial secundaria y terciaria”.

La intervención se enfocó en cuatro áreas de desarrollo. En el de agua y saneamiento se trató de mejorar la calidad del agua, a través de diferentes técnicas que permitieran bajar los índices de morbilidad debido al consumo de agua contaminada. Se rehabilitaron también 500 letrinas.

En el área de promoción en salud se trabajó en la capacitación de personal local para que hubiese un nivel de incidencia a nivel comunitario, mientras que la tercer área, la de preparación ante desastres, en 20 de las 48 comunidades se conformaron comités locales con la presencia del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención en Desastres (SINAPRED) y de ellas, ya hay 15 capacitadas y preparadas ante un posible desastre natural.

“Una de las preocupaciones que tenemos tiene que ver con los incendios -explicó García-. El huracán tumbó una cantidad enorme de recursos forestales y a esto se suman las malas prácticas agrícolas (quemas) que históricamente se emplean en la región. Esta situación deja latente la posibilidad de incendios y es por eso que se conformaron brigadas contra incendios como un instrumento local de prevención”.

El cuarto eje tiene que ver con la seguridad alimentaria para la rehabilitación productiva. “Se distribuyeron semillas de frijol y maíz, logrando beneficiar a 2.474 familias con un rendimiento del 95 por ciento para el frijol y 70 por ciento por el maíz”, continuó el responsable del proyecto.

“El PMA intervino en la etapa de ayuda alimentaria, la cual ya terminó. Ahora estamos en la etapa de rehabilitación, de alimento por trabajo. Sin embargo las poblaciones están todavía en riesgo alimentario”, agregó.

Coordinación con instituciones nacionales y locales

Según la experiencia desarrollada en estos seis meses por ese proyecto, ha sido fundamental la coordinación con las delegaciones de las diferentes instituciones nacionales y con los gobiernos locales.

“En el caso de las instituciones, hay algunas que han sido consecuentes con el drama que se ha vivido en estas zonas –expresó García–. El nivel de afectación y la cantidad de problemas   ameritan una intervención de gran envergadura; desafortunadamente, el problema más relevante ha sido la falta de recursos y de personal, como es el caso del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y del Ministerio de Agricultura (MAGFOR). Hubo una participación muy activa del Ministerio de Salud (MINSA), apostando mucho a que el liderazgo comunitario jugara un papel vital para llegar a las familias más aisladas”, concluyó.