A casi cuatro meses de haber terminado
el proceso electoral en Nicaragua, el
jefe de la Misión de Observación
Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) e
integrante del Parlamento Europeo,
Claudio Fava, presentó un informe final
que contribuye a la discusión sobre las
reformas electorales y el
fortalecimiento del proceso de
desarrollo democrático en Nicaragua.
El mandato que tenía la MOE-UE
era realizar una valoración global del
proceso electoral de acuerdo con los
principios internacionales para la
celebración de elecciones genuinamente
democráticas, en línea con la
metodología estándar de la UE y
la “Declaración de Principios para la
Observación Internacional de
Elecciones”, adoptada bajo los auspicios
de las Naciones Unidas en octubre de
2005.
Según Claudio Fava, “El proceso
electoral fue un logro significativo del
pueblo nicaragüense que, con su
participación masiva y su actitud
pacífica, ratificó su compromiso con la
democracia. Sin embargo, el sentido de
mi presencia en Nicaragua a esta
altura está más relacionado con darle
respaldo al proceso de reformas
electorales para futuros comicios y para
fortalecer el proceso de desarrollo
democrático en general.
A pesar de que las autoridades
electorales ratificaron la voluntad
expresada en las urnas por el pueblo
nicaragüense, la Misión ha observado que
“son necesarias reformas profundas para
fortalecer la institucionalidad e
independencia de la administración
electoral y la participación de todas
las fuerzas políticas en futuros
comicios”.
En su análisis, el jefe de la misión de
la Unión Europea señaló una serie de
falencias y planteó algunas
recomendaciones a las instituciones y a
los partidos políticos que participan en
el proceso electoral, dejando en claro
que las eventuales reformas que surjan
en el futuro son tarea exclusiva de las
instituciones, así como del impulso
civil y político de la sociedad para
promoverlas.
Fava
indicó como primer punto la necesidad de
una revisión global y exhaustiva de la
Ley Electoral, para que llegue a
tomar en cuenta las características
políticas, institucionales y de marco
histórico del país y de cómo cambió y se
fortaleció su proceso democrático. “En
Nicaragua no se puede seguir
siempre impulsando un proceso electoral
como si fuera un referéndum entre los
sandinistas y los que están en contra de
ellos, sino que ya hay multipartidismo y
se necesita una Ley Electoral que tome
en cuenta la realidad política actual
del país”, expresó.
Otro aspecto muy delicado tuvo que ver
con la Administración electoral y
el rol del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Se constató un alto grado de
politización de esta institución a favor
de dos partidos (FSLN y PLC)
y en el informe se considera que hay que
aportar reformas para tomar en cuenta
los cambios que ha vivido el país en las
últimas décadas. Se necesita, además, un
nuevo sistema de designación de los
magistrados del CSE, para
garantizar su imparcialidad e
independencia de todos los partidos
políticos. Deberían plantearse
mecanismos adecuados para realizar
consultas efectivas ante la sociedad
civil durante el proceso de selección.
Los criterios de elegibilidad de los
magistrados deberían garantizar y
privilegiar el perfil cívico,
institucional y profesional de los
candidatos, más allá de sus afiliaciones
políticas y partidarias. Según
Claudio Fava, “Esto va a ser
fundamental sobre todo en procesos
electorales cuyos resultados sean muy
cerrados. Además, el CSE debe ser
fortalecido como institución a través de
la Ley de Servicio Civil y de Carrera
Administrativa, y hay que crear
mecanismos independientes para resolver
los casos de impugnaciones de Juntas
Receptoras de Votos (JRV). Sería
necesario crear un departamento legal o
una división separada para apoyar al
CSE en el cumplimiento de sus
funciones reguladoras”.
Una tercera recomendación abarcó a los
partidos políticos, cuya
naturaleza específica debería ser
reforzada mediante una Ley de Partidos
Políticos, para poder responder a las
nuevas y más complejas demandas de la
sociedad, al tiempo que debería
reconocer a los partidos como poseedores
de derechos y obligaciones que van más
allá de los períodos electorales.
“Además, debería garantizar una
participación de toda la ciudadanía en
la vida política y democrática del país,
ofrecer espacios para la participación
electoral de nuevos sujetos políticos, a
través de un marco legal menos rígido
que el actual, que no está facilitando
el protagonismo electoral de la sociedad
civil ubicada fuera de los partidos
tradicionales”, señaló Fava.
El jefe de la misión de la UE
remarcó también la necesidad de nuevos
mecanismos para regular y registrar de
manera transparente el volumen de los
gastos electorales y de las donaciones a
los partidos.
Con respecto al Registro Civil y
la formación del Padrón Electoral, se
evidenciaron muchas debilidades. Existe
la necesidad de que sean actualizados,
simplificados, estandardizados e
informatizados a nivel municipal y
manejados por una división especializada
del CSE o de una agencia
gubernamental separada con un
presupuesto autónomo. Uno de los puntos
más problemáticos fue el proceso de
cedulación. Según Fava, este
proceso debería de ser permanente y no
sólo en período electoral y debería
también estar afuera del control de los
partidos, que en las últimas elecciones
se encargaron de la repartición de las
cédulas de identidad de sus afiliados.
Entre los puntos hay que mencionar la
necesidad de establecer reglas claras y
transparentes para la publicación de los
resultados finales, ya que después de
más de cuatro meses de haber finalizado
el proceso electoral, aún no se han dado
a conocer los resultados finales en
términos numéricos (se conoce sólo el 92
por ciento de ellos) y hasta la página
web del CSE está desactualizada.
Un último aspecto que tocó el informe se
refiere a los medios de comunicación.
En medio de un proceso electoral en el
cual se habló poco de política y se dio
más espacio al enfrentamiento emotivo
entre partidos y candidatos, los medios
no supieron contribuir a un clima de
calma y tranquilidad. A ese propósito,
el jefe de la misión de la UE
indicó la necesidad de implementar
mecanismos como “ofrecer espacios de
antena a todos los candidatos,
determinar los limites sobre el tiempo
de antena y el espacio que puedan ser
adquiridos por cada partido político o
candidato, de acuerdo a parámetros
aplicables por los medios, hasta llegar
a ofrecer a cada partido un tiempo
gratuito de propaganda electoral y la
adopción de un Código de Conducta
Voluntario para todos los medios”.
En Managua,
Giorgio Trucchi
© Rel-UITA
30 de marzo de 2007
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