La
expulsión de las comunidades indígenas fue realizada aproximadamente
hace 15 días, según la denuncia de los vecinos del municipio de Ipala,
siendo acompañados por la Procuraduría de Derechos Humanos. Continuaron
informado dichos denunciantes que la Procuraduría no ha realizado un
pronunciamiento público, sobre las violaciones a los derechos humanos
cometidos en contra de las comunidades indígenas y los habitantes del
municipio.
Estas
comunidades que son originarios de San Luís Jilotepeque del Departamento
de Jalapa, por más de 50 años han sido las que han realizado la
distribución de alimentos en Ipala, en la plaza del municipio. El
actual alcalde con fines eminentemente politiqueros y como parte de sus
ofrecimientos de campaña procedió a la expulsión de estas comunidades,
sin importarle el daño causado a los habitantes del municipio y a las
familias de las personas expulsadas de la plaza de Ipala.
Este
personaje ha sido alcalde del municipio de Ipala por más de 25 años,
durante los cuales se ha puesto diferentes banderas políticas,
utilizando el clientelismo político y el amiguismo con el propósito de
mantener el control y dominio de la población que radica en dicho
municipio. Como se ha podido observar la forma en que ha manipulado a
los 63 bicitaxis que están autorizados para operar en el municipio tanto
en apoyo a su campaña electoral, como en el proceso de expulsión de las
comunidades indígenas de la plaza central del municipio.
La
expulsión de las comunidades indígenas fue aprovechada por vecinos del
municipio cercanos al Alcalde para subir sustancialmente los precios de
los productos alimenticios. Los vecinos citan como ejemplo que
anteriormente el tomate costaba 1,50 Quetzales* y ahora Q.3,00. La zanahoria
cuesta ahora Q.3,00 y un repollo tiene el irrisorio precio de Q.15,00.
En ese sentido, la lógica de la expulsión de las comunidades del
departamento de Jalapa, es privilegiar a los comerciantes locales que
han apoyado la candidatura municipal del señor Pérez.
Por lo
expresado anteriormente, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) exige a la Procuraduría de los
Derechos Humanos, el Ministerio Público y al Tribunal Supremo Electoral,
realizar las investigaciones inherentes a sus funciones a fin de
castigar a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos.
En ese
contexto el GAM informa a la opinión pública que estará
presentando una denuncia ante el Ministerio Público el día martes 14 a
las 10:30 y ante el Tribunal Supremo Electoral a las 11:00 horas, para
que en el cumplimiento de sus funciones, realicen las investigaciones
necesarias y se procedan a juzgar a las personas involucradas en esta
violación a los derechos humanos.
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GAM
Grupo de Apoyo Mutuo
14 de agosto de 2007 |
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