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El asesinato del parlamentarismo

 

Centroamérica - Guatemala

 

La historia política de América Latina es una usurpación constante del poder por pequeñas elites que reivindicaban ideas democráticas y violaban, al mismo tiempo e impunemente, constituciones y soberanías populares. Si tuviésemos que destacar un rasgo característico de los países situados al sur del río Grande o Bravo (frontera entre México y Estados Unidos) sería probablemente el de la nefasta tradición secular de intervencionismo militar en la vida política. Unas cifras nos ayudarán as entenderlo. De los 1743 gobiernos soportados desde 1884 hasta 1984, el 44,8% fueron militares y el 38,4% civiles, gobernando aquellos también más tiempo (46,7%) que los civiles (42,5%).

 

Todo esto nos revela que los países americanos han ido por un camino distinto de las vías democráticas que sus constituciones prescriben. Sólo en periodos muy limitados se consiguió una auténtica subordinación a la soberanía popular. El papel de los parlamentos nacionales y la calidad de sus relaciones con sus respectivos ejecutivos no han alcanzado la madurez suficiente como para consolidar una auténtica democracia en la región.

 

En varios países, Brasil y Bolivia por ejemplo, se observa una sorprendente falta de lealtad hacia los partidos por parte de los propios políticos-legisladores, hasta el punto de que un tercio de los legisladores cambian de partido en el transcurso de una legislatura. Se llega entonces a una situación nada esperanzadora: los legisladores trabajan en su propio interés, los presidentes utilizan su poder para cooptar a la oposición, debilitar la supervisión del Congreso sobre la política del ejecutivo y convencer a los legisladores para que le permitan el uso del más peligroso y autoritario instrumento presidencial en una democracia: el decreto.

 

Aunque existen instituciones regionales como el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento andino e incluso uno indígena, nos centraremos en el Parlamento Centroamericano, tres de cuyos componentes, salvadoreños, han sido asesinados en su ciudad sede, Guatemala. El proceso de integración centroamericano, que es además el de más antigüedad de toda América latina, se descompuso totalmente en los setenta y ochenta. En 1991 fue reavivado con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Los países miembros (El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y como observador República Dominicana) optaron por llegar a una comunidad económica y política que aspira a una profunda integración. Algunos Estados, sin embargo, no han ratificado los protocolos. Costa Rica es el menos entusiasta de esta integración y podíamos establecer un paralelismo malévolo con el Reino Unido en el caso de la Unión Europea, ya que aquél objetó su incorporación a la Corte Centroamericana de Justicia, aduciendo que en su estatuto existen disposiciones que van en contra de su Carta Magna, y tampoco ha ratificado el tratado que establece el Parlamento porque su Asamblea Legislativa consideró perjudicial delegar facultades en un órgano supranacional.

 

Funciona permanentemente y está integrado por veinte diputados titulares por cada Estado miembro con sus respectivos suplentes elegidos por periodos de cinco años por sufragio universal, directo y secreto, pudiendo ser reelegidos. Sólo el Parlamento Europeo goza de esta misma legitimidad democrática directa. A estos hay que añadir el execrable cementerio dorado de elefantes políticos ya que los presidentes y los vicepresidentes de cada uno de los Estados al concluir su mandato pasan a ser "diputados centroamericanos" sin estar ligados por mandato imperativo, gozando de inmunidades y privilegios especiales e irresponsabilidad por sus opiniones y votos. Los requisitos y las incompatibilidades para ser diputado coinciden con los que se exigen para serlo de las cámaras nacionales, sin olvidar la de no poder ser funcionarios de organismos internacionales mientras dure el mandato. Es un instrumento de cooperación regional de planteamiento, análisis y recomendación, foro permanente para el diálogo y el sano debate como medios de solución de conflictos y la búsqueda de la paz, la democracia y el desarrollo. Orienta los procesos de integración y propone proyectos de tratados y convenios, propicia la convivencia pacífica y la seguridad regionales. Debe promover la democracia pluralista y participativa.

 

Su poder moral, institucional y pluralista es aún más significativo por cuanto se sientan en sus escaños de Guatemala prácticamente todos los partidos de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, sin discriminación de signo ideológico, en agrupaciones comunitarias, e incluso dialogan fructíferamente en su seno líderes que antiguamente se enfrentaban con armas. Es una instancia deliberativa, de diálogo y recomendación de 30 millones de habitantes y alrededor de 40 partidos políticos.

 

El parlamentarismo regional puede contribuir al logro de sistemas políticos incluyentes de todas las fuerzas y sectores sociales; la reforma y modernización del estado y de las instituciones con la reconstrucción de las economías, la generación y mejor reparto de la riqueza, la disminución de la polarización social y la resolución de una vez por todas del problema agrario y la cuestión indígena. En la actualidad sólo es una instancia meramente consultiva, pero ya se ha planteado evolucionar hacia estadios más avanzados como el de tener competencias presupuestarias, de control democrático y de legislación regional, etc., para que llegue a ser un verdadero Parlamento de integración con plena capacidad de iniciativa.

 

El diálogo y no la violencia es su esencia. Por ahora no se conocen las causas del asesinato de los tres parlamentarios centroamericanos. El esclarecimiento total de los hechos, de los motivos y de sus autores materiales e intelectuales es esencial para el futuro del parlamentarismo regional. Guatemala y el Parlamento se lo deben a El Salvador, a sus familiares y amigos. Aunque la investigación de los hechos corresponde a Guatemala, no estaría demás la formación de una comisión regional que dejara satisfechos, en el derecho a la verdad, al pueblo centroamericano.

Luis Peraza Parga
Convenio Rel-UITA/La Insignia

26 de febrero de 2007

 

 

 

 

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