El quinto informe divulgado este año por la
Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos,
relativo al seguimiento de las violaciones de los derechos humanos en
Guatemala, muestra que sólo en los últimos diez meses fueron
cometidos 178 ataques contra esos derechos. De los cuales, el mayor
número de ataques, 26, fueron contra defensores del derecho al
desarrollo.
En segundo lugar, entre los defensores de
derechos humanos más atacados se encuentran los defensores y defensoras
de la verdad, 21 violaciones; seguido por ataques contra defensores de
la justicia, 20, y ambientalistas, con el mismo número. Entre las
activistas por los derechos de las mujeres, 13 fueron atacadas. De
acuerdo con el Informe, los números de 2007 confirman la tendencia de
los años anteriores, en los cuales defensores de derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) fueron más violados que los
defensores de los derechos civiles y políticos (DCP).
Los elaboradores del informe destacaron que la
baja frecuencia de ataques a defensores en los meses de julio y agosto,
7 y 8 respectivamente, sufrió un aumento en septiembre, coincidiendo con
el proceso electoral vivido el día 9 de ese mes. La disminución de
agresiones en julio tiene relación directa con la respuesta adecuada de
la comunidad internacional a las agresiones y con las actividades
generadas en el Ministerio de Gobierno. La continuidad de alta observada
en el comienzo de octubre fue interrumpida con la realización de un
nuevo alerta urgente ante el reinicio de las agresiones.
Entre septiembre y octubre últimos, cuatro
defensores de derechos humanos fueron asesinados, son ellos: Fidelino
García López y Emilio García Martínez, miembros del Consejo
Comunitario de Desarrollo de la Aldea Cagüitán, el día 15 de septiembre;
Marco Tulio Ramírez Portela, del Sindicato de Trabajadores
Bananeros de Izabal, el 23 de septiembre; y, el día 21 de octubre,
Carlos Eduardo Garach de León, de la Asociación de Astilleros del
Consejo Comunitario de la Aldea de San Juan del Obispo.
El asesinato del sindicalista Ramírez Portela
tuvo razones políticas y ocurrió durante el proceso electoral. La Unidad
Especial de la DINC hizo una investigación y espera una acción coherente
por parte del Ministerio Público. La Unidad considera que Ramírez
Portela fue muerto, no sólo por su activismo político, sino también
por su participación y movilización sindical, "lo que hace que sea
vulnerable la situación de otros activistas después de terminado el
proceso electoral".
En los diez primeros meses de este año, las
agresiones más comunes contra los defensores fueron las amenazas
telefónicas, en 40 casos. Después las intimidaciones, 39 y las amenazas
escritas, 34. La mayoría de los ataques ocurrieron en el estado de
Guatemala, 56% del total.
En relación con el género, predominaron ataques
contra los hombres, con un 62%; contra 18% en las mujeres. El número de
ataques contra las instituciones aumentó en relación con años anteriores
del 20% al 21%.
