La población guatemalteca se encuentra de rodillas frente a quienes se encuentran al margen de la ley, el Estado no cuenta con la capacidad ni la voluntad para terminar con las bandas de delincuentes, especialmente con aquellas que se enmarcan en lo que se denomina Crimen Organizado

Este tipo de estructuras se encuentran enquistadas dentro de las diferentes esferas estatales y en la actualidad -que estamos viviendo un proceso electoral- la situación de violencia e inseguridad se ha agudizado. 36 dirigentes políticos han sufrido alguna forma de violencia, nueve de ellos han muerto como consecuencia de actos delictivos.

No podemos atrevernos a señalar que alguna fuerza política en particular está sufriendo persecución, porque han sido todos los partidos, los que en igualdad de condiciones han sufrido este tipo de fenómeno y todos han recibido igual respuesta de parte de las autoridades de gobierno, respuesta que se traduce en pasividad, falta de voluntad e incapacidad para investigar o sentar precedentes en contra de los culpables.

Durante este periodo, ha sido claro que se ha retornado a prácticas del pasado, que involucran al Estado como responsable de abusos y violaciones a los derechos humanos. Lo que ha cambiado en la actualidad es que la violencia se dirige hacia otro tipo de personas, la violencia política se ha transformado en “limpieza social”, que consiste en agredir físicamente, incluso con la muerte a quienes están al margen de la ley, en pequeñas bandas de delincuentes.

Los culpables de este tipo de nueva violencia son los mismos que en el pasado reciente violaron los derechos humanos, no se les pudo castigar en el pasado y difícilmente se les castigará en la actualidad.

Guatemala debe salir de este pantano que impide que nos desarrollemos como país, no podemos seguir permitiendo que este tipo de sectores se infiltren en instituciones que debieran de ser las garantes del cumplimiento de la ley, como el congreso de la República, donde evidentemente diputados están involucrados con la mafia, se ha hecho muchos señalamientos, sin embargo hasta ahora ningún caso ha sido investigado.

Como consecuencia de este tipo de hechos, recientemente se obstaculizó la aprobación de la CICIG, se ha señalado a varios diputados, pero lamentablemente hasta ahora ninguna investigación penal ha sido iniciada y los involucrados siguen en libertad y gozando de poder.

Lamentablemente para Guatemala y para los guatemaltecos, somos el país de la impunidad, en donde se hacen acusaciones, señalamientos incluso contra candidatos presidenciales y nadie investiga ni dice nada.