Varios, políticos oficialistas, traficantes y hacendados de origen brasileño, parlamentarios, hijos de connotados exdiplomáticos y hasta expresidentes de la República figuran en la lista de beneficiados por el Estado paraguayo con la entrega de tierras que debían haber sido destinadas a campesinos y agricultores sin propiedades para trabajar y vivir.

La ley de reforma agraria denominada Estatuto Agrario establece que el Instituto de Bienestar Rural (IBR), actualmente denominado Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), sólo puede adjudicar propiedades a aquellas personas “que se dedican habitualmente a las labores agropecuarias” y “que no tengan en propiedad otros inmuebles rurales”; es decir a campesinos sin tierra. Estas parcelas deben ser adjudicadas a los campesinos a precios 10 y hasta 20 veces menor que el del mercado, en diez cuotas anuales y en parcelas de hasta diez hectáreas.

Sin embargo, desde la época de la dictadura stronista hasta la actualidad, el mayor porcentaje de las tierras está concentrado en manos de grandes terratenientes, políticos y diplomáticos, mientras que el resto debe ser repartido entre la población campesina, aunque esto tampoco se cumple como lo establece la ley.

Así lo revela un informe dado a conocer por el Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (SEIJA), una organización no gubernamental paraguaya que trabaja por el derecho humano a la alimentación mediante el acceso a la tierra y la agricultura diversificada y sostenible del sector rural, para lo cual brinda apoyo jurídico organizativo y de capacitación a grupos y comunidades de pequeños agricultores.

Esta organización define las “tierras malhabidas” como aquellos inmuebles rurales propiedad del Estado que fueron adjudicados en forma ilegal a personas que no tienen derecho a recibir tierras fiscales.

En un informe elaborado recientemente SEIJA denunció que el gobierno de Nicanor Duarte Frutos inició una tímida acción judicial por medio de la Procuraduría General de la República para investigar estos hechos, pero la abandonó rápidamente. A pesar de las reiteradas denuncias el Poder Judicial y el Ministerio Público se niegan a investigar la entrega irregular de tierras a políticos, mientras que el Parlamento no demuestra ningún interés en el tema.

Para la organización no gubernamental el principal problema radica en que muchos dueños de propiedades malhabidas pertenecen a los más encumbrados estamentos de poder dentro del gobierno o están estrechamente relacionados con él, y utilizan sus influencias para boicotear cualquier acción que los deje al descubierto. Varios importantes integrantes de algunos de los partidos de oposición también se beneficiaron con la adjudicación indebida de extensas propiedades estatales, por lo que tampoco han demostrado tener intenciones de presionar al Poder Ejecutivo para que investigue sobre estas denuncias y tolera este grave robo a los bienes del Estado y de los campesinos sin tierra.

Los “sin tierra” adjudicados

El informe de SEIJA indica que durante los casi 35 años que duró la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y, aún posteriormente, el Estado adjudicó 11 millones de hectáreas de tierras destinadas para la reforma agraria, y entre los beneficiarios figuran expresidentes de la República, militares, ministros, banqueros, empresarios y políticos oficialistas, conforme a las investigaciones y denuncias realizadas ante el Congreso Nacional por algunos parlamentarios. Esta cantidad de hectáreas representa el 29% del total del territorio de la República. El 57% de las 11 millones de hectáreas fue entregado a un grupo de 1.877 personas, mientras que el 43% restante fue repartido entre 288.883 beneficiarios (campesinos sin tierra).

Muchas de estas propiedades fueron posteriormente vendidas por sus adjudicatarios por valores multimillonarios, por estar localizadas en zonas de gran producción sojera y por ser las mejores tierras agrícolas del país.

Los “presidentes agricultores”

El revelador informe de SEIJA muestra que todos los presidentes de la República, desde Stroessner hasta Luis González Macchi, se auto adjudicaron extensas superficies de tierra. Stroessner, por ejemplo, se benefició con 1.305 hectáreas localizadas en la localidad de Hernandarias, en el departamento de Alto Paraná; en tanto que su consuegro, el general Andrés Rodríguez, que lo derrocó para  posteriormente erigirse presidente de la República durante el periodo 1989-1994, obtuvo 196 hectáreas en la zona de la colonia Domingo Martínez de Irala, también en el mismo departamento. El mandatario que sucedió a Rodríguez, el ingeniero Juan Carlos Wasmosy (1994-1999), también obtuvo 270 hectáreas, mientras que Luis González Macchi (1999-2003) tiene en su poder 85 hectáreas mal habidas cercanas a la ciudad de Villeta, en el departamento Central.

El Estado adjudicó nada menos que en 17 ocasiones a Segundo Eudoro Cáceres -político perteneciente al oficialista Partido Colorado en el poder desde hace 60 años- un total de 17.522 hectáreas en el Alto Paraná, lo que representa el 12 % del departamento, cuando la ley estipula que se no puede adjudicar más de 10 hectáreas a un solo agricultor. Actualmente, las propiedades localizadas en esa zona están valuadas en más de 2 mil dólares la hectárea.

En otro caso similar, Milton Machado, amigo del dictador Stroessner, fue adjudicado en 49 ocasiones con un total de 1.542 hectáreas en el departamento del Amambay. En tanto que conocidos capos mafiosos de la droga como Adilson Rosati (ya fallecido) y Fad Yamil, fueron beneficiados en 12 y 11 oportunidades con 385 y 524 hectáreas respectivamente, también en el Amambay. 

En la lista de beneficiarios aparece también Joaquín Francis Damota, a quien se le otorgó en 43 ocasiones un total de 2.964 hectáreas en el mismo departamento; Amelio Pelegrini, adjudicado en 31 oportunidades con 620 hectáreas en el departamento del Guairá; Esmair Riveiro Zacarías recibió en 34 ocasiones un total de 1.009 hectáreas en Concepción; Víctor Riveiro Zacarías en 10 ocasiones obtuvo 200 hectáreas también en Concepción; y Ceferino Miltos con 25 adjudicaciones de un total de 4.337 hectáreas. Y la lista de los “sin tierra” sigue con el expersonero del gobierno stronista Eugenio Sanabria Cantero, quien se benefició con 172 hectáreas; Eligio Tomás Franco, expresidente del Banco de la Vivienda con 8.669 hectáreas; Crispinianao Sandoval, exministro de Hacienda con 171 hectáreas; María Elvira Fernández Lloret, hija del excanciller nacional José Fernández Estigarribia, con 3.208 hectáreas. También la esposa de éste, María Teresa Lloret de Fernández, fue adjudicada con 3.000 hectáreas en el Chaco paraguayo, a pesar de contar con propiedades ganaderas a su nombre.  

También la hija de un exsenador por el principal partido de la oposición, el Liberal Radical Auténtico (PLRA), Francisco José de Vargas, Verónica, “adquirió” 4.000 hectáreas ubicadas en la colonia San Miguel Arcángel, a un costo irrisorio de menos de 1 dólar la hectárea.

El colmo es el caso del exdictador nicaragüense Anastasio Somoza, exiliado en Paraguay durante un año (1979-1980), quien también resultó ser un “campesino sin tierra”, por lo que fue adjudicado con 8.000 hectáreas en Nueva Asunción, departamento de Alto Paraguay.

Títulos de propiedad nulos

Las adjudicaciones de tierras efectuadas por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) realizadas al margen de la ley, son actos jurídicos nulos tanto para el Código Civil de Vélez que rigió en Paraguay hasta 1987 como para el actual, vigente desde ese mismo año, debido a que su objeto es ilícito y existe un procedimiento fraudulento presumido por la ley. “La nulidad pronunciada por los jueces torna la situación al mismo estado en que se hallaban antes del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo que hubieren recibido en virtud de él, como si nunca hubiere existido. Esto implica que el título queda nulo y las tierras vuelven al dominio del Estado, en tanto que las mejoras introducidas al inmueble por el detentador deberán ser recibidas por el Estado en concepto de restitución de los beneficios usufructuados por el uso de la tierra”, expresa la Ley de Reforma Agraria. Por tanto, las propiedades pueden ser reclamadas directamente al actual poseedor por parte del Estado paraguayo. Los terceros adquirentes no pueden ampararse en las reglas de la buena fe ni alegar que desconocían los antecedentes dominiales del inmueble, pues la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

Sin embargo, el SEIJA denunció que hasta el momento los sucesivos gobiernos no han realizado ningún esfuerzo por recuperar las tierras malhabidas, muy por el contrario, ha hurgado en vericuetos legales para otorgar grandes cantidades de hectáreas a las autoridades de turno.  

Los datos registrados por el SEIJA indican que la concentración de tierra en el Paraguay es de 0,94%, casi la desigualdad perfecta de acuerdo a los indicativos del coeficiente de Gini que establece una escala de 0 a 1. De esta manera, el Paraguay lidera el latifundio en Latinoamérica por encima de Brasil (0,86%), Uruguay (0,84%) y Panamá (0,84%). Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que Paraguay es el país con mayor proporción de población campesina en el continente (43%), frente a los demás países que tienen un promedio del 27%. 

                             En Asunción, Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

13 de enero de 2006

FOTO: Campesino.org

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