En su “Historia Contemporánea de América Latina”, Tulio Halperín sostiene que la democratización de Latinoamérica se dio de modo menos violento en el extremo austral, es decir, en la zona de Argentina y Uruguay.

 

En Uruguay fue –sostiene– el desenlace de una compleja evolución dentro del Partido Colorado.

 

En los enfrentamientos de los partidos tradicionales a partir de 1832 (en la batalla de Carpintería), uno de los contendientes, para distinguirse en la pelea, tomó como divisa el blanco de la bandera nacional. Como el celeste tomado por sus adversarios, expuesto a los rigores de la luz, desteñía, el bando que había optado por ese color lo sustituyó por el colorado de la bayeta de los ponchos.

 

Décadas después, en 1971, los partidos de la izquierda (comunistas, socialistas y otros) se unieron con sectores progresistas desprendidos de los partidos tradicionales y crearon el Frente Amplio, que en poco tiempo se transformó en el más importante del país y actualmente está en el gobierno.

 

En 1904 tuvo lugar en Uruguay la última y más sangrienta de las guerras civiles. Paralelamente, el país concretó reformas legislativas que abrieron un camino de modernización. La intervención estatal en la economía fue una característica de esa experiencia uruguaya. Surgieron entonces monopolios de seguros, por ejemplo, complementando una legislación aduanera proteccionista.

 

A partir de 1920 se impulsó la construcción de carreteras, para liberar al país del monopolio británico en ferrocarriles.

 

Para quitar riesgos a la división política se planteó la posibilidad de un Poder Ejecutivo colegiado que, aún desde una posición subordinada, le permitiera a la minoría blanca compartir el poder.

 

El proyecto fue recogido a medias en la Constituyente de 1917 que propuso funciones de administración para el Consejo de Gobierno, reservando las funciones políticas y militares para el Presidente de la República.

 

Pero las bases del llamado “Uruguay batllista” eran frágiles. En lo político se basaban sobre todo en la figura de su creador, José Batlle y Ordóñez; pero éste, vencedor de los caudillos era, él mismo, un caudillo. Y su prestigio, según Halperín, era personal hasta tal punto que luego de su muerte el dilema de la sucesión se planteó como un problema dinástico.

 

La Primera Guerra Mundial favoreció el clima económico que permitió florecer al “Uruguay batllista”. Y el país ofreció el ejemplo de la más feliz democratización política y modernización social que se dio en esa etapa latinoamericana. Por comparación, las experiencias chilena y argentina resultaron menos logradas.

 

El proceso que se da en Uruguay tuvo consecuencias, como la despoblación ganadera, a la que se sumó la abundancia de ocupantes ilegales de tierras y la inseguridad permanente del medio rural.

 

La Guerra Grande, las invasiones riograndenses, la oposición entre blancos y colorados entre caudillos rurales y doctores urbanos marcan a la campaña uruguaya de modo difícil de borrar. La paz no vuelve, el desorden continúa, y la riqueza aumenta lentamente.

 

Surge un régimen parlamentario que pronto sucumbe ante las consecuencias locales de la crisis económica de 1873. Lo remplaza la dictadura. Pero no la de un caudillo rural sino la de un militar profesional, Lorenzo Latorre, que gobierna en nombre del Ejército e impone, de hecho, un régimen de trabajo obligatorio en las estancias. Paralelamente, apoya un sistema de enseñanza que encabeza un opositor político: José Pedro Varela.

 

Crecen las exportaciones, fundamentalmente de cueros y lanas. Finalmente, en 1880 Latorre abandona el gobierno, desde el cual ha tomado severas medidas contra la oposición política. El Uruguay que deja es muy distinto al que había encontrado al asumir el gobierno. La disciplina militar ha impuesto –según Halperín– un credo autoritario y progresista.