Por el otro lado los dirigentes sindicales buscan un alza que les permita comprar la canasta básica familiar, para terminar aceptando un aumento que apenas cubre el deterioro del ingreso por efecto de la inflación y en no pocas ocasiones aún menos. Y como con frecuencia no hay acuerdo entre las partes, el ministro del Trabajo define el incremento apegado a parámetros legales, que, al inicio del 2006, apenas permitiría un alza de 6 dólares mensuales.

A noviembre del 2005, el costo de la canasta familiar básica fue de 433,77 dólares, mientras que el ingreso mínimo mensual de una familia de cuatro miembros con 1,6 perceptores alcanzó los 280 dólares. Esto implica una restricción de 155,77 dólares, es decir del 36% del valor de la canasta. Si se considera sólo los 150 dólares mensuales del salario mínimo vital, el déficit se acerca a las dos terceras partes.

Hay que recordar que la cobertura de los salarios en relación a la canasta básica experimenta un estancamiento desde el 2004. Esto eleva la precariedad de amplios sectores de la sociedad y demuestra que la política salarial ocupa el último puesto del alfabeto de la política económica. Tan es así, que la determinación de los salarios es tarea del Ministerio de Trabajo, al que tradicionalmente se le da poca relevancia política y que, por eso, tiene un presupuesto minúsculo. Pero más que eso, es notoria la falta de comprensión del tema salarial.

La tacañería compite con la miopía del sector empresarial. Los empresarios han asumido como un dogma aquellos mensajes que cuestionan los incrementos salariales. Cuando en realidad, como lo demuestran cada vez más estudios, los bajos niveles salariales se correlacionan con elevados niveles de desocupación. Una dinámica política salarial, integrada en una política económica que tenga presente que "todo comienza y termina en la gente" -como escribió Diego Borja, flamante ministro de Economía, el cuarto con que concluyó el año 2005-, mejora las condiciones de vida de la población, reduce la pobreza, reactiva la demanda y potencia la productividad de las empresas, generando condiciones adecuadas para la generación de empleo.

No se sostiene el argumento de que -considerando el creciente peso de la informalidad- son pocas las personas que se benefician con mayores salarios, pues, en realidad, los sectores marginados obtienen ventajas de un mayor poder adquisitivo de los trabajadores, en tanto éstos demandan gran cantidad de bienes y servicios ofertados por el sector informal. Tampoco es sostenible depredar más los salarios para buscar mejoras en la competitividad, cuando en realidad lo que pesa en demasía en los costos de producción, entre otros factores, son las elevadas tasas de interés. Si los salarios siguen deteriorándose, la economía no logrará incrementos efectivos en su competitividad y la sociedad seguirá lejos del equilibrio macrosocial, indispensable para su desarrollo.
 

Alberto Acosta
Convenio La Insignia / Rel-UITA

4 enero del 2006.

Volver a Portada