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Uruguay se convirtió esta semana en uno de los pocos países
latinoamericanos que penalizan el acoso sexual en el ámbito
laboral y educativo, público o privado.
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Margarita
Percovich |
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María
Narducci |
El
proyecto, aprobado de manera definitiva el martes 18 en el
parlamento luego de dos años de haber sido presentado,
identifica bajo esa figura "todo comportamiento de
naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto
sexo, no deseado por la persona a que va dirigido y cuyo
rechazo le produzca o amenace a producirle un perjuicio en
su situación laboral o de relación docente".
El acoso
sexual constituye un “abuso de poder” y "una lesión a los
derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras: el
derecho a la no discriminación y el derecho a la intimidad,
relacionado con el derecho a la dignidad, el derecho a la
seguridad y a la salud en el trabajo, el derecho a la
libertad sexual y el derecho a trabajar en un ambiente libre
de violencia”. Genera asimismo "profundas distorsiones en la
salud física y mental" de sus víctimas, señala igualmente la
ley, promovida por los ministerios de Trabajo, Educación y
Cultura y Desarrollo Social.
El texto
prevé sanciones tanto para quien cometiera el acto como,
para la empresa en el que se produjo, bajo determinadas
circunstancias, contempla asimismo distintos niveles de
indemnizaciones para la víctima y castiga al igual “la
promesa o la amenaza, implícita o explícita” de una mejoría
de la situación actual del acosado a cambio de un “favor
sexual”.
En el caso
de los trabajadores/ras, las indemnizaciones que recibirán
de comprobarse que sufrieron acoso van de seis a doce
salarios, y en el de estudiantes se fijarán en función de la
remuneraciones percibidas por el docente acosador.
Los
responsables de la agresión podrán ser trasladados,
suspendidos y hasta despedidos, en tanto los propietarios de
la empresa o los directivos del centro de estudios podrán
ser condenados a resarcir a la víctima si estuvieran al
tanto de la situación y no la hubieran denunciado o
solucionado.
La ley
reconoce que "las mujeres están mucho más expuestas a ser
víctimas del acoso sexual porque carecen de poder y se
encuentran en posiciones más vulnerables”,
fundamentalmente "en razón de los roles atribuidos a hombres
y mujeres en la vida social y económica que, a su vez,
directa o indirectamente, afectan la situación de las
mujeres en el trabajo”.
"También
(las mujeres) corren peligro de padecer esta conducta cuando
se las percibe como competidoras por el poder", tanto por
parte de hombres como de congéneres, destaca.
Las
denuncias de acoso sexual en el medio laboral han sido hasta
ahora muy escasas. Organizaciones sociales, en particular
femeninas, explican esa situación precisamente por el hecho
de que no existía una ley que sancionara estas agresiones y
por la indefensión en que se encontraban las mujeres que se
animaran a ventilarlas. “Las mujeres que se animaban a
hacerlo por lo general se exponían a fuertes presiones que
podían culminar en que perdieran sus empleos”, subrayó
la senadora del oficialista Frente Amplio Margarita
Percovich, una de las redactoras del proyecto.
Entre 2004
y 2009 se presentaron ante la Inspección del Trabajo una
veintena de denuncias por acoso u hostigamiento sexual en el
medio laboral, una media de cuatro o cinco por año. La
mayoría se produjeron en los sectores de la gastronomía, el
agroindustrial, el comercio, la actividad marítima y los
servicios.
“Es una
cifra baja, pero la nueva normativa hará que los
trabajadores, sobre todo las trabajadoras, se sientan más
seguros a la hora de denunciar. Y a la Inspección, que desde
2006 está actuando en este plano, la ley le permitirá actuar
con más solidez”, dijo la directora de esa dependencia
estatal, María Narducci.
“No es un
tema fácil de investigar ni de determinar acoso, porque por
lo general las denuncias son anónimas y las pruebas
raramente están a la vista”, admitió la inspectora.
“Se trata
de un gran avance, porque fin se empieza a reconocer la
figura del acoso como una de las tantas figuras de violencia
de género que se dan en el ámbito del trabajo”, afirmó por
su lado Alma Fernández, integrante de la
Comisión de Género de la central sindical única PIT-CNT.
La senadora
Percovich estimó a su vez que la ley “permitirá
generar conciencia social sobre un fenómeno que
habitualmente no tenía visibilidad”. “Vamos en dirección de
un cambio cultural de fondo”, dijo.
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