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En
los últimos años, en varios países latinoamericanos se ha
intentado mejorar las condiciones laborales en la
agricultura y en el servicio doméstico, tradicionalmente
rezagados. Pero las nuevas normas, aunque en algunos casos
son limitadas, no siempre se cumplen.
Considerados muchas veces como empleos de segunda categoría, la realidad
de los trabajadores y trabajadoras domésticas y del área
agropecuaria es poco visible en general para el resto de la
población, debido entre otras cosas a que son tareas
realizadas en la soledad de los campos y en la intimidad de
los hogares.
"El servicio doméstico es la puerta de entrada de las mujeres más
pobres, especialmente indígenas y afrodescendientes, al
mercado del trabajo", explicó a IPS, María Elena
Valenzuela, especialista regional en género y empleo de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En América
Latina, el trabajo doméstico remunerado es realizado
fundamentalmente por mujeres. Suman casi 14 millones y
representan 14 por ciento del total de trabajadoras en la
región, según Valenzuela.
Los países con mayor proporción de mujeres en el servicio doméstico son
Paraguay, Brasil, Uruguay y
Argentina.
La cantidad de trabajadoras domésticas ha aumentado desde 1990, pero han
disminuido las que laboran "puertas adentro" y han aparecido
modalidades como el empleo por día. Pero junto a esta
tendencia conviven formas inaceptables de semiesclavitud o
trabajo doméstico infantil. La dispar regulación de sus
derechos es otra tónica de la región.
En casi todos los países, las trabajadoras remuneradas en el hogar
tienen acceso a un salario mínimo, pero éste suele ser menor
al percibido por el resto del mundo laboral, explicó
Valenzuela. Asimismo, presentan bajos niveles de
cobertura de previsión de retiro, salud y seguros por
cesantía debido a vacíos legales o por incumplimientos de
los empleadores.
Sus jornadas de trabajo suelen ser más largas que las del conjunto de
los trabajadores. Algunos países sólo establecen horarios
mínimos de descanso y otros no tienen reguladas las
vacaciones anuales ni los beneficios maternales.
Según
Valenzuela, es Uruguay el que presenta ahora la ley sobre
trabajo doméstico más avanzada de América Latina. Fue
aprobada en 2006 y básicamente equipara derechos con el
resto de la fuerza laboral del país.
Gracias a esta nueva norma y a la reconstrucción de su sindicato, tras
años de desaparición, estas trabajadoras uruguayas pudieron
negociar aumentos de sueldos y mejoras laborales en los
Consejos de Salarios tripartitos (gobierno, patrones y
sindicatos).
En tanto en Paraguay, el 14 de este mes entró en vigor una
disposición que extiende el seguro social a las empleadas
domésticas de todo el país,
un beneficio
que antes sólo regía en Asunción. La medida favorece a unas
290.000 personas.
El seguro
incluye la cobertura de enfermedad profesional o no,
maternidad, accidente de trabajo, prestaciones de atención
médico-quirúrgica y dental, medicamentos, hospitalización y
un subsidio en dinero.
En julio, Guatemala creó el Programa Especial de Protección a
Empleadas de Casa Particular, que otorga servicios de
maternidad, atención médica para hijos de hasta cinco años y
asistencia hospitalaria en caso de accidentes. Pero no
aprobó el acceso de estas trabajadoras al programa de
pensiones IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia) ni al de
enfermedad común referida a la consulta médica de rutina.
El año pasado en Chile se aprobó una ley en la cual se establece
que el sueldo de las trabajadoras domésticas debe
equipararse al mínimo nacional en forma progresiva. Del 75
por ciento recibido hasta 2008 se pasó a 83 por ciento este
año y en 2010 y 2011 deberá aumentar a 92 y 100 por ciento,
respectivamente.
A ella se suma otra norma, sancionada este año, que consagra el goce de
los feriados para empleadas puertas adentro y afuera.
Para el caso de Perú, una ley prohíbe desde marzo obligar a las
trabajadoras del hogar a usar uniformes o cualquier otra
vestimenta que las identifique como tales en espacios
públicos. De ese modo se busca evitar la discriminación.
Valenzuela
también destaca las campañas lanzadas por los gobiernos de
Argentina y de Brasil para incentivar el
registro de las empleadas domésticas. En el caso argentino,
se incluyeron beneficios tributarios para los
empleadores que cumplan con la ley. Pero los desafíos
legales y culturales aún son muchos. "Junto con equiparar
sus derechos al del resto de los trabajadores, es necesario
valorizar la actividad", apuntó.
Sandra
Castilla,
presidenta de la Fundación Amas de Llave de Colombia, dijo a
IPS que "aún son muchas las personas en este país que
consideran que contratar a una mujer para el servicio
doméstico es hacerle un favor". Y si les pagan lo que
compete a la ley, es por bondad", agregan esas personas en
Colombia,
donde no
existe regulación especial en materia de trabajo doméstico.
En marzo de 2008, la OIT aprobó la idea de evaluar la creación de un
futuro Convenio Internacional sobre Trabajadoras Domésticas
y Trabajo Decente, que fije estándares mínimos para el
desarrollo de esta actividad. Gobiernos, sindicatos y
organizaciones empresariales respondieron el 31 de agosto un
cuestionario preparado por la OIT. Ahora se espera que en la
Conferencia de este organismo, a realizarse en junio de 2010
en Ginebra, se tome una decisión al respecto.
Marginados Rurales
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
indican
que 120
millones de personas, que equivalen a 22 por ciento de la
población regional, residen en el campo, donde los índices
de pobreza e indigencia son mayores que en las ciudades.
La agricultura es la principal fuente de trabajo, pese al progresivo
avance de otras actividades remuneradas en ese universo
poblacional. En el estudio titulado "Condicionantes
laborales de la pobreza rural en América Latina", el
consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), Emilio Klein,
advierte que en la región es una tendencia generalizada
pagar a los trabajadores informales por debajo del salario
mínimo nacional, que es baja la sindicalización y que se ve
trabajo infantil.
En el sector rural también hay menor proporción de beneficiarios de los
sistemas de pensiones, apunta. En Argentina
hay cerca
de 1,5 millones de trabajadores rurales y su principal
conquista ha sido la aprobación de la ley 25.191 de 2001,
que creó un registro de empleadores y trabajadores del
sector.
Con ello se instauró una libreta de uso obligatorio donde figuran todos
los datos del trabajador: salario, composición de la
familia, retenciones para la jubilación, seguro de salud y
asignaciones familiares. De cualquier modo, este sector es
el que muestra los mayores índices de empleo informal, sin
la cobertura social correspondiente.
Sólo en 2008 se aprobó una ley que establece una jornada de ocho horas
para el sector, que comenzó a regir en enero. "Antes se
acostumbraba a trabajar de sol a sol", dijo a IPS Carlos
Figueroa, secretario nacional de relaciones
institucionales de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE). Ahora lo legal son
ocho horas de lunes a viernes, medio día los sábados y si el
empleador quiere que la persona trabaje más o que lo haga en
feriado o domingo debe pagar horas extra.
También a fines del año pasado, Uruguay aprobó una ley que
establece ocho horas de trabajo para los peones rurales, con
descanso intermedio, y con un ciclo semanal que no puede
exceder las 48 horas. También impone el pago doble por horas
extras en caso de exceder esos límites.
No obstante, las
organizaciones de trabajadores rurales, que suman unas
180.000 personas, estiman que será difícil implementar la
norma, puesto que "hay peones que ni se enteraron que se
promulgó, menos van a saber cómo es y cómo se va a
controlar".
En Chile, la Mesa Laboral Agrícola, conformada por el gobierno,
organizaciones sindicales y empresariales, firmó en agosto
un acuerdo para elaborar el "Estatuto del Trabajador
Agrícola de Temporada" e implementar otros beneficios, como
bonos de salas cunas para hijos e hijas de temporeras. El
gobierno, además, se comprometió a coordinar la
fiscalización. El Estatuto, cuyo anteproyecto debería estar
listo en octubre, reconocerá la especificidad del trabajador
agrícola de temporada, regulando sus contratos, jornadas
laborales y horas extras, registro de control de asistencia
y otros derechos como negociaciones colectivas y
sindicalización.
En Brasil también se destaca la firma, en junio, de un Compromiso
Nacional para Mejores Prácticas Laborales del sector de la
Caña de Azúcar, que Antonio Lucas, de la
Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG),
definió a IPS como "un compromiso moral" para "humanizar la
relación de trabajo".
El acuerdo tripartito, suscrito entre el gobierno, el sector
sindical agropecuario y el empresariado, beneficiará, según
la CONTAG, a unos 600.000 cortadores de caña de azúcar que
trabajan en condiciones precarias
y hasta de
semiesclavitud.
Del compromiso de 18 puntos, Lucas destacó la contratación
directa de trabajadores por parte de las empresas, evitando
así el modelo de subcontratación con intermediarios que se
presta para un sinnúmero de abusos y prácticas ilegales,
especialmente con los trabajadores inmigrantes. También hay
avances en materia de fijación de los salarios y de
seguridad laboral. Entre los desafíos del sector
agropecuario, Lucas menciona la baja sindicalización y
negociación colectiva, la falta de guarderías para hijos y
la insuficiente fiscalización.
Daniela Estrada*
Tomado de IPS
18 de
septiembre de 2009
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