|
Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) uno de cada
cinco trabajadores labora excesivamente
Se trata de más de 600 millones de trabajadores
que equivalen al 22 por ciento de la fuerza de trabajo
mundial. Chile se ubica entre los países en los que
más horas semanales se trabaja, aunque las peores
estadísticas las poseen Indonesia, Corea del Sur
y Perú, donde los asalariados laboran sobre las
49 horas semanales. La extenuante jornada, la precariedad
del empleo y la carencia de medidas de higiene y seguridad
ayudan a aumentar las enfermedades y accidentes del trabajo.
Jornadas de menor duración tendrían efectos
positivos -según la OIT-, incluyendo una disminución
de los accidentes y enfermedades profesionales, beneficios
para la salud y vida familiar, así como mayor productividad
e igualdad entre los sexos. Según la OIT, la
tercerización y el empleo informal -que genera al menos la
mitad de todos los empleos en el mundo-, también ocasionan
jornadas de trabajo más largas que se traducen en un aumento
de los accidentes y las enfermedades profesionales.
En nuestro país, según la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Chile,
un 49% de los trabajadores no tiene acceso a los beneficios
de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
Se trata de dos millones y medio de trabajadores que no
cuentan con ningún tipo de protección legal. En 2004, se
notificaron 133 accidentes fatales, mientras el 2005
aumentaron a 156. El 2006, la Dirección del Trabajo
fiscalizó a 479 empresas por accidentes graves y fatales,
con un saldo de 243 trabajadores muertos.
Según la Unidad de Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo (UCyMAT) de la Dirección del Trabajo (DIRTRAB),
el 72 por ciento de los casos de muerte ocurridos el 2006
sucedieron al interior de las empresas. La mayoría ocurrió
en la Región Metropolitana. Sin embargo, la tasa de
mortalidad más alta está en XI Región -en la industria del
salmón-. Otras actividades con altas tasas de mortalidad
son la construcción y agricultura. En las zonas agrícolas
-IV, V, VI, VII, VIII y IX regiones- son frecuentes los
accidentes y graves intoxicaciones por el uso de
agrotóxicos.
|
Enrique
Pérez |
“Nadie va a su trabajo a enfermar ni a morir en
un accidente. Estos ocurren porque no se toman todas las
medidas ni se hace prevención. Creemos que todos los
accidentes y enfermedades profesionales se pueden prevenir.
El estado debe enfocarse en formar una cultura de
cumplimiento de las normas laborales y de la prevención de
riesgos”, dice Enrique Pérez, ingeniero en
prevención de riesgos y ex jefe de UCyMAT. Desde 2003
el organismo implementó un programa de fiscalización de
accidentes fatales y graves -que provocan la muerte,
incapacidad temporal o invalidez-. “Que exista un accidente
supone que han disminuido o no se han adoptado todas las
medidas necesarias para evitarlo. Es imprescindible
investigar sus causas y adoptar medidas preventivas que
eviten nuevos accidentes. No sólo hay que crear más y mejor
empleo, sino que dotarlos de condiciones que permitan un
trabajo digno y de calidad. Enfermedades por manipulación de
cargas, movimientos repetitivos, exposición a rayos solares,
trastornos músculo esqueléticos, siguen siendo las
enfermedades profesionales más frecuentes en nuestro país.
Pero lamentablemente no hay estadísticas en ningún servicio
estatal, lo que es gravísimo”, agrega Pérez.
A pesar que los empleadores están obligados a
declarar un accidente inmediatamente después de ocurrido,
muchas veces no sucede y se viola la normativa. “Si hay un
policlínico en una empresa es para otorgar primeros auxilios
y no para ocultar accidentes. Constamos que muchas empresas
comenten esa ilegalidad. Incluso dan licencia o llevan a sus
trabajadores a clínicas particulares. Los trabajadores deben
tomar conciencia y hacer valer sus derechos. Antes de la ley
de subcontratación no sabíamos de los accidentes graves y
fatales y casi el seis por ciento eran denunciados por los
trabajadores. Ahora la ley obliga a la empresa a
denunciarlos”, dice Enrique Pérez.
“Muchos trabajadores se quejan constantemente de
la mala atención de parte de médicos y paramédicos en los
hospitales y mutuales de seguridad que pertenecen al sector
privado, además de que las empresas tratan de ocultar los
accidentes y envían a los trabajadores accidentados a postas
y hospitales públicos. Otro grave problema es que
los expertos en higiene y seguridad no tienen ningún peso
real en las empresas. Éstas los contratan sólo por cumplir
con la ley. Donde se es riguroso con el tema de higiene y
seguridad es el sector minero -aunque no poseo datos sobre
las empresas externas que trabajan en el rubro-, donde ha
disminuido la cantidad de accidentes, pero se mantiene una
alta mortalidad. Por todos los medios, los empresarios
tratan de no pagar multas o primas más altas establecidas en
la ley por el aumento de accidentes. Los trabajadores de
gran parte del país se quejan básicamente de dos cosas:
Primero, de la mala atención de las mutuales y, segundo, de
cómo se elige a los representantes de los trabajadores en el
directorio de éstas, pues nunca se enteran y, además, no se
sabe cuál es su rol y para qué les sirve a los trabajadores.
Los sindicatos, afortunadamente hoy tienen medios legales
para denunciar ante la Inspección del Trabajo los no
cumplimientos de las condiciones de higiene y seguridad en
el trabajo, aunque a pesar de todo, muchos no cumplen con lo
establecido en la ley”, dice Cijifredo Vera,
presidente de la Confederación de Trabajadores de Empresa de
la Alimentación y Área privada de Chile (CONTALAPCH),
afiliada a la UITA.
Según las estadísticas gubernamentales, en la
última década la tasa de accidentabilidad descendió 3,5
puntos, alcanzando a 7,6 el año 2006. A pesar de la
tendencia a la baja, rubros como la manufactura,
construcción, agricultura y pesca, forestal y transportes,
mantienen tasas de accidentabilidad por encima de los dos
dígitos. En Chile mueren sobre 20 trabajadores cada
mes, de entre 18 y 45 años, quienes son los más expuestos a
accidentes.
El 2002 hubo
205.737 accidentes del trabajo en nuestro país, cifra que
disminuyó al año siguiente a 202.599. Volvió a aumentar el
2004 a 205.630. El 2005, se registraron 211.343 accidentes.
La última cifra dada a conocer señala que el 2006 se
registraron 209.384 y las actividades con más accidentes
fueron la industria manufacturera (41.842), la construcción
(27.475) y la agricultura y pesca (27.356).
“Muchas empresas incumplen la ley y no entregan
implementos de protección como guantes, zapatos, cascos,
mascarillas, etc. Medidas como la conformación de comités
paritarios se hacen de modo formal. Hay empresas que no
entregan copia del reglamento interno, poseen un
funcionamiento inadecuado del comité paritario, no tienen
señalización visible y permanente en las zonas de trabajo o
laboran con condiciones de peligro no informadas
adecuadamente, despiden a trabajadores por enfermedades
profesionales, y otras ilegalidades”, dice Enrique Pérez.
El aporte que mensualmente hacen los empleadores
a los organismos administradores del seguro se calcula en
base a la accidentabilidad. Según Manuel Ahumada,
presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT),
empresas del rubro alimentos como Dos en Uno o Agrícola
Ariztía, “hace muchos años comenzaron a establecer
policlínicos donde obligatoriamente debían concurrir los
trabajadores ante cualquier malestar o accidente. Muchas
empresas siguen mandando de forma particular a sus
trabajadores a centros médicos, a un profesional conocido o
a una clínica, sin derivarlos a las mutuales y el Hospital
del Trabajador, como corresponde. Violan la ley porque en la
medida en que más trabajadores vayan a los organismos
administradores del seguro aumentarán los aportes que los
empresarios deben desembolsar. El problema de fondo es que
el mayor rango de accidentes deviene fundamentalmente de la
poca preocupación por dotar a los trabajadores de verdaderos
instrumentos de prevención. Hay un déficit de la autoridad
en el control de los reglamentos internos, que se han
prestado para instaurar condiciones leoninas a los
trabajadores, fijar rangos de despidos y prohibiciones, sin
apuntar a mejorar las condiciones de higiene y seguridad”.
 |
