La precaria
situación laboral de los trabajadores externos que se desempeñan en las
grandes casas comerciales abre la discusión sobre los códigos éticos de los
empresarios y la necesidad de exigirles una conducta acorde con el proyecto
de sociedad que discursean.
“Mi horario es de nueve a cinco y media de la tarde, aunque
para lograr el sueldo mínimo debo seguir hasta el cierre que es cerca de las
once de la noche. Por ejemplo, en Navidad cerraban la tienda a las diez y
media, pero teníamos que esperar los camiones para descargarlos y
terminábamos pasados las doce, no nos pagaban ese tiempo, o sea, estábamos
trabajando gratis. Como Ripley no cancela esas horas extra a la empresa que
me tiene contratado, mi jefe tampoco nos paga a nosotros. Los sábados
también hay que quedarse porque trabajamos recién cuando se va todo el
público. Por mi edad no me van a contratar en otro lado, por eso me tengo
que quedar hasta la hora que me digan, no puedo arriesgarme y perder la
pega”.
Impotencia que da paso a la resignación revelan estas
palabras de un trabajador subcontratado que se desempeña en una de las
tantas sucursales que la multitienda Ripley -ligada a la familia Calderón-
tiene en el país. Hace más de ocho años que diariamente acude a una de las
sucursales, pero nunca ha sido contratado por quien en la práctica es su
patrón formal. Obviamente, esta persona pide que se respete su anonimato, ya
que sabe que si se revela su nombre, la cuestionada ley que permite al
patrón despedir al empleado que critique el lugar de trabajo, caerá con todo
su peso.
“La empresa que me contrató no se hace cargo de la colación,
ni tampoco Ripley. Se supone que nos están pagando la previsión, pero yo no
he visto la cartola, no sé si estamos al día, y tampoco me ha llegado a la
casa, incluso hay muchachos que ganan menos que yo, apenas sacan 60 mil
pesos al mes”, agrega el empleado, de una de las compañías líderes en Chile.
Esta es la precaria realidad laboral con que deben vivir, en
este caso, los cerca de 8 mil empleados de este holding, que se desempeñan
todo el día bajo el mando de un jefe de Ripley, pero que están contratados
por otra empresa.
De segunda clase
Según Hugo Rojas, dirigente de la Confederación Nacional de
Trabajadores del Comercio, Producción y Servicios (Conatracops) y líder
sindical de una de las empresa matrices de Ripley, esta inestabilidad se
repite en todas las multitiendas. “A lo mejor en empresas como Ripley,
Falabella, o Almacenes Paris sí se preocupan de pagar los salarios, pero el
problema no es ese. El tema es que las personas subcontratadas son
trabajadores de segunda clase, porque realizan las mismas funciones que los
contratados, pero reciben un 30% menos de sueldo y no tienen los beneficios
de quienes están sindicalizados, como aguinaldo, bono de colación, de
locomoción y otras ventajas del contrato colectivo”.
Agregó que otra práctica común de las empresas tercerizadas
es despedir en diciembre a los trabajadores y vincularlos nuevamente en
febrero, o declararse en quiebra y constituir una sociedad nueva todos los
años. El único objetivo de estos procedimientos “es que no exista
continuidad del empleo, ya que cuando los despiden no les pagan
indemnización porque no tienen un contrato con duración de más de un año”.
A juicio de Rojas, las amenazas de despido si se limita el
uso de la subcontratación no tiene ningún sustento. “Cuando los empresarios
dicen que si desaparece esta figura va a quedar, no es así, porque las
compañías requieren a estos trabajadores. Por eso no los eliminan hoy día,
entonces, el tema de fondo es abaratar costos”.
A pesar de las deplorables condiciones en que se deben
desempeñar miles de trabajadores del comercio, la Inspección del Trabajo
tiene “las manos atadas”, ya que no existe legislación que controle a
quienes “arriendan” empleados. Al respecto, Rojas es concreto: “Esto es
tierra de nadie, cualquiera crea una empresa, le cobro a una multitienda 200
mil pesos por trabajador y a ellos les pago el mínimo y empiezo a ganar
plata”.
Dada la inexistencia de un marco legal, no ha de extrañar que
existan conductas que falten a la ética de forma flagrante. “Hoy día existen
jefes que tienen empresas de servicio, y que proveen empleados para la misma
compañía en que trabajan. Por ejemplo, en Ripley un gerente de informática y
un jefe de guardia tienen empresas de subcontratación y proveen de
trabajadores a las tiendas. También está el caso de Falabella, donde ellos
mismos crearon empresas de servicio, lo que es peor todavía. O sea, crear
una empresa pensando de antemano en perjudicar a los trabajadores, eso sí
que es truco”, sentenció el dirigente. LN
En definitiva, ¿cuál es la discusión de
fondo?
La realidad de los
trabajadores tercerizados da pie para un análisis más profundo de la
conducta empresarial. La discusión sobre la precariedad de los
subcontratados no se refiere a una promoción del “humanitarismo social o la
caridad privada para procurar vedar las llagas, que ella misma ha creado”
(en palabras del intelectual francés Jacques Sapir); el fondo es que
simplemente guíen el accionar de sus negocios bajo conductas éticas
adecuadas, acorde con el proyecto de sociedad.
Esta afirmación se sustenta
en la opinión política transversal que ha emergido en el último tiempo:
disminuir la brecha de desigualdad que existe en el país. En el contexto de
la liberalización financiera, es claro que los empresarios no poseen ningún
estímulo que les incita a la “lealtad”.
Siguiendo a Sapir, estos
agentes disponen de una capacidad casi inmediata de “salida” dada la alta
liquidación de las acciones en los mercados. Por esta razón, siempre tienen
la puerta abierta para comportarse como “pasajeros clandestinos”, o sea,
privatizar en provecho propio las ventajas de una “cooperación colectiva”, y
hacer caer sobre los restantes jugadores las pérdidas o dificultades.
Empero, el discurso público
de la cúpula empresarial chilena indica que esas no son sus intenciones. A
pesar de los cuestionamientos que se puedan realizar, en el último Encuentro
Nacional de la Empresa (Enade 2005) el acento estuvo en la desigualdad. La
preocupación de los empresarios no da cuenta una situación moral, sino que
de los problemas que puede generar la irrupción del descontento social.
Por esta razón, el debate se
vincula directamente con la legitimidad de la acción de los empresarios como
actores sociales. Obviamente, pueden cumplir el marco normativo, pero cabe
distinguir en ellas “lo justo de lo legal”.
Como señala el ministro del
Trabajo, Yerko Ljubetic, en la cultura empresarial del país “hay un énfasis
excesivo en aspectos vinculados a la rentabilidad, en desmedro de las
condiciones en las cuales se desenvuelven los trabajadores”.
Considera que los líderes
empresariales “les queda mucha tarea por hacer dentro de su propio sector”
para impulsar un cambio de esta cultura que se traduzca en un nuevo
comportamiento de los empleadores y no sólo “en buenos discursos”.
Raíl Rivera
La Nación
9 de enero de 2006
