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En la década de los 60 y
principio de los 70 fue militante
del guerrillero Movimiento de Liberación Nacional –
Tupamaros.
Estuvo 13 años preso en el Penal de Libertad, una cárcel de
máxima seguridad con características de campo de
concentración. Desde 2005 se encuentra al frente del
Ministerio cuya gestión recibe los índices más altos de
aprobación entre la población. Bonomi recibió
a Sirel en su despacho del viejo edificio ministerial, a las
puertas de
la Ciudad Vieja y junto al puerto de Montevideo. Lo que
sigue es
lo esencial de una extensa conversación.
Un ministro
singular
-¿Qué hacía usted antes de ser apresado? ¿Era estudiante?
¿Trabajaba?
-Mientras cursaba la secundaria jugaba al fútbol en Wanderers,
uno de los llamados “clubes chicos” de la liga uruguaya.
Continué jugando aún cuando era estudiante en la Facultad de
Veterinaria, a la que ingresé en 1969. Caí preso en 1972, al
ingresar en el cuarto año de la Facultad.
-¿Estuvo
en la clandestinidad?
-En una semiclandestinidad, entre enero y junio de 1972
cuando pasé totalmente a la clandestinidad. Duré un mes,
porque fui apresado el 21 de julio de ese año.
-¿Ya
había formado su propia familia?
-Era casado y tenía un hijo que, al momento de caer en
prisión, tenía apenas un año y pocos meses. Estuvimos casi
dos años sin vernos.
¿Estuvo
siempre en el Penal de Libertad?
-Al principio estuve seis meses en el Batallón 13 de
Infantería y de allí fui a Libertad. En 1975 me trasladaron
en tres oportunidades para ser “interrogado” en el
departamento de Colonia y regresé al mismo Penal
hasta 1985.
-¿Qué
hizo cuando salió de la prisión?
-Trabajé en una planta pesquera entre el 17 de mayo de 1985 y
abril de 1999, cuando la empresa cerró. Fui secretario
general del sindicato de la planta, cofundador del Congreso
Uruguayo de Trabajadores de la Industria de la Pesca (CUTIP),
que reunía los sindicatos de todas las plantas pesqueras.
Integré la Directiva y el Secretariado Ejecutivo de ese
organismo. Al mismo tiempo, estaba en el Comité Central del
MLN y desde ahí fui cofundador del Movimiento de
Participación Popular (MPP), que es actualmente la
fuerza mayoritaria del Frente Amplio (FA). Entre 2000
y 2005 representé a ambas organizaciones en la Mesa Política
del FA. También tuve dos hijas en un segundo
matrimonio, que actualmente tienen 20 y 16 años.
-¿Continúa en el MLN?
-Integro su Comité Central y su Comité Ejecutivo, la
Dirección Nacional y el Comité Ejecutivo del MPP. En
las elecciones de 2004 fui electo diputado, y a los 15 días
de asumir ese cargo fui investido como Ministro de Trabajo y
Seguridad Social. En ese acto estuvo presente el Ministro
saliente, Santiago Pérez del Castillo, y el Ministro
de Trabajo de la República Argentina, Carlos
Tomada, con quien teníamos una relación desde hacía
varios años. Él decidió prestigiar mi nombramiento con su
presencia.
Las ideas
fuerza de su gestión
-¿Cuáles fueron sus primeras decisiones como
Ministro?
-Asumí a las 9 de la mañana, y cinco minutos después firmé
una resolución por la cual los Directores del Ministerio
dejaban de tener un automóvil oficial a su disposición
permanente y que llevaban a sus casas. La segunda resolución
fue un convenio de cooperación entre nuestro Ministerio y el
de Argentina.
-¿Usted
confirma que Uruguay tiene actualmente, y desde los últimos
años, la cifra más alta de sindicalización en relación con
su población a nivel mundial?
-No dispongo del dato en el ámbito mundial. Puedo decir que
en el último Congreso de la central de trabajadores PIT-CNT
que se realizó meses antes de las elecciones, se declararon
109 mil afiliados, y a esta altura la central tiene cerca de
250 mil afiliados, esto es un crecimiento de aproximadamente
150 por ciento. Esta información ya tiene algún tiempo, así
que es probable que actualmente se haya superado esa
cantidad. Desgraciadamente, no tengo cómo contrastarla con
datos de otros países. Hagamos la salvedad de que este nivel
de afiliación no llega siquiera cerca del que había en
Uruguay antes de la dictadura, que era mucho más alto.
-Es
notorio que esto ocurre a partir de la política que
despliega el nuevo gobierno desde esta secretaría de Estado.
¿Cuáles eran las ideas fuerza que ustedes traían al iniciar
la gestión?
-Teníamos ideas bien específicas y definidas. Quizás éramos
el Ministerio que tenía más claro por dónde comenzar porque
nos habíamos concentrado en cuatro o cinco medidas
esenciales:
-
Modificar radicalmente las políticas de empleo, ya que
las que se habían implementado, sobre todo a partir de
1991, eran un financiamiento al desempleado más que
políticas de creación de empleo. Teníamos la intención
de usar los fondos para el desempleo en promover
políticas activas de empleo.
Estas eran nuestras ideas fuerza.
-¿Cómo
las llevaron adelante?
-Asumimos el 2 de marzo de 2005, y el 7 de marzo de ese año
convocamos a los Consejos de Salarios tradicionales, a los
rurales y a una negociación a los funcionarios públicos.
Los Consejos
de Salarios
-¿Qué son los Consejos de Salarios?
-Es un modelo tripartito de negociación por rama de trabajo
que cuenta con tres representantes del Poder Ejecutivo, dos
del sector empleador y dos por los trabajadores. Ellos
resuelven los salarios mínimos por categoría, los aumentos
salariales, pueden también discutir la categorización y
según la Ley, aunque no es de uso, pueden tener carácter
inspectivo para controlar que se cumplan los acuerdos.
También puede asumir un carácter mediador en caso de
conflictos laborales. El Poder Ejecutivo designa
directamente a sus representantes, mientras que los otros
son votados en elecciones secretas. Estos Consejos se
crearon en 1943, se dejaron de convocar en 1968, una época
ya signada por el autoritarismo, se rehabilitaron en 1985
con el primer gobierno de Julio María Sanguinetti,
quien por decreto modificó el reglamento original para que
empresarios y trabajadores fueran designados directamente
por las cámaras y los sindicatos. Esto impedía que lo
resuelto por los Consejos de Salarios se transformara en
ley, y todo quedaba en manos del Ejecutivo que homologaba
mediante un decreto en el cual, a menudo, desaparecían las
aspiraciones de los trabajadores.
-Pero
luego volvieron a desaparecer…
-En 1991 el gobierno de Luis Alberto Lacalle los dejó
de convocar, y nosotros en 2005 los hemos rehabilitado en el
esquema creado por Sanguinetti, pero ahora hemos
enviado un proyecto de ley al Parlamento creando el Sistema
Nacional de Negociación que vincula el salario mínimo
nacional por decreto, la negociación por rama de trabajo
tripartita en el marco de los Consejos de Salarios, y la
negociación bipartita por empresa donde se puedan discutir y
resolver temas que no se tocan en los Consejos. En este
proyecto modificamos la ley de 1943 habilitando ambos modos
de designación de los representantes, por elecciones o por
cooptación, lo que permitiría que lo resuelto se transforme
directamente en ley. Este punto aún lo estamos terminando de
definir en la discusión parlamentaria.
-¿Cómo
funcionaron los Consejos de Salarios?
-Se generaron 21 grupos de Consejos de Salarios tradicional,
que en 2005, entre grupos, subgrupos, capítulos y carpetas
produjeron 186 Convenios, cantidad que llegó a 213 en la
segunda ronda de los Consejos. Estos últimos incluyen ya a
los tres grupos rurales. Por fuera de estas instancias se
generó un ámbito de negociación para los funcionarios
públicos.
-¿Qué
pasó con la Inspección de Trabajo?
-Logramos introducir la exclusividad de los inspectores
adecuándoles el salario para que puedan vivir de un solo
empleo. Hoy cobran algo más de 2 mil dólares mensuales como
base. También conseguimos la incorporación de 33 nuevos
inspectores y de siete profesionales, médicos, químicos,
ingenieros, etc, que se suman al trabajo de los inspectores.
No hemos logrado aún dotarnos de vehículos 4x4 que son
esenciales para el trabajo en el medio rural, pero sí cuatro
camionetas 4x2 que nos dan una buena mano para llegar a las
estancias, las minas y los campos forestados.
Con respecto a las políticas de empleo, hemos modificado la
reglamentación para que, por ejemplo, un desempleado pueda
optar por cobrar en una sola vez todo el seguro de
desempleo, cuando se demuestra que la intención es invertir
en una empresa que puede ser recuperada por una cooperativa
o alguna otra forma de economía social, lo que permite
mantener esos empleos vivos. Complementariamente,
fortalecimos lo que llamamos el Observatorio del Trabajo
para mantener un permanente seguimiento del mercado laboral
y orientar las estructuras de capacitación para trabajadores
hacia los sectores de actividad que exhiben dinamismo y
crecimiento. Aunque parezca una obviedad, esto antes no se
hacía de esta manera, sino que se abrían cursos al voleo.
-¿Se
avanzó con la limitación de la jornada de los trabajadores
rurales?
-En el marco del Consejo de Salarios presentamos un proyecto
de ley que fue aprobado por los trabajadores y el Ejecutivo
y que está en el Parlamento para ser votado. Otro de los
objetivos fue cumplido a fin de 2005 con la aprobación por
el Parlamento de la Ley de Fueros Sindicales. Quiere decir
que de lo que nos habíamos propuesto al iniciar la gestión,
sólo nos queda pendiente el Consejo de Salarios de las
trabajadoras domésticas. Lo convocamos, pero no había
ninguna contraparte empresarial, aunque sí un sindicato de
trabajadoras que se formó luego de 2005. A partir de cierto
momento, decidí que cada vez que me solicitaran intervenir
en seminarios, coloquios o eventos de equidad de género,
donde aparece siempre este tema, haría un llamado a las y
los presentes -que mayormente emplean asistentes domésticas-
a que integraran una contraparte para el Consejo de
Salarios. Finalmente, vino la Liga de Amas de Casa, que
existe desde hace más de 15 años, y solicitó integrar el
Consejo de Salarios en representación del empresariado, así
que ya los hemos convocado para mayo próximo.
Las materias
pendientes:
el
Sistema Nacional de Negociación Colectiva
-¿Cuáles serán entonces los pasos futuros?
-Ahora corresponde consolidar lo hecho. Por eso tenemos en el
Parlamento varios proyectos de ley como la del Sistema
Nacional de Negociación Colectiva que contiene dos
capítulos: uno referido al sector privado y otro al público.
La ley de limitación de la jornada en el campo también
apunta a la consolidación de lo hecho, y estaba olvidando
otra ley muy importante, ya aprobada, referida a las
tercerizaciones.
-¿En qué
consiste esta ley?
-No prohíbe las tercerizaciones ni las subcontrataciones,
pero establece que quien utiliza para sí trabajadores
empleados por un subcontratista es responsable
solidariamente o subsidiariamente no sólo de lo salarial,
como ya estaba establecido desde 1943, sino que también lo
es de los aportes a la Previsión Social, al Banco de Seguros
y de aplicación de las normas de salud y seguridad en el
trabajo. Si la empresa original se ocupa de que el
subcontratista respete todas las normas, su responsabilidad
es subsidiaria y las acciones legales irán dirigidas al
subcontratista. En caso contrario, su responsabilidad es
solidaria y el trabajador puede elegir contra qué empresa
acciona en la justicia. La definición de este proyecto
demandó mucho tiempo, y el sector empleador se retiró de la
discusión de normas por tener discrepancias con la síntesis
que habíamos hecho. Al mismo tiempo, abandonó el ámbito de
discusión sobre Negociación Colectiva, por lo que este es un
proyecto que hemos enviado al Parlamento sin discusión
previa, lo que genera críticas en empresarios y
trabajadores. Nuestra propuesta quería ser un borrador para
llevarlo a la discusión tripartita y llegar al parlamento
con un texto más refinado, aunque no hubiese acuerdo total
de las partes.
-Debe
ser difícil llegar a esos acuerdos totales…
-Lo es, porque tanto empleadores como trabajadores negocian
con el espíritu de que “mientras no esté todo acordado no
hay nada acordado”, y entonces un tropiezo hace caer todos
los logros previos. Para nosotros es igualmente útil, porque
si hubo consenso en 18 puntos y en dos no lo hubo, para
nosotros es igualmente un camino andado muy importante,
aunque las partes salgan de aquí diciendo que no se alcanzó
un acuerdo. Nosotros quedamos sabiendo para dónde apuntar.
En este caso la discusión fue sólo con los trabajadores.
Esperamos que en el ámbito parlamentario las partes hagan
sus respectivos aportes y los legisladores lleguen a una
síntesis más fina a partir de nuestro borrador.
-Los
empleadores reaccionaron muy vehementemente en este tema.
-Hicieron declaraciones muy fuertes. La Comisión de
Legislación del Trabajo del Parlamento decidió de manera
unánime solicitar la asistencia de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). La oficina de este
organismo en Santiago de Chile enviará ahora, en
estos días, una misión tripartita que participará en un
debate junto a empleadores, trabajadores, legisladores y
este Ministerio, con la intención de aportar al trabajo
posterior de los parlamentarios una base de discusión y
reflexión amplia. Esto ocurre porque los empleadores han
dicho que impugnarán esta norma como nosotros la planteamos
porque discrepan con la valoración que hacemos de las
ocupaciones de los lugares de trabajo. De cualquier forma,
ahora la OIT estará participando desde el inicio del
debate, por lo que sus recomendaciones serán recibidas antes
de legislar.
Las
ocupaciones de locales de trabajo
-Ese punto de las ocupaciones, y su puesta
en práctica en Uruguay por los sindicatos, ha levantado
mucha polémica. ¿Cuál es la visión del Ministerio?
-En Uruguay las ocupaciones nunca estuvieron
criminalizadas y existen desde la década del 50. De ahí en
adelante, todos los gobiernos -incluyendo la primera etapa
de la dictadura iniciada en 1973- tuvieron que negociar con
los ocupantes. Nadie jamás las prohibió. La inmensa mayoría
de la cátedra laboral nacional, inclusive, las considera una
forma de ejercer el derecho de huelga. Los laboralistas que
piensan lo contrario son una ínfima minoría, al punto que
quienes quisieron presentar opiniones en contrario, antes
que a la Cátedra debieron recurrir a bufetes de abogados. La
propia OIT considera que las ocupaciones son parte de
la huelga, y recomienda no reprimirlas, salvo que dejen de
ser pacíficas, esto es, que sirvan de marco para ejercer
violencia sobre las personas o las cosas. Esta recomendación
se encuentra establecida en el seno del Comité de Libertad
Sindical, y al no ser una resolución formal de la OIT,
el sector empleador aduce que no forma parte de los
Convenios del organismo y, por tanto, se niega a
reconocerlas como legales. Pero en realidad, la práctica
histórica en el país ha sido de tolerancia. Desde el fin de
la dictadura, en 1985, hubo por lo menos varias decenas de
ocupaciones, y sólo tres fueron reprimidas. Durante 20 años
los partidos que ahora son oposición tuvieron las mayorías
parlamentarias necesarias para prohibir las ocupaciones,
pero nunca lo hicieron. Por algo fue. Sin embargo, ahora que
son minoría reclaman que nosotros hagamos lo que ellos no
quisieron hacer. Reclaman que reglamentemos la huelga, cosa
que ellos tampoco quisieron hacer. El argumento que esgrimen
para criminalizar las ocupaciones es que ellas atentan
contra el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. En
realidad, existen varias sentencias judiciales que
establecen que cuando el trabajador y la trabajadora ocupan
sin hacer uso de las instalaciones más que para lograr una
reivindicación, y luego las restituyen intactas al
propietario, no hay afectación a la propiedad privada.
-También
hubo muchos acuerdos con los empleadores.
-Hubo muchos. Los empresarios se retiraron de la discusión de
normas, pero no de los Consejos de Salarios, de un ámbito
creado por este gobierno que es el Compromiso Nacional por
el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades, que es la
búsqueda entre trabajadores, empresarios y gobierno de
acuerdos para mejorar la producción nacional y crear fuentes
de trabajo. Su retiro tuvo por base la discrepancia con dos
o tres puntos de la discusión. Se puede decir, inclusive,
que la inmensa mayoría de las empresas cumplieron con lo
acordado en los Consejos de Salarios. Lo que pasa es que en
todo 2006 hubo 23 ocupaciones, y 24 en 2007, pero en la
agenda de los medios masivos la ocupación de fábricas y
plantas adquiere a menudo proporciones exageradas, y las
declaraciones al respecto son fuertes y apasionadas,
entonces ocurre que al lado de tanto ruido, miles de
acuerdos cumplidos pasan desapercibidos. Además, entendemos
que la mayor parte de los conflictos se produjeron porque
hubo algunos empleadores que no respetaron lo que habían
firmado. Existen conflictos por intransigencia en las
reivindicaciones, pero son una ínfima minoría.
Hacia la
autotutela
-Recapitulando, hay mayor sindicalización,
acatamiento general a los convenios alcanzados,
negociaciones colectivas en Consejos de Salarios, un aporte
sustancial a la legislación laboral nacional,
fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, y junto con eso
un incremento enorme de la inversión en el país, lo que
significa que este panorama no asusta al capital. En los
ámbitos laborales internacionales ya se hace referencia al
“modelo uruguayo” como una experiencia exitosa. ¿Qué piensa
usted de esto?
-Hay inversores del exterior que consideran que el Uruguay
da las suficientes garantías en el aspecto laboral, y hay
algunos empresarios uruguayos que estiman que no existen
tales garantías. Eso es así, y parece más que nada una forma
de discutir hacia adentro del país donde se expresan
complejos e intrincados intereses. Por otra parte, todas las
relaciones laborales tienen base en la combinación de la
negociación, la huelga y el respeto a los derechos
sindicales. Nosotros hemos instrumentado estos principios en
algunos ejes: la negociación colectiva centralizada, una
política de carácter inclusivo y la promoción de la
autotutela. La negociación es tripartita, por lo que
participa el Estado que además centraliza los programas de
trabajo. Esto está complementado con una política de
promoción de los derechos sindicales porque nuestra
sociedad, o gran parte de ella, ha sumido históricamente que
hay que nivelar las desigualdades entre trabajadores y
empresarios para ejercer una negociación efectiva. Muchas
veces se dice que la negociación debe ser bipartita, y se
pone como ejemplo a los países nórdicos. Pero allí parte de
la cuota sindical va al Partido Socialdemócrata, que suele
estar en el gobierno. Por tanto, el respaldo y la defensa
que tienen los trabajadores y trabajadoras sindicalizados
son mucho mayores que los que hemos generado nosotros. La
defensa de la libertad sindical no es apenas un objetivo en
sí mismo, es una manera de fortalecer la negociación.
Una política de naturaleza inclusiva. En tres años y dos
rondas de Consejos de Salarios alcanzamos más de 400
Convenios Colectivos, de los cuales aproximadamente 380
fueron por consenso. Este modelo tiende a incluir a todas
las actividades y a todos los actores.
Con promoción de la autotutela queremos señalar que las
soluciones a los conflictos se logran de dos maneras: de
heterocomposición, que es cuando interviene un juez que
arbitra una solución; y de autocomposición, que es cuando
las partes resuelven sus propios conflictos. Con todos estos
instrumentos queremos avanzar cada vez más hacia la
autotutela de manera que el Estado participe cada vez menos.
Pero para alcanzar eso se precisa un equilibrio previo, y
eso es lo que estamos promoviendo.
La doctrina inglesa designa esto como “pluralismo conflictual”,
y parte de la base de que en una democracia auténtica,
genuina, el conflicto es inevitable, porque es natural al
funcionamiento del sistema la existencia de grupos con
intereses diversos y contrapuestos. En ese caso no hay que
negar los conflictos, sino equilibrar los poderes en pugna y
solucionarlos.
-¿Eso es
lo que este Ministerio intenta hacer en Uruguay?
-Sí. Pero tengamos en cuenta que venimos de 14 años durante
los cuales se hizo lo contrario: se impulsó la desregulación
y la flexibilización laboral. No quiero decir con esto que
no debe existir flexibilidad en el campo de la organización
de la empresa, eso es otra cosa. Me refiero al
desmantelamiento de las leyes laborales, que fue lo que
ocurrió aquí. En esas condiciones, llamar a que las partes
negocien por sí solas es promover que el más fuerte prime
sobre el otro, que se encuentra indefenso en su capacidad de
organizarse. Hoy, que hacemos lo contrario, parece que el
mundo se viene abajo. Pero no es así. El desempleo estaba en
más del 12 por ciento, y en diciembre de 2007 llegó al 7,7
por ciento, la cifra más baja en la historia del Uruguay,
porque aumentó el empleo. Según afirmaciones de una empresa
consultora internacional, en ese año la industria uruguaya
considerada en bloque creció un 10 por ciento; la que
trabaja para la exportación se ubicó debajo de esa cifra,
creció más que el promedio la que produce para el mercado
interno y compite con las importaciones, pero llegó al 15
por ciento la industria enfocada al mercado interno y no
compite con importaciones. La explicación que aportó la
consultora sobre este panorama fue que creció el empleo,
aumentaron el salario y las pasividades y hay más consumo
interno. El salario, el ingreso de las familias se
transformó en el motor del desarrollo interno. El
administrador y propietario de grandes superficies
comerciales, contador Carlos Lecueder, declaró
recientemente que se está muy cerca de un boom del consumo
en el país, y lo explicaba diciendo que ha crecido el
empleo, hay mayor ingreso en las familias y ellas perdieron
el miedo a no poder pagar las cuotas y consumen más.
Por mi parte agrego que el turismo interno aumentó en un 10
por ciento y la cantidad de uruguayos que salieron al
exterior de vacaciones retoma el nivel de hace siete años,
antes de la crisis de 2002. Estas cifras son resultado de
una política general del gobierno, que incluye como una de
sus partes a la política laboral.
-Algunos
opinan que este gobierno tiene una política económica de
derecha y una política laboral de izquierda.
-Lo que hay es una política de gobierno. Hay quienes dicen
estar de acuerdo con la política económica pero no con la
laboral, y también quienes dicen lo contrario, pero ambos se
equivocan. Este gobierno tiene una sola política articulada
en distintos aspectos complementarios.
-La OIT
está desarrollando una experiencia piloto en Uruguay.
¿Podría explicar de qué se trata?
-La OIT está llevando adelante una experiencia piloto
referida al trabajo decente en ocho países, de los cuales
Uruguay es el único con renta media. Se seleccionó a
nuestro país porque, según el criterio de la OIT, es
uno de los que más avanzó en el desarrollo de ese concepto.
En otros programas y prepósitos también hemos contado con un
fuerte apoyo de la OIT.
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